De la rendición de cuentas judicial al periodismo libre de bulos: la larga lista de reformas pendientes
La democracia española tiene muchos deberes pendientes en materia de regeneración democrática. Los expertos en ciencia política llevan años llamando la atención sobre este problema, que vuelve a la actualidad cada vez que se hacen visibles las costuras del sistema.
Eso es lo que acaba de pasar con la decisión del presidente Pedro Sánchez de abrir una reflexión en torno a la situación que atraviesan él y su familia como consecuencia de acusaciones, de momentos infundadas, que ya tramitan los juzgados y que a diario utiliza la oposición en el debate político a partir de la desinformación que difunden pseudomedios financiados por la derecha.
Sánchez no detalló este lunes qué se propone hacer, pero sí señaló varias preocupaciones centrales. La primera es impedir que “los bulos deliberados dirijan el debate político”, porque “confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias”. La segunda, acabar con una situación en la que las “víctimas de esas mentiras“ tengan que “demostrar su inocencia”. Y la tercera, no permitir “que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido”.
¿Qué hacer, entonces? En el debate público ya hay iniciativas muy concretas y detalladas. Hugo Cuello, experto en Políticas Públicas, hace suya la propuesta que estos días ha defendido la abogada española Miriam González, especialista en derecho comunitario y esposa del exlíder de los liberales británicos Nick Clegg: una Oficina de Ética Pública semejante a la que funciona en el Reino Unido.
“En España”, dice González, “no existe un sistema eficaz para abordar los conflictos de intereses de las familias y cónyuges de los políticos. Por lo tanto, es inevitable que esta cuestión acabe debatiéndose en la arena política y los tribunales. Si (Begoña) Gómez fuera la esposa de un primer ministro británico, las acusaciones habrían sido resueltas fácilmente por la Oficina de Propiedad y Ética según el código de ética ministerial del Reino Unido. La Oficina de Propiedad habría garantizado que existiera un sistema preventivo para inhibir al primer ministro de cualquier decisión que pudiera relacionarse directa o indirectamente con el trabajo de su esposa. En respuesta a las acusaciones” contra la esposa de Sánchez, “se habría emitido un comunicado claro garantizando que no había ocurrido ningún conflicto” y ahí habría acabado todo, asegura.
Pero “no tenemos una Oficina de Propiedad y Ética con credibilidad y fuerza. En cambio, tenemos una Oficina de Conflictos obsoleta cuya falta de independencia y autonomía es criticada por la UE y el Consejo de Europa año tras año”, se lamenta.
Un código ético ministerial
Tampoco existe en España “un código ético ministerial” como el del Reino Unido que imponga la “obligación de no mentir conscientemente en el Parlamento”. Ni una forma de “comprobar que los ministros no inunden la administración con asesores políticos” o de limitar “el uso de casas ministeriales o aviones oficiales. No tenemos legislación sobre lobbies. No tenemos reglas sobre la presencia de funcionarios públicos en las reuniones de ministros donde se discuten asuntos gubernamentales. Y, por supuesto, no contamos con un asesor de ética independiente, como ocurre en el sistema británico”.
Hugo Cuello subraya que esta idea le “parece esencial para poder empezar con toda la transformación que se supone que trae la regeneración democrática. Y debería haber venido por parte del Gobierno”, subraya.
La politóloga y experta en calidad democrática Cristina Monge apunta a tres necesidades, sobre las que ya escribió este lunes en infoLibre. La primera sería acabar con “la clamorosa ausencia de rendición de cuentas por parte de jueces y fiscales”. El legislador no lo previó, “pero seguro que António Costa, Mònica Oltra, Vicky Rosell y tantos otros se lo han preguntado en más de una ocasión”, ironiza.
La segunda sería hallar el modo de combatir a las “pseudocabeceras (digitales) que alimentan el odio, llenan sus páginas de bulos que no tardan en desvelarse como tales, y envenenan el debate público sembrando dudas sobre los adversarios y provocando el consabido ‘todos son iguales”. Hacen falta medidas “para garantizar que los medios de comunicación cumplan con su auténtico deber democrático, que no es otro que articular una conversación pública de calidad”. ”Habrá que regular exactamente qué es un medio, qué no es un medio y qué hace falta tener para acceder ruedas de prensa o conseguir financiación”.
Y, en tercer lugar, Monge señala la relevancia de profundizar en la democracia desarrollando mecanismos que hagan a los ciudadanos partícipes del proceso deliberativo más allá de ir a votar cada cuatro años, porque una de las urgencias que enfrentamos “es la recuperación de la confianza en las instituciones”.
La lista de Pablo Simón, politólogo y profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid, es más larga. Entre las reformas pendientes incluye una que le afecta personalmente —es especialista en sistemas electorales y participación política—, como despolitizar el CIS. Pero también “endurecer el régimen de incompatibilidades de cargos públicos con respecto a las puertas giratorias —en particular entre la justicia y la política— y, si es preciso, establecer una restricción específica para las parejas de los primeros ministros, de los presidentes del gobierno y los presidentes autonómicos”.
En su opinión se debería reforzar la independencia de la administración pública perfeccionando el sistema de alerta temprana de denunciantes para el control de la corrupción, generalizar las oficinas de fiscalización y lucha contra la corrupción dependientes de los parlamentos y restringir la figura de la acusación popular, “que muchas veces es instrumentalizada para a través de organizaciones pantalla construir casos que tienen que ver con intereses políticos”.
Publicidad institucional
También, apunta, sería necesario “restringir el acceso a publicidad institucional, de tal manera que los medios de comunicación no fueran dependientes de subvenciones públicas de gobiernos municipales, autonómicos o nacionales”. Y granizar que la concesión de licencias de emisión de televisión y radio no puedan ser utilizadas para presionar a medios de comunicación.
El profesor de la UC3M no se queda ahí. Hace falta, subraya, “revisar la financiación de los partidos”, sobre todo en lo que afecta a sus fundaciones, y reformar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas para dotarle de más medios”.
¿Y cómo resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial? Simón ausenta por “algún tipo de mecanismo de sorteo” con el fin de“cortar la conexión directa entre mayorías parlamentarias” y el órgano de gobierno de los jueces. Un sorteo, por ejemplo, a partir de una lista de candidatos que propongan las Cortes.
De que la regeneración es un objetivo en el que los expertos llevan muchos años trabajando da idea también la completa lista de ideas que aporta Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago. Empieza haciendo referencia la necesidad de reformar el Senado para deje de ser una Cámara de segunda lectura y de bloqueo de lo que decide el Congreso (ocurre en materia de regla de gasto presupuestario) y un cambio en su modelo de representación con el fin de que no pueda ser usada como “contrapoder” de la Cámara Baja.
Propone también una reforma del CGPJ para que sus miembros cesen con su mandato. “Y eso evita el bloqueo, esa capacidad de atarse a las sillas y quedarse ahí”, explica. En su opinión, habría que aprovechar esa modificación para acabar con el sistema de elección de las salas de gobierno del Supremo en el que participan la mayoría de las asociaciones conservadoras, o actualizar el voto telemático para impedir la frecuente delegación de voto en los tribunales multipersonales.
Nogueira incluye en su lista de regeneración una reforma de la Ley Electoral para “repensar el voto de los residentes ausentes cuando esa ausencia se prolonga en el tiempo o cuando nunca vivieron” en el lugar en el que votan. “No es democrático que no tengan derecho a participar los inmigrantes que trabajan aquí” y que sí puedan hacerlo personas nunca han vivido en el país pero tienen un abuelo que era originario de España. O para que el porcentaje mínimo que permite acceder a los parlamentos sea el mismo en todas partes, y no diferente entre territorios.
La regeneración debería, asegura, acabar también con los límites establecidos para vetar determinados debates en las Cámaras —en ellas se debe poder “hablar de todo, sin limitación de debates democráticos—. Y reabrir las encuestas del CIS a la evaluación de la Corona, porque es la Jefatura del Estado, así como acabar con Madrid como “centro de todas las sedes de los órganos centrales del Estado”, algo que ya sucede en países como Alemania. “Tiene que correr un poco el aire ”, dice con ironía.
