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Periodismo

Reporteros Sin Fronteras alerta del "clima de hostilidad con los periodistas" que se vive en Cataluña

Agresión sufrida por un cámara de Telemadrid durante una manifestación en Barcelona contra los lazos amarillos.

"Aunque no con el mismo nivel de crispación que el año anterior, el foco de atención se ha posado, de nuevo en 2018, sobre Cataluña". Así de contundente se presenta este viernes el Informe Anual correspondiente al año 2018 elaborado por la sección española de Reporteros Sin Fronteras. La organización es clara: Cataluña "ha vuelto a ser testigo de un clima de hostilidad con los periodistas, especialmente duro para los reporteros a pie de calle". Lo explican por el "entorno de polarización extrema que vive la política catalana" y que "se ha trasladado a unos medios cuyos profesionales acaban siendo las principales víctimas de las tensiones para informar". 

Pero lo cierto es que no es la primera vez que la organización presidida por Alfonso Armada alerta de este hecho. Ya en 2017, pocos días antes de la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre, Reporteros Sin Fronteras criticó el ciberacoso que sufrían algunos periodistas y que estaba, dijeron entonces, "instigado en entornos de poder en Cataluña". De este modo, aseguraron, se había "tensado la cuerda hasta extremos indeseables" de las prácticas periodísticas en la Comunidad Autónoma, poniendo como ejemplos campañas de acoso y "linchamientos" en redes sociales y portales web hacia periodistas por parte de la Generalitat. 

Ahora la situación es diferente. Los obstáculos para el ejercicio de la profesión no proceden tanto de los "entornos de poder", sino de la "polarización" política que se ha trasladado a las calles. Durante 2018 fueron frecuentes las manifestaciones organizadas por grupos independentistas y antiindependentistas. Y los reporteros de medios de uno y otro lado no lo han tenido fácil para informar de ellas. 

Valen dos ejemplos. Durante el aniversario del 1 de octubre —cuando se cumplía un año del referéndum— "se produjeron, durante los directos, toda clase de hostigamientos a reporteros de las cadenas de televisión españolas por parte de manifestantes independentistas". Pocos días más tarde, ocurrió al contrario. "El 12 de octubre, fiesta nacional de España, periodistas de medios catalanes sufrieron las mismas increpaciones y muestras de agresividad por parte de manifestantes españolistas", denuncia el informe presentado este viernes. 

Además, hubo incluso dos ocasiones en que las increpaciones pasaron a mayores. El 16 de julio, el fotoperiodista Jordi Borràs denunció una agresión por parte de un agente de la Policía Nacional durante el acto de presentación de la Crida Nacional de Carles Puigdemont. Según Borràs, el agresor llegó a gritar "¡Viva Franco!" y "¡Viva España!" Meses más tarde, en octubre, la jueza del juzgado de instrucción número 8 de Barcelona imputó a las dos personas, que se habían denunciado mutuamente. 

Un mes más tarde se produjo un caso parecido. Un cámara de Telemadrid fue agredido en el acto que convocó Ciudadanos en Barcelona para denunciar la agresión sufrida por una mujer cuando quitaba lazos amarillos, "los símbolos con los que los independentistas reivindicaban la liberación de los políticos encarcelados", explica Reporteros Sin Fronteras. Eldiario.es, entre otros medios, explicó que el agresor habría confundido al cámara por uno de la televisión catalana por unos acabados en amarillo del aparato del profesional, que fueron interpretados como apoyo a los presos soberanistas catalanes.

Televisiones públicas

Pero las consecuencias periodísticas de la crisis en Cataluña no es el único aspecto que ha destacado Reporteros Sin Fronteras. La situación de la corporación de RTVE y de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) también ha sido abordada en el documento que la organización ha presentado este viernes en Madrid. 

"La polémica reforma de la corporación pública RTVE y la pugna de los partidos políticos en torno a cómo implementarla ha sido otro de los hechos clave del año pasado", apunta el documento. Las acusaciones de politización de la televisión pública se iban a convertir en pasado después de la reforma que se aprobó en 2017 con el consenso de todos los grupos parlamentarios. No obstante, las "rencillas" entre ellos, como apunta el informe, no tardaron en llegar. Y han complicado el cumplimiento de la ley. 

"El nombramiento de una Administradora Única de la Corporación, con carácter provisional, ha calmado temporalmente las aguas, si bien urge que se desbloquee el desacuerdo partidista sobre el modo en que ha de realizarse el concurso al presidente y al Consejo de RTVE", reclama Reporteros Sin Fronteras. 

No es la única cadena pública que estuvo en el punto de mira. "2018 destaca también por el polémico sesgo independentista que la CCMA —que engloba a TV3 y a Catalunya Ràdio— aplica a sus contenidos informativos", denuncia el informe. Y eso, precisamente, ha sido denunciado, dice la organización, por los propios profesionales, que también han cargado contra la "decepcionante renovación de sus órganos de Gobierno, que mantiene la opacidad y la falta de independencia en la elección de sus miembros", añade. 

Libertad de expresión y libertad de prensa

"2018 ha sido también un año controvertido para la libertad de expresión en España y su impacto en la libertad para informar", destaca el documento. Y es que, según critica, durante esos 12 meses hubo un "exceso" de condenas relacionadas con la supuesta comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona u ofensa a los sentimientos religiosos, un hecho que, denuncia la organización, "ha creado un clima con demasiadas rigideces para el libre ejercicio de la expresión y la información". 

Pero no solo eso. "Los periodistas se han seguido topando con obstáculos por atribuírseles un deber que en ningún modo les corresponde: el de la custodia de los casos bajo secreto sumarial". El informe se refiere así a lo ocurrido el pasado mes de diciembre. La Policía Nacional requisó material profesional y personal a dos periodistas baleares. Lo hizo bajo la orden del juez José Luis Cortés del Blanco, que está al frente del Juzgado de Instrucción Número 12 de Palma de Mallorca. Los profesionales formaban parte de la plantilla del Diario de Mallorca y de la delegación balear de Europa Press. Ambos habían publicado información respecto a una investigación dentro del caso Cursach, una macrocausa que gira en torno al magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach. El motivo apunta directamente a un presunto delito de descubrimiento de secretos, debido a una filtración de un informe de la Policía Nacional que sugería un posible delito fiscal por parte del empresario y que fue recientemente archivado.

"Por último, Reporteros Sin Fronteras quiere llamar la atención sobre la siempre aplazada reforma de la ley mordazaley mordaza", critica el documento. Y es que según recuerda la organización, la llegada al Gobierno del PSOE, que se había comprometido a hacerlo en la oposición, generó una ilusión que los retrasos en el cumplimiento de la promesa han hecho desaparecer. "Pese a los atisbos de negociación con el resto de fuerzas parlamentarias para dejar sin efecto algunos de sus artículos más polémicos, y aunque los grupos políticos en el Congreso se han reunido para abordar tímidamente el asunto, la norma sigue vigente y en pie, penalizando a ciudadanos anónimos y periodistas", sentencia. 

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Todo esto ocurre, no obstante, en una Europa no mucho más respetuosa con la labor de los periodistas y los medios de comunicación. Según critica el informe, los Gobiernos europeos siguen "en su empeño por legitimar el espionaje de las comunicaciones de periodistas con nuevas iniciativas legislativas". Pero la vulneración de los derechos de los profesionales de la información no solo queda ahí. En otros países como Rusia y Turquía, denuncia la organización, los periodistas sufren riesgos mucho mayores, sobre todo desde que los grupos de extrema derecha ostentan el poder, detalla. 

  Aquí puedes consultar el informe de Reporteros Sin Fronteras

 

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