Rita Barberá, en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción

Acechada y al acecho. Así vive Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, las horas más bajas de su carrera política. Este fin de semana se le fotografió en la ventana de su casa, agazapada tras un visillo, la nariz arrugada ante la proximidad de un hedor nauseabundo y metafísico. Una casa en el centro, con vistas al Palacio de Justicia y muy cerca del Ayuntamiento donde fraguó su poder omnímodo durante 24 años. Como un candombe o funeral político ha visto desfilar a los suyos, desde la pantalla del televisor, por la comandancia de la Guardia Civil para declarar en la operación Taula y recoger su citación como imputado o investigado en el Juzgado de Instrucción número 18, donde se centraliza el grueso de la causa que, la semana pasada, dejó 24 detenidos después de 33 registros y cuyo epicentro se concentra en la Diputación de Valencia.

El primero en comparecer será, Alfonso Novo, sucesor de Barberá, quien ya ha sido suspendido cautelarmente de militancia. Lo hará este miércoles. El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha habilitado dos semanas para la declaración de los 50 imputados del grupo municipal del PP relacionados con los presuntos delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales. Según la investigación, cada uno ingresó 1.000 euros a las cuentas del partido para la campaña de las locales de mayo. Posteriormente el PP les habría devuelto ese dinero en sobres con dos billetes de 500 euros.

De los 50 investigados, 20 son concejales o exconcejales y 30 son asesores. Solo ha quedado libre de sospecha un único edil, el independiente Eusebio Monzó, quien en su etapa como secretario autonómico de Hacienda fue imputado por presuntas irregularidades en los contratos del Centro de Convenciones de Castellón. Alberto Fabra lo destituyó en julio de 2014 y Barberá, adversaria política de l'ex president en el control interno de la formación, lo repescó para su lista. Otras cuatro asesoras que se negaron a la donación solo declararán como testigos. La investigación apunta a que las órdenes partían de Mari Carmen García Fuster, conocida en el Ayuntamiento como “la lavadora” y persona de extrema confianza de Barberá, de quien fue secretaria desde 1991. García Fuster también fue arrestada y quedó en libertad bajo fianza civil de 150.000 euros y tras petición expresa de cárcel por el fiscal.

Tampoco serán citados, al menos de momento, ni el exconcejal Miguel Domínguez ni la propia Barberá. Ambos están aforados por su condición de diputado autonómico y senadora territorial respectivamente, algo que les impide ser detenidos e imputados por los tribunales ordinarios. Según la información publicada por El Mundo, Barberá habría cobrado en B y estaría al tanto de las técnicas de blanqueo de sus ediles. Y fuentes judiciales a las que ha tenido acceso infoLibre explican que el juez Víctor Gómez, conocido por su voluntad garantista y su minuciosidad en la instrucción, apurará hasta el último segundo la acumulación de pruebas, ya que para investigar a Barberá sería necesario elevar al Supremo una exposición razonada, lo que implicaría paralizar una investigación que está en su clímax.

Las próximas dos semanas, con la declaración de políticos y trabajadores del PP local, serán claves. Este lunes, el exconcejal Juan Vicente Jurado se negó a hablar ante la Guardia Civil y anunció que solo lo haría ante el juez. Pero a su paso entre los micrófonos dejó un rastro de dinamita: “Alfonso Grau controlaba todos los contratos del Ayuntamiento. En ocasiones llegaban contratos a la Junta de Gobierno Local de los que él no sabía nada y que tiraba para atrás para poder controlarlos”. Grau fue la mano derecha de Rita Barberá y actualmente está procesado en el caso Nóos por el agujero de 3,5 millones de dinero público tras la adjudicación de tres edciones de la Valencia Summit a Iñaki Urdangarín. Por la magnitud de la operación y sus ramificaciones, estas mismas fuentes consideran que un par de meses bastarían para anudar la investigación y, llegado el caso, preparar el escrito para solicitar al Alto Tribunal la imputación de Barberá.

"Con B de Barberá, con C de Corrupción, con D de Dimisión, con E de Estafa"

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Sombras de duda

Pero la operación Taula no es la única sombra de duda sobre la exalcaldesa. En mayo de 2015 la Fiscalía incoó diligencias por responsabilidad penal tras la denuncia un mes antes de Compromís por las supuestas irregularidades en 466 facturas por valor de 278.000 euros en gastos de representación y protocolo del equipo de gobierno de Barberá. Recientemente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha seleccionado 124 facturas entre las que se encuentran las 89 relativas a la exprimer edil, por valor de 42,781 euros, y en las que se habrían cargado a los gastos municipales viajes personales como los 1.115 euros para la investidura de Mariano Rajoy en diciembre de 2011 o los 2.323 euros en vuelos y hoteles a Santiago de Compostela para asistir al funeral de Manuel Fraga.

Y la tercera investigación se refiere a Feria Valencia, cuyo Consejo de Administración presidió Rita Baberá durante sus 24 años de mandato. El agujero contable de esta entidad asciende a los 1.000 millones, la mitad en sobrecostes. Y se rastrean gastos suntuarios de cuatro tarjetas opacas asignadas a directivos entre los que no figura Barberá, o los 7.600 euros en ropa de lujo que sí recibió la exalcaldesa. También existe una deuda de 0,5 millones del PP por el Congreso Nacional que se celebró en este recinto en 2008 y que aúpo a Rajoy al frente del partido. Cantidad que solo ha podido ser reclamada tras la salida de Barberá del Consejo de Administración. Sobre estos hechos, la Cortes Valencianas ya han formalizado una comisión de investigación que se iniciará a finales de febrero.