La reforma constitucional de Sánchez: un anuncio plagado de incógnitas

La propuesta de reformar la Constitución llevaba años rondando la discusión política, pero este lunes la idea por fin tomó forma con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que llevará al Congreso un proyecto para acabar con los aforamientos. La idea del Ejecutivo es que la reforma sea exprés, y el propio Sánchez aseguró que aspira a que entre en vigor "en tan sólo 60 días desde que se anuncie su tramitación en el Congreso de los Diputados". No obstante, cumplir ese plazo parece complicado: para salir adelante, la reforma constitucional necesita irremediablemente el apoyo del PP, y además Unidos Podemos ya ha anunciado que forzará que se celebre un referéndum para ratificarla.

Sánchez escogió un entorno, un tono y un discurso solemnes para anunciar su propuesta, que incluyó en el balance de sus 100 primeros días en la Moncloa. El presidente argumentó que la sociedad demanda "igualdad" tanto social como entre representantes y representados, y sostuvo que la ciudadanía "no entiende la existencia de preceptos que han perdido toda razón de ser", como es el caso de los aforamientos. Pero, más allá de enunciar su propuesta, Sánchez no ofreció detalles sobre la misma, lo que supone mayor facilidad para llegar a acuerdos con el resto de los grupos, pero también que el proyecto esté plagado de incógnitas.

  1. ¿A quién afectaría la reforma?

En su discurso, Sánchez evitó mencionar a quiénes dejaría sin aforamiento la reforma de la Constitución que plantea. No obstante, habida cuenta de que a priori lo que se plantea es un cambio en la Carta Magna y no en otras leyes, el proyecto únicamente podría afectar a los 350 diputados, los 266 senadores, los miembros del Gobierno y el propio presidente, que son las únicas figuras que tienen recogido su aforamiento en el texto constitucional.

Eso sí el planteamiento, como parece, fuese eliminar las aforamientos blindados ahora constitucionalmente. En teoría, siempre cabría que la ley fundamental introdujese un precepto prohibiendo cualquier tipo de aforamiento, como se prohíben por ejemplo los tribunales de honor. Esa hipotética prohibición genérica obligaría luego a reformar otras leyes donde se recogen aforamientos diversos.

El procedimiento para eliminar la prerrogativa a la que tienen derecho estos cargos no parece complicado, ya que solo requeriría modificar dos artículos de la Constitución: el 71 y el 102. El primero de esos dos artículos establece que "en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo" –que habitualmente es el tribunal de último recurso–, y también se especifica que los parlamentarios "no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva". El artículo 102, por su parte, es muy similar y plantea que "la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

  2. ¿Qué pasa con el resto de los aforados?

Al afectar solo al Gobierno, los diputados y los senadores, son poco más de 600 cargos públicos los que perderían el aforamiento con la reforma constitucional que plantea Sánchez. Y eso implica que, en realidad, el proyecto apunta únicamente a una mínima parte de los puestos sujetos a esta figura, ya que ahora mismo en España hay casi 250.000 aforados y la inmensa mayoría de ellos no verían modificada su situación, aunque el Gobierno se muestra abierto a modificar también otras leyes para ampliar el alcance de la medida.

La inmensa mayoría de los aforados –algo más de 232.000– son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, si bien su aforamiento es mucho más limitado que el del resto e implica que sean juzgados por las Audiencias Provinciales únicamente en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Además, excluyendo a los diputados, los senadores, los miembros del Gobierno central, el resto de los aforados –en torno a 17.000 personas– son miembros de la Familia Real, de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, o que desempeñan cargos como el de Defensor del Pueblo a nivel estatal o autonómico.

El aforamiento de todos estos cargos no viene recogido en la Constitución, sino en otras leyes, y por tanto no se vería afectado por una reforma de la Carta Magna, aunque fuentes de Moncloa matizan que "también será necesario modificar otras leyes para precisar el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones públicas como jueces, fiscales, defensor del pueblo o Tribunal de Cuentas".

De la misma forma, con una reforma constitucional tampoco se eliminaría el aforamiento de los diputados y los miembros de Gobiernos autonómicos, que viene recogido en los respectivos Estatutos de autonomía. No obstante, algunas de las comunidades ya han comenzado a acabar con ellos: la Región de Murcia, Canarias y Cantabria ya han tomado la iniciativa, y las reformas de sus estatutos están siendo tramitadas en las Cortes para ser aprobadas definitivamente. En este sentido, fuentes de Moncloa señalan que "una vez limitados los aforamientos en la Constitución, no tiene sentido que se mantengan en las comunidades".

