De la jornada de 37,5 horas a la amnistía y la agenda canaria: qué ha pactado Sánchez para su investidura

Pedro Sánchez ya tiene los números para ser investido presidente del Gobierno por una holgada mayoría absoluta. El socialista contará, previsiblemente, con 179 votos a favor —frente a los 167 que logró en su anterior investidura— gracias al sí de los 121 diputados del PSOE, de los 31 de Sumar, los 14 de ERC y Junts, los 6 de EH Bildu, los 5 del PNV y el voto individual del BNG y Coalición Canaria. Si Sánchez logra todos estos apoyos en la primera votación, a finales de la semana que viene ya podría estar constituido el Ejecutivo de coalición.

El PSOE ha tenido que negociar con cada formación para garantizarse esos 58 apoyos extra. El de Sumar, la coalición dirigida por Yolanda Díaz que esta legislatura ejercerá como socio minoritario del Gobierno, fue el primero en cerrarse. También es el acuerdo más amplío porque recoge 230 medidas que irán acompañadas de un reparto ministerial.

En el caso del resto de partidos, la negociación ha estado acotada a medidas concretas y puntuales, aunque los socialistas siempre han defendido la necesidad de alcanzar un gran acuerdo político para toda la legislatura — y no exclusivamente para la investidura— que incluya también el voto afirmativo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Estos son los principales acuerdos alcanzados por los socialistas.

Sumar (31 diputados)

Entre los principales compromisos que Sumar arrancó al PSOE, fue la reducción de la jornada laboral de las 40 horas semanales a 37 y media sin merma salarial. Tal y como consta en el acuerdo de gobierno, su aplicación se producirá de forma progresiva: se reducirá hasta las 38,5 horas en 2024 y se culminará en 2025. Además, la coalición de Díaz también luchó para impulsar una reforma global del sistema fiscal, ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas, universalizar la educación de 0 a 3 años, mantener la reducción del precio de los abonos de transporte en 2024 y reforzar el sistema púbico de salud.

ERC (7 diputados)

El pacto con Esquerra Republicana fue rubricado una semana antes que el de Junts Per Cataluña e incluye, entre otras cuestiones, la aprobación de una ley de amnistía —cuya constitucionalidad está en entredicho por algunos juristas—, el traspaso completo de Rodalies a la Generalitat, una reivindicación histórica de los republicanos y la reactivación de la Mesa de Partidos. Asimismo, también se incluyó un nuevo mecanismo para que Cataluña vuelva a los mercados, extensible a otras comunidades y que supone que la Administración General asuma parte de la deuda autonómica.

Junts (7 diputados)

Desde las elecciones del 23J, los socialistas identificaron a Junts como la pieza más difícil —e imprescindible— de encajar de cara a la investidura. Hasta la fecha la formación de Carles Puigdemont había renegado de la estrategia de diálogo con el Estado y de los pactos de ERC con los socialistas. Sin embargo, tras meses de negociaciones, Junts se ha sumado al bloque del sí tras pactar la citada ley de amnistía, la creación de un mediador internacional, que se circunscribe a una mesa de partidos entre el PSOE y Junts y la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y otros organismos.

EH Bildu (6 diputados)

El principal hito de la izquierda abertzale, según reivindicaba la propia formación, fue hacerse una fotografía con el presidente del Gobierno como parte de las negociaciones. Una fotografía hasta entonces inédita. Desde el primer momento su líder, Arnaldo Otegi, anunció su predisposición a votar favorablemente al candidato socialista sin contrapartidas para evitar un escenario de repetición electoral que pudiera darle un gobierno a la derecha y la extrema derecha.  El objetivo de la formación tiene que ver también con su competición directa con el PNV, al que quieren disputar su tradicional hegemonía como partido más votado, pero también como interlocutor privilegiado con el Gobierno de España.

PNV (5 diputados)

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A diferencia de la estrategia emprendida por EH Bildu, los cinco diputados del PNV no habían anunciado su voto afirmativo hasta este viernes. Los peneuvistas se habían quejado en la última parte de la legislatura de que La Moncloa no les había tratado especialmente bien. Tras una última reunión del presidente del partido, Andoni Ortuzar, con el presidente del Gobierno en funciones, el PNV ha acordado el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979 en el plazo "improrrogable" de dos años, la modificación del Estatuto de los Trabajadores para "garantizar la primacía de los convenios colectivos de carácter autonómico en la comunidad sobre los negociados a nivel estatal" y  "el reconocimiento nacional de Euskadi".

BNG (1 diputado)

El único diputado del BNG en la Cámara Baja, Néstor Rego, también ha anunciado su apoyo a la investidura del socialista a cambio de que se cumplan las medidas análogas a la condonación de la deuda pública acordada con ERC —en el caso de Galicia en torno al 20 % de 12.333 millones de euros—, rebajas de hasta el 75% en las autopistas AP-9 y AP-53 y la implantación de trenes de cercanías entre A Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra. Asimismo, también acordaron más juzgados de violencia de género y mejoras en las pensiones.

Coalición Canaria (1 diputado)

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, también votará finalmente a favor de la investidura de Sánchez pese a que ha manifestado su oposición a la ley de amnistía. El acuerdo incluye la transferencia de los 100 millones de euros presupuestados en 2023 para el Plan de Recuperación de La Palma antes del fin del ejercicio presupuestario y suscribir la denominada Agenda Canaria, que supone el respeto íntegro de los fueros canarios, la ejecución plena de los convenios bilaterales, política solidaria en gestión migratoria, transferencia de competencias del Estatuto de Autonomía y aplicación de medidas compensatorias por lejanía, insularidad y cohesión social y económica.