Rajoy opta por un 155 duro: destituye a Puigdemont, maniata al Parlament y convocará elecciones en seis meses

El Gobierno de Mariano Rajoy, reunido en un Consejo de Ministros extraordinario, acordó este sábado solicitar al Senado la destitución del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de todo su Ejecutivo, cuyas funciones serán asumidas por los ministerios "a lo largo del plazo que dure esta situación excepcional", tal y como anunció el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa.

En consecuencia, la Administración catalana actuará "bajo las directrices" de los órganos o autoridades designados por el Gobierno central. El Ejecutivo de Rajoy también aprobó disolver el Parlament y convocar elecciones adelantadas en Cataluña en un plazo de seis meses o "en cuanto se recupere la normalidad". [Consulta aquí el documento con todas las medidas]. 

Respecto al poder legislativo, el gabinete de Rajoy no acordó la disolución del Parlament. No obstante, si el Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta– da finalmente luz verde a esta propuesta, la Cámara de representación catalana si verá mermadas sus funciones de manera considerable, pues no podrá celebrar ningún debate ni votación de investidura y su presidenta, cargo que actualmente ostenta Carme Forcadell, no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat. Fuentes del Gobierno precisaron que la presidenta de la Cámara catalana, en tanto que diputada, no puede ser relevada de sus funciones. "El Govern no deja de ser una elección dereivada; la Mesa de la Cámara es una elección más directa".

Si el documento remitido al Senado se aprueba finalmente en los términos en los que está redactado, el Parlament tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña ni "adoptar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto". De hecho, el Gobierno central tiene capacidad de veto sobre cualquier iniciativa que apruebe.

El acuerdo del Consejo de Ministros también establece que el Gobierno podrá desplegar Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña para que coordinen las actuaciones de los Mossos d'Esquadra a los que también podrán sustituir. En este sentido, el Ejecutivo advierte a los efectivos de la policía autonómica catalana de que pueden llegar a responder penal y patrimonialmente si incumplen las órdenes o instrucciones dictadas.

Medios de comunicación público

En relación a los medios de comunicación públicos, el Gobierno señala que "garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada", así como "respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial", en cumplimiento de la Constitución, del Estatuto y de la ley de comunicación audiovisual catalana. 

En contra de lo que habían ido filtrando fuentes del Gobierno y del PSOE durante la última semana, finalmente el Gobierno de Rajoy ha optado por un 155 duro, y no por una intervención "quirúrgica" o "limitada". El presidente del Gobierno destacó que las medidas propuestas cuentan con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, a quienes les agradeció su respaldo. Y aseguró que se proponen con el objetivo de restaurar la legalidad, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes y celebrar elecciones. 

Está previsto que las medidas sean aprobadas el próximo viernes por el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, y que entren en vigor inmediatamente después. Rajoy aclaró que, aunque Puigdemont aprovechase esta semana para convocar elecciones, esa decisión no frenaría la aplicación de las medidas propuestas al amparo del artículo 155 de la Constitución. Será el Senado, en última instancia, quien tenga que tomar las siguientes decisiones. "El artículo 155 solo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba", sentenció Rajoy.

Las medidas, destaca el Gobierno, se plantean "de forma garantista" con la idea de "asegurar derechos y no restringir libertades" y con cuatro "grandes objetivos": "Restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes".

Menoscabo del bienestar económico y social

En su intervención en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno hizo un repaso a los acontecimientos. E insistió, pese a la dureza de las decisiones adoptadas, que no se trata de intervenir la autonomía: "Sí quiero llamar su atención sobre un asunto importante que creo que debe quedar muy claro: no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña; se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la Ley, de la Constitución y del Estatuto. No se acaba con el autogobierno, se le recupera para la legalidad y para la convivencia de todos los catalanes, no solo los independentistas", dijo.

A continuación pasó a justificar sus medidas en el hecho de que la situación en Cataluña "ha producido una grave afección al modelo de convivencia constitucional, a los derechos del conjunto de los españoles" y "ha generado daños ya constatables por la inestabilidad política generada que menoscaban el bienestar económico y social del conjunto de los catalanes". Destacó que, en las últimas semanas, más de un millar de empresas han trasladado sus esdesociales fuera de Cataluña. Entre ellas, seis de las siete del Ibex 35 y un gran número de compañías relevantes por su tamaño, tradición y arraigo social en Cataluña.

El Gobierno ha cifrado los efectos económicos de la independencia. "Implicaría aislar una economía que hoy está plenamente integrada en España, en la UE y en el mundo", señalan. "Supondría su aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales. Esto llevaría a un empobrecimiento de la economía de Cataluña de entre el 25% y el 30%, resultando una coyuntura económica insostenible. Esta situación no es en absoluto deseada respecto a un territorio y una sociedad que forman parte de España y que el Estado tiene el deber de proteger", considera el Ejecutivo en el documento en el que se justifica el 155.

La 'sospecha' de Rajoy

Antes de enumerar de forma resumida las medidas aprobadas, Rajoy aseguró tener más que sospechas de que el bloque independentista estaba buscando la aplicación de este artículo: "Yo tengo la impresión, después de haber visto como se han desarrollado los acontecimientos en las últimas fechas, que alguien puede pensar sin temor a equivocarse que diera la sensación de que algunos lo que querían era llegar a esta situación, es decir, a que se aplicara el artículo 155".

"No lo voy a afirmar categóricamente. No quiero hacer una crítica, pero tengo esa convicción, porque no se pueden hacer peor las cosas, incluso para los propios intereses de los que las hicieron, que como ha hecho a lo largo de estas últimas fechas la Generalitat de Cataluña", añadió.

Pese a la dureza del mensaje lanzado, Rajoy quisó lanzar un mensaje de "tranquilidad": "Yo pido que no se vayan más empresas, ni se vayan más depósitos. Creo que podemos estar tranquilos, porque esto se arreglará y sin más daño para nadie. Vamos a trabajar por la normalidad, por la concordia, por la buena convivencia, por la concordia entre todos, y vamos a trabajar para que todos los catalanes, independientemente de lo que piensen y opinen, puedan volver a sentirse unidos y partícipes de un proyecto compartido de futuro en Europa y en el mundo. Ese proyecto se llama desde, hace muchos siglos, España".

El Senado entra en acción

Las medidas del 155 recibirán como máximo el apoyo de tres de los 24 senadores catalanes

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Siguiendo lo establecido en el artículo 155 de la Constitución y en el reglamento de la Cámara alta, el Gobierno trasladará la documentación sobre el alcance de este artículo a la institución. La Mesa del Senado, el órgano de Gobierno de la Cámara, se reúne este mismo sábado y remitirá el escrito y documentación del Gobierno a una comisión que se encargará de la tramitación.

La comisión "requerirá al presidente de la Comunidad Autónoma para que en el plazo que se fije remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos", señala el reglamento.

Transcurrido el plazo, "la comisión formulará propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas" y de ahí pasaría a pleno, donde para que salga adelante precisa del voto de la mayoría absoluta de los senadores. En principio, el pleno no se prevé hasta antes del 27 de octubre, por lo que Puigdemont seguiría teniendo tiempo de dar marcha atrás y convocar elecciones. El problema para el Gobierno se plantearía si esa convocatoria va precedida de una declaración unilateral de independencia, porque ello conllevaría probablemente una actuación judicial.