  3. ¿El rey y su familia seguirán siendo aforados?

Si la iniciativa inicial del Gobierno se limita a una reforma de la Constitución, sí. El aforamiento del jefe del Estado y su familia más inmediata –la reina Letizia, los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía y la princesa Leonor como heredera al trono– es un privilegio del que Felipe VI y los suyos disfrutan únicamente desde el año 2014, cuando se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer que estos cargos responderían únicamente ante el Tribunal Supremo.

Desde 2014, la norma que regula el poder judicial señala que "además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo [...], dichas salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el rey o reina que hubiere abdicado y su consorte". 

  4. ¿Qué plantean los partidos?

Podemos fue el primer partido en reaccionar tras el anuncio de Sánchez, y lo hizo para afirmar que está a favor de la propuesta y, a la vez, para exigir que la reforma constitucional vaya mucho más allá. Para el partido morado, modificar la Constitución debe servir también para retirar la inviolabilidad a la figura del rey emérito, así como para aumentar la protección de los derechos sociales y modificar el encaje territorial, señaló este lunes la portavoz de la ejecutiva de Podemos, Noelia Vera.

Ciudadanos, por su parte, también mostró su satisfacción al conocer la propuesta de Sánchez, una propuesta que supone que el partido naranja haya "torcido el brazo" al bipartidismo, según aseguró su presidente, Albert Rivera. Precisamente este martes el Congreso votará una moción de Ciudadanos sobre la eliminación de los aforamientos, una votación que Rivera calificó este lunes de "histórica" pese a tratarse de una iniciativa que ni siquiera tendrá efectos jurídicos de ser aprobada. En dicha moción se insta al Gobierno a modificar los artículos 71 y 102 de la Constitución, y también se exige a las asambleas legislativas de las comunidades que modifiquen sus Estatutos para eliminar los aforamientos de sus parlamentarios y los miembros de los gobiernos.

Quien no se ha pronunciado todavía sobre la medida es el PP, que es precisamente el partido más necesario para modificar la Constitución, ya que sin sus votos es imposible tramitar un cambio en la ley fundamental. No obstante, en su programa los conservadores apostaban por "reducir los aforamientos", y este lunes, su secretario general, Teodoro García Egea, ha asegurado que los conservadores esperarán a que Sánchez concrete su propuesta para tomar una posición. Por la tarde, Casado realizó unas declaraciones que parecían anunciar un voto negativo de su partido.

En todo caso, García Egea también apostó por que una eliminación de los aforamientos afectase también a las comunidades, y aseguró que "nadie en España" entendería "que se eliminasen los aforamientos en el Congreso de los Diputados y la señora Susana Díaz siguiese aforada en el Supremo". Asimismo, García Egea dejó caer que la iniciativa es fruto del "pacto oculto" de Sánchez con los independentistas catalanes para tratar de evitar que a los políticos secesionistas presos los "juzgue el juez Pablo Llarena".

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  5. ¿Qué decían otras propuestas recientes?

El primer Gobierno que se planteó públicamente acabar con los aforamientos fue el presidido por Mariano Rajoy, si bien su idea no llegó a materializarse. Quien fuera ministro de Justicia entre 2011 y 2014, Alberto Ruiz-Gallardón, planteó reducir el número de aforados a poco más de 20, y llegó a asegurar que "los únicos aforamientos que deberían subsistir en España son, aparte de los que afectan a la familia real, los de los titulares de los poderes del Estado: el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas". Esa propuesta implicaba que perdieran el aforamiento los ministros, los diputados, los senadores y los parlamentarios autonómicos, así como jueces y fiscales.

De igual forma, el pacto de investidura firmado en 2016 por Ciudadanos y el PP para hacer presidente a Rajoy también incluía entre las medidas a poner en marcha la supresión de los aforamientos, si bien la propuesta ni siquiera ha llegado a plantearse durante la legislatura. En dicho documento se establecía escuetamente la necesidad de abordar la "eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos", sin ofrecer ningún detalle más. La medida también figuraba en el pacto fallido por el cual Ciudadanos apoyó la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015. En dicho documento se abogaba por la "supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas".