Recurren el archivo de la querella contra cuatro exministros y Florentino Pérez por el proyecto Castor

Los impulsores de la querella contra cuatro exministros del Gobierno y el empresario Florentino Pérez por presuntas irregularidades en el proyecto del almacén de gas Castor presentaron un recurso de apelación contra el archivo del caso por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Según información, recogida por Europa Press, de la Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG), entidad que presentó la querella, consideran que los hechos indiciariamente demuestran "una interacción entre poder político y poder económico que ha dado como resultado una deuda de 1.350.730.000 euros más intereses para la ciudadanía y una empresa beneficiada con sumas importantísimas sin concurso público".

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"A nuestro entender estos hechos deberían conllevar por sí mismos la apertura de una investigación de oficio por la propia Fiscalía Anticorrupción", ya que, según afirman, se permitió una infraestructura inútil y generadora de una deuda importante sin generar ningún tipo de responsabilidad ni a la constructora ni a los responsables políticos que autorizaron dicha construcción.

La querella se dirigía contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria, así como el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino; Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria de la mercantil ESCAL UGS S.L. (quien tenía la concesión del almacén de gas); el presidente de la mercantil ESCAL UGS S.L., Recaredo del Potro; y el exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo Ignasi Nieto.

Tras estudiar los hechos denunciados, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 concluyó que la construcción de las instalaciones a las que se refería la querella no responde a una idea aislada ni peregrina, sino que fue acorde con una política desarrollada en la explotación y suministro de gas, previamente planeada (desde el año 2002), y consideró que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal.