Una revista de referencia para el PP defiende una ley de plazos en el aborto

Desde su fundación, en febrero de 1990 por Antonio Fontán, Nueva Revista ha sido una publicación de referencia para los miembros del Partido Popular. De hecho, integrantes de la formación que preside Mariano Rajoy como la eurodiputada Pilar del Castillo o los diputados Carlos Aragonés –que coordina el último número– o Eugenio Nasarre integran, a día de hoy, su consejo editorial. Es precisamente por esta relación con el partido del Gobierno por la que algunos dirigentes del PP han puesto el foco en un artículo del último número, el 147, en el que se muestran dudas sobre el modelo de supuestos a la hora de abordar una ley del aborto y defiende en algunos puntos una ley de plazos. 

Fue el pasado diciembre cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de reforma de la ley del aborto, un texto que supondrá el fin de la ley de plazos aprobada por los socialistas en 2010 y que vuelve al sistema de supuestos de 1985 con una importante diferencia: desaparece el que permite interrumpir el embarazo si el feto presenta malformaciones. Es por este motivo, por el que si el texto original es aprobado sin cambios la ley se convertirá en la más restricitiva de la democracia en esta materia.

En el artículo, titulado "Modelos de regulación del aborto voluntario en otras democracias", firmado por Concepción Molina Blázquez, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, su autora considera que un sistema de indicaciones –supuestos– "con tolerancia al aborto" no protege más la vida del nasciturus que un sistema de plazos "por mucho que teóricamente se haya optado por considerar superior el interés de la vida del nasciturus". Molina añade que "esta realidad es la que subyace tras el dato del no incremento de abortos voluntarios en España tras la entrada en vigor de la ley de 2010". Un dardo contra las tesis más conservadoras dentro del Partido Popular. No es ningún secreto que el texto presentado por Alberto Ruiz-Gallardón no concita el acuerdo de las filas conservadoras y que ya ha merecido sonoras críticas de destacados dirigentes como el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, o la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos.

Molina hace hincapié en que la ley no será más restrictiva por ser de supuestos y menos restrictiva por ser de plazos, sino en función del tipo de supuestos o indicaciones bajo los que la interrupción del embarazo está penalizada. De ahí que diga que "en los ordenamientos jurídicos en los que se opta por un sistema de indicaciones que despenaliza la indicación socioeconómica o/y la indicación para la salud psíquica (y admita una interpretación laxa de esta), lo cierto es que en la práctica el sistema de indicaciones se equipara completamente al de plazos". En el anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia, ahora en fase de informes, se despenaliza el aborto en dos supuestos: violación y grave peligro para la salud psíquica o física de la madre.

La autora del artículo subraya, además, que si se trata de proteger la vida, "el mero hecho de contar con un modelo de indicaciones estricto" no va a protegerla más "que un modelo que admitiera la indicación socioeconómica", es decir, aquella que despenaliza el aborto por causas sociales y económicas. "No olvidemos que nos encontramos en un entorno jurídico concreto en el que una mujer decidida a abortar fuera de los casos indicados en la ley podría trasladarse a Portugal (donde el aborto es libre dentro de las diez primeras semanas) o a Francia (que admite el aborto cuando la mujer se encuentra en situación de detresse –desamparo– y es ella misma quien decide si eso es así), por indicar solo los más cercanos, y hacerlo sin consecuencias". En este sentido, hay que tener en cuenta una de las observaciones de esta profesora de la Pontificia que apunta a que los abortos voluntarios realizados fuera de España no podrían ser perseguidos en territorio español puesto que los tribunales españoles no serían competentes para ello. "Nuestra ley orgánica exige que la conducta sea constitutiva de delito también en el país en el que se realiza", reza una de las notas a pie de página.

El número en el que se vierten estas conclusiones fue presentado en la Casa de América el pasado 29 de abril [ver vídeo] en un acto presidido por José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado, y al que acudieron, entre otros, Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, Jorge Moragas, Director del Gabinete de Presidencia de Gobierno, la eurodiputada del PP Pilar del Castillo, el exdiputado del PP Manuel Pizarro, el diputado Aragonés, coordinador del volumen, y la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar. Desde 2010, Nueva Revista es una publicación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Carlos Aragonés, responsable del número que incluye este artículo, señala, en conversación con este diario, que para la eleboración del mismo ha tenido libertad para escoger autores. "No refleja más posición que la mía, una duda en el fondo", asegura. De hecho, recuerda que el rector de la UNIR mostró su discrepancia con este artículo durante la presentación del número.

Como Del Castillo y Nasarre, Aragonés forma parte del patronato de la Fundación FAES, presidida por el expresidente del Gobierno, José María Aznar. El diputado fue su jefe de gabinete.

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Los planes del Gobierno

Una vez transcurridas las elecciones europeas, los conservadores se muestran dispuestos a continuar con la tramitación de la ley, la más restrictiva de la democracia al suprimir el supuesto de malformación. Según adelantó infoLibre el pasado martes, el Gobierno baraja que a mediados o finales de junio el proyecto de ley podrá ser trasladado desde el Consejo de Ministros hasta el Congreso de los Diputados.

Con este calendario, lo más probable es que la tramitación parlamentaria de este texto, al que le esperan una avalancha de enmiendas por parte del resto de fuerzas parlamentarias, no transcurra en el actual periodo de sesiones y tenga que ser retomado a la vuelta de las vacaciones de verano. Si los planes del Ministerio de Justicia, departamento responsable del anteproyecto, no fallan, la reforma de la actual ley del aborto coincidirá en la Cámara Baja con otro de los proyectos estrella: la reforma fiscal. Se trata de una iniciativa que el Gobierno quiere que esté ya en vigor en enero de 2015.