Los partidos se olvidan de las inmatriculaciones de la Iglesia en sus programas electorales para el 23J
Una treintena de asociaciones patrimonialistas, reunidas en la coordinadora estatal 'Recuperando', denuncian que ninguno de los programas electorales de los cuatro principales partidos políticos incluyan medidas para recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia.
Tanto el Partido Socialista, como Sumar han eliminado las propuestas sobre esta materia de cara al 23J, a pesar de que “revertir las inmatriculaciones” era una de sus principales promesas en 2019. Pedro Sánchez llegó a anunciar en su discurso de investidura “reformas legislativas” para acabar con las inmatriculaciones eclesiásticas: "En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad”.
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Además, en el anterior programa del PSOE se hablaba de “recuperar los bienes inmatriculados indebidamente” y en el de Unidas Podemos, se llegaban a enumerar algunos de los casos más sonados, como en el de la Mezquita de Córdoba. A pesar de ello, desde Recuperando denuncian que en estos cuatro años no se ha puesto en marcha ninguna medida legislativa y creen que es evidente “la pasividad y la falta de compromiso de la coalición con esta causa”.
La única decisión adoptada por el Gobierno hasta la fecha ha sido exigir a la Iglesia la entrega del listado de bienes inmatriculados, después de que se realizara una petición parlamentaria. Gracias a esa solicitud se han conocido 34.000 de esos bienes, que fueron registrados entre 1998 y 2015, pero desde la coordinadora exigen que se hagan públicas las inmatriculaciones que se realizaron en fechas anteriores. Según sus propios datos, la cifra final es de más de 100.000 bienes, entre los que se encuentran monumentos, plazas públicas, cementerios, fincas, ermitas o viviendas repartidas por todo el país.
El listado remitido al Parlamento venía acompañado de un informe jurídico en el que se admitía la “supuesta inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria”, aunque no se habilitaba ninguna fórmula para anular las inmatriculaciones. Por eso, Recuperando insiste en la “necesidad de llevar a cabo una reforma legislativa que invalide por inconstitucionales todas las inscripciones episcopales realizadas al amparo de la mera certificación diocesana”, además de una ley en la que queda claro qué bienes culturales son de dominio público y no pueden ser objeto de la privatización.
