Rivera mantiene a su tesorero pese a las pruebas sobre múltiples irregularidades

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, lleva años presentándose como un abanderado de la regeneración política. Y criticando la pasividad de los demás partidos en la lucha contra la corrupción. A Mariano Rajoy lo acusó por ejemplo de ser “un especialista en tapar corruptos”, lo que no le impedía ser su principal aliado y mantenerlo en la Moncloa. ¿Está Rivera ahora tapando la corrupción de uno de los dirigentes de su núcleo duro? Durante las últimas semanas infoLibre ha desvelado diversas informaciones sobre las actividades de Carlos Cuadrado, tesorero de Cs desde su fundación en 2006, tres de las cuales aportan indicios de la presunta comisión de delitos o infracciones fiscales. El líder naranja guarda silencio y mantiene a Cuadrado en su equipo de dirección.

  1. Falso testimonio en una comisión parlamentaria

El 13 de julio de 2017, el tesorero de Ciudadanos compareció ante la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado. Al ser preguntado en varias ocasiones por el senador del PP Luis Aznar si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante: “No tengo ninguno”, aseguró [Puedes ver el vídeo aquí]. El tesorero de Ciudadanos no dijo la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales que desveló infoLibre, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., de la que el político español es administrador único y dueño del 99% de las acciones.

"Lo que yo quería decir es que no tenía ninguna causa penal que me impidiese declarar ante la comisión", declaró Cuadrado a este periódico, para explicar por qué ocultó la información sobre sus procesos en Brasil. Pero lo cierto es que, como se puede comprobar en la transcripción literal de su comparecencia, el senador del PP no le estaba preguntando por “causas penales”, sino por cualquier tipo de "incidencia judicial" [puedes consultarla aquí, a partir de la página 32 del documento].

Mentir en una comisión de investigación parlamentaria está castigado como delito en el Código Penal español. En concreto, el artículo 502.3 señala lo siguiente: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

Tras la publicación de la noticia de infoLibre, la comisión de investigación del Senado decidió solicitar un informe al letrado sobre el falso testimonio en sede parlamentaria. En un detallado análisis de 30 páginas [puedes consultarlo aquí], el letrado explica que dicho delito “requiere la objetiva falta de verdad en la declaración y el dolo directo, consistente en conocer la falsedad y querer así expresarla”. Además, otros requisitos para que exista el delito son que el testimonio verse “sobre hechos (no sobre opiniones o juicios de valor), que suponga una alteración sustancial de la verdad (entendida como contradicción inequívoca con la realidad objetiva, en el marco de las respuestas del declarante a las preguntas que se formulen)”. Por último, la declaración debe versar sobre hechos relevantes, lo que excluye “la información relativa a la vida privada”.

Una vez analizado el informe del letrado, el Grupo Popular decidió denunciar a Cuadrado, al entender que mintió en su comparecencia en el Senado y que se cumplen todos los requisitos para concluir que el tesorero de Cs cometió delito de falso testimonio ante una comisión de investigación.

  2. Infracción tributaria por ocultar rentas

Carlos Cuadrado compagina desde hace doce años los cargos de tesorero de Ciudadanos y de administrador único de la empresa Damei Europe. En 2015, llegó a usar la compañía para cobrar de Ciudadanos una cuantía cuyo importe se niega a desvelar, por presuntos trabajos de asesoría económica en la precampaña de las elecciones generales. Pues bien, según documentos oficiales consultados por infoLibre, Cuadrado lleva años presentando en el Registro Mercantil de Barcelona unas cuentas de su empresa que contienen múltiples falsedades.

Las irregularidades más graves detectadas por este periódico corresponden a 2016, las últimas presentadas en el Registro Mercantil, cuando Cuadrado ocultó la compra de un local industrial valorado en medio millón de euros y también omitió la firma de una hipoteca con Bankia por importe de 380.000 euros. Además, al menos durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, Cuadrado declaró falsamente en la documentación pública de Damei Europe que no había percibido ninguna remuneración por su cargo de administrador único.

Este periódico pidió a dos inspectores y un técnico de Hacienda que analizaran las cuentas de Damei Europe. Estos expertos explicaron que las consecuencias de no contabilizar un activo de la sociedad se regula en el artículo 121 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, que determina lo siguiente: “Se presumirá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada los elementos patrimoniales cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen registrados en sus libros de contabilidad”.