Incompatibilidades
También propone darle “una vuelta” a las incompatibilidades de los cuerpos superiores de la administración para impedir que abogados del Estado e inspectores de Hacienda puedan dedicarse con total normalidad a trabajar en el sector privado precisamente contra los intereses del Estado“.
La catedrática compostelana defiende mejorar la transparencia para que la administración no pueda negar información, una reforma audiovisual que garantice la independencia de los medios públicos en todo el territorio, normas para hacer visible la propiedad de los medios de comunicación y sus fuentes de ingresos y debates electorales regulados por ley.
También incluye en su lista eliminar todos los tipos penales que afectan a la libertad de expresión, como los que castigan las injurias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos. Sin olvidar la derogación parcial de la llamada Ley Mordaza.
Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la Pompeu Fabra, coincide en la necesidad de llevar a cabo “reformas importantes” que pueden llegar también gracias a “un estado de opinión” como el que puede haber facilitado el período de reflexión de Pedro Sánchez. “A menudo la política necesita también de cierto estado de ánimo”, señala.
A su juicio, como en el de la mayoría de expertos consultados por infoLibre, la reforma del CGPJ es una de mas medidas imprescindibles. “Todo el mundo es consciente de que hay un sistema judicial que tiene un poder” sobre el que hay “poca capacidad de revisión”. “Se tendría que avanzar hacia un sistema mixto de autorregulación mayor del poder judicial”, pero con participación del poder legislativo. Al mismo tiempo, explica, habría que avanzar en una reforma judicial para acelerar los procesos e impedir que los imputados estén bajo sospecha durante largos periodos de tiempo.
Aira menciona también el problema de la desinformación. Y, en particular, el “pozo sin fondo” de dinero que las administraciones gastan cada vez más para tratar de combatirla. “Ahí algo se tiene que hacer también, pero eso reclama también una mayoría muy cualificada y unos consensos muy amplios. Y claro, mi duda es hasta qué punto pasa solo por los legisladores y no pasa también por los colegios profesionales y las universidades”.
¿Es imposible avanzar en estas medidas en el ambiente de polarización que vive España? Cristina Monge dice que no. Es verdad, admite, que “si hay que esperar a la derecha” para avanzar, “todavía estaríamos sin legalizar el divorcio”. A veces “tienes que tirar para adelante” a la espera de que acaben sumándose. Y una buena manera de hacerlo es comprender que los actores políticos no son solo los partidos. Para construir un sistema de rendición de cuentas en la justicia, apunta, hay que buscar el acuerdo con las asociaciones judiciales. Y para controlar qué es un medio y qué no, hay que hacer lo mismo con las organizaciones de periodistas. “Ahora es un momento de dar especial relevancia a la sociedad civil", sostiene.
Las propuestas pendientes de los partidos
Por si las propuestas de los expertos no fueran suficientes para que la mayoría del Congreso se pudiese manos a la obra, PSOE y Sumar se presentaron a las elecciones con numerosas ideas en materia de regeneración.
Los socialistas, por ejemplo, prometieron mejorar la Ley de Transparencia para incluir, entre otras cosas, las agendas de los altos cargos, el gasto de los viajes y viviendas oficiales, la declaración completa de bienes y actividades y sus peticiones y denegaciones de compatibilidad. “Igualmente, avanzaremos en la información sobre el personal eventual, la publicidad institucional, los contratos públicos y los procesos selectivos”, señala el programa con el que se presentaron a las elecciones el año pasado.
“Aprobaremos las leyes de transparencia de grupos de interés y de prevención de conflictos de intereses del personal empleado público. Reforzando la actividad y la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, para la comprobación del patrimonio y la actividad de los máximos responsables públicos, dotándole además de facultades para detectar posibles casos del nuevo delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos” y “defenderemos la supresión de los aforamientos de los cargos públicos en los casos ajenos al ejercicio de la actividad propia de su cargo”.
El PSOE también se comprometió a hacer obligatorios los debates electorales, a reformar el Pacto Antitransfuguismo y a asegurar la transparencia y publicidad de las relaciones de diputados y senadores con los grupos de interés”.
Sumar dedicó un gran apartado a la democracia de calidad en su propio programa. En él proponen una ley de participación ciudadana, la revisión de la ILP, la actualización de la Ley Electoral o la ampliación del número de diputados y diputadas para mejorar su capacidad de representación, “fomentar la formación democrática en las diferentes etapas educativas” y, en materia de libertad de expresión, actuar “contra el uso fraudulento de la información”.
“Proponemos una regulación soft”, dice el programa. "Es decir, promover un debate público que culmine en códigos de buenas prácticas y compromisos de las partes”. Pero también “explorar algunas vías normativas concretas, como una ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas”.
La contribución de Feijóo
¿Y qué propone el PP? Su programa de regeneración democrática fue presentado por el propio Feijóo en enero de 2023. Incluye propuestas bien conocidas, como la que plantea reformar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para privar al Congreso y al Senado de su participación en el proceso y dejar la selección exclusivamente en manos de los jueces, o la que propone deshacer la reciente reforma del Código Penal en relación con la sedición y la malversación. O las que tratan de limitar quién puede formar parte de diferentes órganos del Estado, desde el Constitucional a la Fiscalía General, pasando por el Consejo de Estado, el o la presidencia de organismos públicos como el CIS o el CNI.
En realidad, buena parte de las ideas que Feijóo prometió impulsar tratan de recortar la capacidad de decisión del ejecutivo y de legislativo. El PP quiere limitar, por ejemplo, el uso que el Gobierno puede hacer del real decreto ley, una fórmula que Pedro Sánchez ha utilizado con frecuencia durante toda la legislatura y que permite al Ejecutivo, en nombre de la urgencia, que sus medidas entren en vigor sin esperar a un largo trámite en el Congreso. Los reales decretos ley, sin embargo, no escapan al control legislativo, aunque este sea más corto: tienen que ser aprobados por la Cámara en las semanas siguientes a su entrada en vigor y, de no conseguir el apoyo de la mayoría, son anulados.
También propone que el presidente esté obligado anualmente a comparecer en un debate sobre el estado de la nación (desde que se utilizó por primera vez, en 1983, esta fórmula es potestativa, depende de la voluntad del Gobierno) y que su Ejecutivo esté también obligado a dar cuenta del grado de cumplimiento de las mociones y proposiciones no de ley (las iniciativas de impulso que aprueba el Congreso y que los ministerios no están obligados a hacer realidad).
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Feijóo quiere dar más poder sobre lo que hace el legislativo a los organismos de control como el Consejo de Estado o a los que representan a otros poderes, como el CGPJ. Y quiere crear otros nuevos, como una Oficina de Calidad Legislativa con capacidad no sólo de asesorar a los diputados sino de hacer propuestas. El líder del PP quiere además “informes técnicos” también sobre las leyes que propone la oposición y limitar las enmiendas que se pueden presentar a las leyes.
El PP propone también reformar la ley electoral para reducir las competencias de los plenos municipales y proclamar automáticamente alcalde al cabeza de la lista más votada.
Las propuestas de Feijóo persiguen, además, una reforma para obligar al presidente a informar al jefe de la oposición tras la celebración de cumbres internacionales en materia de política exterior y defensa o en relación con asuntos como el pacto antiterrorista o el pacto de estado contra la violencia de género. Y limitar “por ley” el número de ministerios, altos cargos, asesores y miembros de los gabinetes del Gobierno —otra medida que no adoptó cuando gobernaba en Galicia y tuvo oportunidad de hacerla realidad— y recortar el uso de los medios aéreos y terrestres que desde hace décadas utilizan el presidente y los ministros para sus desplazamientos, incluyendo el número de miembros de las comitivas oficiales.
