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Consulta catalana 2014

Rajoy reta a Mas a que inicie los trámites para una reforma de la Constitución

Para el Ejecutivo lo que ocurrió en la tarde de este martes era un "mero trámite", la crónica de un "no" anunciado. Pero el presidente no quiso perderse participar en ello. El reglamento del Congreso de los diputados le permitía intervenir en cualquier momento del debate que estudió la petición del Parlament de delegar la competencia para celebrar una consulta sobre el futuro de Cataluña. Y Mariano Rajoy, que siguió las más de seis horas de intervenciones desde su escaño, lo hizo en el momento en el que más podía solemnizar su mensaje, justo después de la intervención de la delegación llegada de la cámara autonómica. Habían pasado las 16.30 horas.

Arropado por el aplauso de los suyos –la bancada del Partido Popular–, el presidente del Gobierno tomó la palabra para hilar un discurso en el que abundó en lo que ya ha venido sosteniendo en los últimos meses. A saber: que la consulta es imposible porque así lo impide la Constitución, que el derecho a decidir sobre el futuro político de una comunidad autónoma no corresponde a unos pocos, sino al conjunto de la sociedad española. Y que su "absoluta disposición al diálogo dentro de los límites" constitucionales sigue sobre la mesa. Nada nuevo. Nada que no hubiese dicho en los últimos meses, incluso la propuesta envenenada de instar a una reforma constitucional. "En suma, señorías, ni la ley permite satisfacer su pretensión, ni sus argumentos son asumibles", insistió.

Horas después, al filo de las 23.00, la Cámara Baja sellaba el "no" a la demanda de Artur Mas. De los 347 votos emitidos, 299 rechazaron la petición del Parlament –PP, PSOE y UPyD, fundamentalmente– y 47 –los partidos responsables de la iniciativa y los nacionalistas– la apoyaron. Se registró un abstención. 

La respuesta del president fue inmediata: "Este no es un punto final, este es un punto y aparte. A partir de aquí las instituciones catalanas buscarán la construcción de marcos legales, que hay varios, para hacer una consulta el 9 de noviembre", dijo en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat tras el debate.

Mas señaló que había voluntad de acuerdo por parte de los partidos catalanes en el Congreso, y sostuvo que la "mano tendida" seguirá de ahora en adelante pese a que este martes no haya sido correspondida.

Derribando los agravios

Tras hacer hincapié en los efectos que tendría para los ciudadanos una eventual separación de Cataluña de España, algo que, a su juicio, los promotores de la consulta ocultan, Rajoy intentó trasladar la idea de que no están todas las puertas cerradas. "Ya ven que no se ha cerrado nada que estuviera antes abierto. Otra cosa es que ustedes reclamen que se abran puertas donde no existen, y, además, que se abran para su exclusivo uso particular", mantuvo.

Rajoy, que en más de una ocasión ha subrayado que no hay consenso en España para una reforma constitucional, retó a Mas a que inicie los trámites para la reforma de la Carta Magna. "Hay una puerta abierta de par en par para aquellos que no estén conformes con el actual estado de cosas: inciar los trámites para una reforma de la Constitución", manifestó. Sin embargo, una parte importante de su discurso anterior había ido encaminado a defender la vigencia de texto. Y tampoco pasa inadvertido que la mayoría absoluta del PP en el Congreso lo haría imposible. Es la táctica de siempre: ustedes pidan reformar la Constitución, que ya lo frenamos nosotros.

"Nuestra Constitución ha sido el gran exponente de todo esto [de los momento de prosperidad y concordia], que no sólo nos ha dado un sistema democrático y la garantía de nuestros derechos, también un grado de autogobierno sin parangón en los países de nuestro entorno. Nunca en la historia Cataluña ha tenido un nivel de autogobierno como el de hoy", dijo.

"Derecho a saber"

Uno de los ejes del discurso del presidente del Gobierno fue el de desmontar la lista de agravios que esgrimen los defensores de la consulta. "No es verdad que en Cataluña sufran una opresión insoportable. No es verdad que se persiga la lengua catalana o que se asfixie su cultura. No es verdad que se pongan trabas al desarrollo económico, ni que se torpedee el bienestar", defendió.

"En suma señorías, yo no puedo compartir una hipotética historia de agravios, no puedo asumir su relato de opresión. Sinceramente no puedo aceptarlo porque no es verdad", resumió el presidente del Gobierno, que contrapuso este tipo de mensajes a su "amor" por Cataluña.  "No como algo simplemente entrañable, sino como algo propio. Valoro mucho lo que nos aporta su diversidad, su lengua, su cultura, el espíritu emprendedor e innovador de los catalanes, su amor al trabajo y a la obra bien hecha, a 'la feina ben feta".

Como suele ser habitual, los conservadores aprobaron con buena nota a su jefe de filas. Menos habitual es que alaben el discurso del líder de los socialistas. Y en este caso así ocurrió. La aprobación por parte de la formación del Gobierno de la intervención de Rubalcaba era patente en el hemiciclo: había incluso diputados del PP que aplaudían. Después, en privado, algunos se acercaron para felicitarle. Sobre todo por la forma "gráfica" en la que había expresado la complejidad jurídica del asunto.

Los antecedentes más recientes

Pese a que Rajoy sostuvo que se trataba de una cuestión sobre la que la puerta está abierta, algunos de los últimos movimientos de su partido en la Cámara parecen caminar en dirección contraria. El partido de Gobierno, propuso y votó a favor el pasado febrero de que el Congreso reconozca la "vigencia" de la Carta Magna "en toda su extensión". Es decir, un blindaje del texto de 1978 en todo lo que tiene que ver con los asuntos territoriales. 

Así figuró en una de las propuestas de resolución posteriores al debate del estado de la nación registradas por los conservadores en la cámara Baja. El texto [consúltalo aquí en PDF], firmado por el portavoz de PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, propuso a los diputados que reconociesen "la vigencia de la Norma Fundamental en toda su extensión, especialmente, en el momento presente, en lo que se refiere a su expresión de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".

Además, plasmó por escrito que "de acuerdo a esta realidad jurídica, legal y democrática, no puede una parte de la ciudadanía decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español, ni una autoridad o poder público situarse por encima de la Ley".

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