Los razones que esgrimen los jueces para plantar al ministro Catalá

Pocos jueces, aún menos juzgados, instalaciones que se caen a trozos y una Administración que no escucha. Es el negro panorama que pintan tres de las cuatro asociaciones judiciales españolas, que este miércoles decidieron conjuntamente no reunirse con el ministro del ramo, Rafael Catalá, ya que a su juicio "ignora reiteradamente" sus peticiones para la mejorar del sistema judicial español.

Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria –no así la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de corte conservador– publicaron una nota conjunta en la que anunciaron que no acudirán a las reuniones a las que el Ministerio de Justicia les ha convocado durante esta semana separadamente, ya que entienden que estos encuentros "pretenden trasladar a la sociedad una disposición al diálogo que es ficticia".

"El ministro de Justicia, Rafael Catalá, repite invariablemente su voluntad de alcanzar acuerdos con las asociaciones judiciales, pero la realidad es que solo se nos convoca para informarnos de lo que ya está decidido, sin que en ningún momento se tengan en cuenta las aportaciones que podamos realizar", denuncian los colectivos de jueces, que exigen que se les reúna de forma conjunta en una verdadera mesa de negociación para abordar sus "reivindicaciones profesionales" y, especialmente, "la situación de la administración de Justicia", que consideran caótica.

La principal reivindicación de los togados tiene que ver con una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía: la lentitud de la Justicia, que estas asociaciones achacan a la sobrecarga en los juzgados y la falta de medios. "Los órganos judiciales están desbordados", sostiene Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, que llama la atención a las cifras que ofrece en este sentido el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): a fecha de 31 de diciembre de 2013, el 43,53% de los juzgados españoles trabajaban a más del 150% de su capacidad.

Estas cifras eran especialmente escandalosas en algunos tipos de órganos en concreto, como los juzgados de primera instancia, ya que la práctica totalidad –el 95,6%– de los mismos tenían cargas de trabajo superiores a este porcentaje. Una situación similar se vivía en los juzgados de lo mercantil –el 93,75% de ellos se encontraba en esta situación– o los juzgados de lo social –nada menos que el 97,83% sufría este problema–. Y, desde entonces, las cosas no han hecho más que empeorar, según Bosch, que se declara "cansado de pedir que se fije una carga máxima de trabajo".

Pocos jueces y pocos juzgados

"Es imposible que un juzgado funcione bien cuando está llevando un 250% de la carga de trabajo que tendría que llevar", denuncia el portavoz de Jueces para la Democracia, que sostiene que "en muchos juzgados, el juez y el equipo están trabajando como si estuvieran llevando dos juzgados a la vez". "La gente, de tan saturada que está, se desmotiva, y los asuntos se estancan, y esto no es un riesgo sólo para su salud laboral, sino también un perjuicio para la ciudadanía", asegura Bosch.

Con él coincide Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que asegura que ahora mismo hay "100 jueces menos que hace cuatro años" y ofrece un nuevo matiz con respecto a las cifras aportadas por el informe del CGPJ, ya que afirma que casi todos los juzgados –"el 90%", señala– se encuentran por encima del 100% de su carga de trabajo adecuada. Según Sexmero, este problema tiene dos patas: la escasez de jueces y, además, los pocos órganos judiciales existentes en España.

"Tenemos una fuerte distorsión, porque se ha mantenido un ritmo de reposición de jueces pero no sean creado nuevas plazas para ellos", abunda el portavoz de la Francisco de Vitoria, que resume que "hay más jueces que órganos judiciales". "Esto ha ocurrido porque no se ha respetado el planteamiento de [el exministro de Justicia entre 2009 y 2011, Francisco] Caamaño, que era crear 900 órganos judiciales en tres años, acompañados de la inclusión de 750 jueces", explica Sexmero, que señala que "se crearon esos puestos de jueces, pero los juzgados se quedadaron en la mitad".

Togados en situación de precariedad

En los últimos años sólo se han cubierto las plazas de los jueces que se jubilaban, denuncian los togados. Y esto implica que haya una serie de magistrados que, al entrar en la carrera judicial, quedan a la espera de destino en una situación de precariedad, sostiene Bosch, que explica que se les envía a juzgados ya cubiertos por un juez y "duplican" su función en lugar de tener un órgano propio para poder aligerar el sistema, lo que además implica que su estabilidad en un mismo lugar de trabajo sea prácticamente nula.

A ello se une, según Conrado Gallardo, portavoz de Foro Judicial Independiente, lo farragoso del procedimiento para crear un juzgado en España. "Hace falta que se pongan de acuerdo el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas", explica Gallardo, que señala que la Administración central paga a los jueces y a parte de los funcionarios y la autonómica pone el edificio y las nóminas del resto de empleados públicos. "Pero ahora las comunidades se están negando a poner edificios" por problemas presupuestarios, sostiene el portavoz, un problema que se une a la falta de iniciativa del Gobierno para ampliar la estructura.

Las cifras son palmarias, tal y como resaltan los tres portavoces. Según el informe Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE 2015, elaborado por la Comisión Europea, el número de jueces en España es de poco más de 11 por cada 100.000 habitantes, por los más de 20 que hay de media en la UE. Bosch ofrece una receta para que la situación sea "mínimamente razonable": aumentar en 1.000 efectivos el número de magistrados y también crear un millar de juzgados.

Juzgados insalubres y sistemas incompatibles

Junto a la falta de jueces y la escasez de juzgados, el tercer problema fundamental del que se quejan las tres asociaciones judiciales es la falta de medios materiales y el mal estado de las instalaciones. No existen, según los portavoces, informes que recojan una relación de todas estas deficiencias, pero los tres coinciden en que la situación en la que trabajan muchos de los magistrados y empleados de los juzgados es de "total abandono", en palabras de Marcelino Sexmero.

En este sentido, uno de los problemas que más retrasa las tareas judiciales es su sistema informático, explica Bosch, que lo tacha de "desastre". Y es que, según señala el portavoz de Jueces para la Democracia, los juzgados y la Fiscalía trabajan con entornos diferentes que no son compatibles entre sí, a lo que se suma que los sistemas también son distintos en cada una de las comunidades autónomas. "Eso significa que para intercambiar información se sigan trayendo carritos llenos de documentos", ejemplifica Bosch.

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Pero existen, además, verdaderos problemas de salubridad que afectan al trabajo en los juzgados. En un informe presentado el año pasado ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa, Foro Judicial Independiente recogía varios casos de plagas de ratas en juzgados como de Madrid, A Coruña o Girona, así como socavones o edificios en mal estado y con serias deficiencias para funcionar como sede de un órgano judicial.

"Esas situaciones son, lamentablemente, las cotidianas, porque ni siquiera hay una normativa que diga cómo tiene que ser un juzgado", denuncia Conrado Gallardo, que hace hincapié en que tanto a su colectivo como a los de sus dos colegas les gustaría poder negociar soluciones para estos problemas con el ministro Catalá. "Queremos que las reuniones tengan un orden del día, que se incluyan los problemas que preocupan a los jueces y que se levante acta", demanda el portavoz.

Por ahora, "las convocatorias a reuniones sólo han tenido como objetivo cubrir las apariencias y simular un diálogo que no existe", según el comunicado hecho público este miércoles por las tres asociaciones judiciales, que sostienen que "no puede sorprender que esta forma de gestión no hay producido avances significativos en beneficio del servicio público que se presta a la sociedad, ni tampoco en la situación de nuestros órganos judiciales". No obstante, los jueces aseguran que siguen dispuestos a hablar. Aunque, eso sí, siempre y cuando no se les pretenda "instrumentalizar".