Ni un reproche para la infanta

Hace hoy 10 meses exactos, el juez de Palma José Castro abrió la definitiva caja de Pandora del caso Urdangarin. Castro dictó el 3 de abril de 2013 un auto por el que imputaba a la infanta Cristina y cuyas páginas dibujaban largamente, sin nombrarlo porque la ley no le obliga a ello, un posible delito de tráfico de influencias. La función de la hija menor del rey en el Instituto Nóos era la de una “utilitarista figuración”, escribió entonces el magistrado. En otras palabras: permitió que el peso de su apellido y posición fueran usados por su marido para abrir puertas que en otro caso habrían permanecido cerradas. Diez meses después de aquello y una vez revocada la primera imputación, la infanta inicia la bajada simbólica de una rampa –la de los juzgados de Palma- que recorrerá físicamente el sábado en coche salvo que su deseo personal sea hacerlo a pie y que la colocará ante el juez Castro, ahora por presuntos delitos de mayor gravedad: fraude fiscal y blanqueo de capitales.

La infanta inicia esa bajada sin que la Casa Real ni la poderosa maquinaria del Estado que con sorprendente agilidad lleva casi un año movilizada en su defensa política y legal hayan deslizado un solo reproche no penal sino ético a su actuación. Pero el cierre de filas, destinado a preservar no solo el futuro de la infanta en el juzgado número 3 de Palma sino también su imagen, ha acabado convertido en un durísimo bumerán. Y ese bumerán no solo golpea el crédito de las instituciones involucradas, sino que ha desplazado hacia el Código Penal y los jueces que “se atreven” a aplicarlo el eje de la confianza frente a los desmanes de los poderosos. La idea de que la infanta "lo sabía todo" y es culpable, digan lo que puedan decir las pruebas. Y esa idea es esencialmente el fruto paradójico de la campaña desplegada para salvarla.

Ni la Casa del Rey, que es la de su padre pero también la que encarna la Jefatura del Estado, ni el Gobierno, han mostrado un solo signo de reconvención al comportamiento de la infanta que se sentaba en la junta directiva del rentabilísimo Instituto Nóos, la pretendida ONG que consiguió a dedo seis millones de euros públicos puntualmente traspasados a las cuentas de sus capitanes, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, y a las de sus respectivos conglomerados empresariales. A esa constelación, partida en dos una vez que el tándem Urdangarin-Torres explotó solo en 2008 y básicamente por disputas económicas, pertenece Aizoon SL, la sociedad que los duques de Palma comparten al 50%.

El fiscal sí la cree responsable civil a título lucrativo

Perpetrando o no delito fiscal –Hacienda sostiene que la empresa como tal no lo cometió y el juez parece ahora inclinado a dar por válida esa tesis–, Aizoon asumió como propios gastos privados por cientos de miles de euros. Entre ellos, la reforma del palacete familiar de Pedralbes, viajes de la pareja y sus hijos, un bautizo, un cumpleaños y una comunión. Y algo más: como persona jurídica, Aizoon SL, es decir, la empresa de Urdangarin y Borbón, alquiló el palacete de Pedralbes a Urdangarin y Borbón como personas físicas. Ese contrato fue firmado por los dos propietarios.

Aizoon asumió esos gastos privados como si fuesen empresariales no porque hubiera cobrado vida autónoma gracias a una futurista aplicación contable. Los asumió porque su administrador, Iñaki Urdangarin, lo decidió así. Y Urdangarin es quien administra la empresa porque los dos socios de la compañía –él mismo y su esposa- así lo acordaron. De hecho, y aunque el fiscal del caso, Pedro Horrach, entiende que la infanta no delinquió, ya ha anunciado que la considera responsable civil a título lucrativo. Es decir, considera que también ella se lucró con el dinero que año tras año fluyó hacia Aizoon y le exigirá que devuelva la mitad. La cifra podría rondar el medio millón de euros.

El papel de la infanta en la construcción y desarrollo de Aizoon SL como pantalla –el notario que escrituró el palacete aseguró que la hija del rey entró como socia a modo de "escudo" frente a inspecciones tributarias– centrará muy probablemente el juez el interrogatorio de la infanta. Pero, haya o no delito en el rol societario de la infanta, lo único constatado hasta la fecha es que al menos su marido pagó menos impuestos a Hacienda cada año gracias a que utilizó Aizoon como empresa tapadera. Y, desde luego, nada de lo anterior ha sido mencionado ni de soslayo por la Casa Real. Ni por los sucesivos miembros del Gobierno que, con Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón en cabeza, han mostrado un extraordinario interés en anticipar que nada malo puede ocurrirle a la infanta por cuanto es inocente. Han actuado, en resumen, como si la causa de la infanta fuese cosa suya. O, más exactamente, cuestión de Estado y no de una ciudadana de ese Estado.

Ausencia de consecuencias políticas

Que en esta segunda imputación de la infanta, la que el sábado la llevará a declarar ante el juez Castro, ni la Fiscalía ni su propia defensa hayan recurrido ante la Audiencia de Palma en absoluto indica que la posición oficial de la Zarzuela haya variado respecto de la hija del rey. Los abogados de Cristina de Borbón no impugnaron esta vez el auto del magistrado en la convicción de que hacerlo podía constituir un remedio peor que la enfermedad y porque supieron que la Fiscalía no pensaba secundar ahora un nuevo recurso. Dar vía libre a su comparecencia como imputada –el equipo jurídico comandado por Miquel Roca y Jesús Silva llegó a hablar de "declaración voluntaria"– fue una decisión estrictamente pragmática.

Un dato secundario pero ilustrativo demuestra la ausencia de consecuencias políticas que para Cristina de Borbón ha tenido su presencia en el Instituto Nóos, su cercanía al periplo de esa ONG y de las siguientes vinculadas a su esposo con la aquiescencia o la tolerancia del asesor legal del rey, José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, y al realizado por la propia Aizoon. Si bien la infanta no participa en los actos oficiales de la Corona y, en consecuencia, ninguna asignación procedente de los presupuestos del Estado percibe desde 2012, su secretario personal, Carlos García Revenga, permanece incólume en su cargo un año después de haber prestado declaración como imputado.

Revenga está imputado por su condición de tesorero del Instituto Nóos hasta marzo de 2006 y porque los correos electrónicos demuestran que Urdangarin se lo consultaba todo. Marzo de 2006 fue la fecha en que, por razones originalmente atribuidas a una directriz de la Zarzuela y que hoy se inscriben en la nebulosa del caso, todos los cargos de la ONG vinculados a los duques de Palma, con Urdangarin en cabeza, cedieron sus puestos al grupo de Diego Torres, hasta entonces minoritario en la junta de la asociación. La imputación de García Revenga continúa vigente. Su destino como secretario de las infantas, también.

Escándalos políticos y "martirio"

Aquella primera imputación de la infanta dictada en abril de 2013, y apenas si se precisa recordatorio, terminó tumbada por la Audiencia de Palma. Pero su lanzamiento marcó el inicio de la reseñada estrategia de vindicación abierta y constante de la infanta.

Diez meses después, el martilleo institucional y político sobre la inocencia de la infanta ha adquirido las dimensiones y el peso de un durísimo bumerán. Con una opinión pública convencida de que Cristina de Borbón "lo sabía todo" y es culpable digan lo que digan los informes de Hacienda, la Fiscalía, la Abogacía del Estado o, llegado el caso, el propio juez José Castro, la táctica de blindar penalmente a la infanta no sólo se ha demostrado ineficaz sino que ha eclipsado una faceta que en cualquier otro caso de corrupción ocupa el centro de la escena: la política, ajena aunque vecina de la penal y central en la vida pública.

Tanto en Gürtel como en el caso de los ERE de Andalucía, por citar los escándalos de dinero público más señeros, nunca ha cesado la oposición –el PSOE en el primer caso, el PP, en el segundo– en su exigencia de que asuman responsabilidades políticas quienes, sin haber incurrido en delito o sin que se haya acreditado que lo hicieron, no advirtieron, como mínimo, que el delito se estaba perpetrando pese a ocupar posiciones de poder. ¿Es equiparable el cargo de presidente de un partido, en el caso de Mariano Rajoy, o de una comunidad autónoma, en el de José Antonio Griñán, con el de infanta de España?

Difícilmente cabe la equiparación milimétrica dado que los primeros alcanzaron su cargo por elección y la infanta lo es por razones estrictamente biológicas. Pero difícilmente también puede obviarse la analogía. Rajoy lleva cinco años sometiéndose a preguntas parlamentarias y periodísticas que no siempre responde pero que, de tanto en tanto, penden sobre él como una auténtica espada de Damocles.

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Y Griñán terminó por dimitir y dar el relevo en cuanto el caso de los ERE elevó su rango por encima de los límites políticos tolerables y la jueza señaló en su dirección y la de su antecesor, Manuel Chaves.

En el polo opuesto,Cristina de Borbón mantiene aún hoy en el discurso de la Casa Real una posición incuestionada. Como viene a decir uno de sus abogados, Jesús Silva, nada se cuestionó la infanta porque el amor lo explica todo. O como late bajo las palabras públicas del jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, Cristina de Borbón no solo no merece reproche sino que es la principal víctima del  “martirio” que representa la investigación sobre el entramado Nóos. Una instrucción demasiado larga en opinión de la Zarzuela, que nunca antes se había pronunciado sobre la duración de ningún otro proceso judicial.

(El caso Urdangarin como tal estalló públicamente en el otoño de 2011, dos años y medio después que el caso Gürtel. Los primeros ribetes del escándalo del caso de los ERE también asomaron en la primavera de 2009).