En el mismo artículo, para cifrar la cantidad ocultada a Hacienda, se establece que “se presumirá que el importe de la renta no declarada es el valor de adquisición de los bienes o derechos no registrados en libros de contabilidad, minorado en el importe de las deudas efectivas contraídas para financiar tal adquisición, asimismo no contabilizadas”. En el caso del inmueble de Damei Europe, que fue adquirido el 29 de septiembre de 2016 y se trata de un local industrial de 840 metros cuadrados en la localidad de Cabrera de Mar (Barcelona), su precio de mercado rondaba el medio millón de euros. Pero para financiar la adquisición Damei Europe pidió a Bankia una hipoteca de 380.000. Así que la diferencia son 120.000 euros, que sería el importe de la renta no declarada.

¿Qué ocurre con esa renta no declarada? Si Hacienda abre una inspección, imputará esa cantidad directamente a la base imponible de Damei Europe en el Impuesto de Sociedades, en este caso de 2016, ya que la adquisición se realizó ese año ante notario y por tanto Cuadrado puede probar en qué fecha se hizo la operación. El tipo de gravamen es del 25%, así que la empresa del tesorero de Cs debería pagar a Hacienda unos 30.000 euros.

Además, explican los expertos consultados, se habría producido una infracción tributaria. Existen dos posibilidades: que Damei Europe pudiese compensar esos 30.000 euros con algún saldo a su favor que tuviese con la Agencia Tributaria, por ejemplo por incentivos fiscales por I+D no aplicados, o que no pudiese compensar la deuda aflorada y le saliera cuota a ingresar. En el primer caso se trataría de una infracción grave (art. 195 de la Ley General Tributaria), mientras que en el segundo se calificaría como muy grave (artículos 184.3.3º y 191.4 de dicha norma).

  3. Aportación de fondos de origen desconocido

Otra información desvelada por infoLibre es que Carlos Cuadrado aportó a su compañía 791.076 euros cuyo origen no quiere desvelar. Así consta en las cuentas oficiales de Damei Europe del año 2013, firmadas por el propio Cuadrado y presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona.

Para que alguien pueda aportar 791.076 euros a una empresa, sólo hay dos posibilidades legales: o previamente tenía ese capital –bien porque sus altos ingresos le permitieron ahorrarlo o bien porque recibió una herencia–, o lo pidió prestado. En una reunión mantenida con Cuadrado en la sede de Ciudadanos en Madrid, celebrada el pasado 9 de julio, infoLibre le preguntó entre otras cuestiones por el origen de esos fondos. El tesorero de Cs pidió cuatro días para consultar documentos y aclarar el asunto, pero cumplido el plazo un portavoz oficial indicó que no daría explicación alguna.

“De las cuentas de 2013 se puede concluir, sin ninguna duda, que los 791.076 euros que se declaran como aportación del socio al patrimonio de la empresa son una transformación de la deuda a largo plazo. Es decir, la empresa tenía con el socio una deuda de 791.076 euros que el accionista acepta convertir en aportación patrimonial”, explican los dos inspectores y el técnico de Hacienda consultados por este periódico.

Esa operación plantea una pregunta fundamental: ¿cuál es la procedencia de ese dinero? ¿Disponía Cuadrado de ese dinero legalmente? ¿Lo pidió prestado? “La aportación no es, por sí sola, determinante de un incumplimiento fiscal. Puede suceder que el aportante disponga de rentas elevadas declaradas fiscalmente que le han permitido conformar ese capital o que sea el producto de una herencia adecuadamente declarada. De esta forma es únicamente la inspección de los tributos la que, a la vista de la información fiscal del socio, puede evaluar si el capital aflorado es consistente o no con sus datos fiscales”, señalan las fuentes consultadas.

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“El riesgo fiscal –continúan dichas fuentes– se halla en el IRPF del socio porque debe acreditar que el capital que utiliza se ha conformado con ingresos que han sido declarados fiscalmente. En cualquier caso, ha prescrito ya la acción administrativa para comprobar el IRPF del ejercicio 2013, que es de cuatro años desde el último día en que se podía presentar la autoliquidación ante Hacienda [30 de junio de 2014]. Cuestión diferente es que se apreciaran indicios de la comisión de un delito fiscal, ya que en ese caso habría un año más de plazo, de forma que la investigación se podría iniciar hasta el 30 de junio de 2019”.

En definitiva, hay dos escenarios: que Cuadrado pueda demostrar que los 791.076 euros que aportó a su empresa en 2013 tienen un origen legal o que se trate de dinero no declarado al Fisco. En este último caso, Hacienda no podría hacer ya nada –porque la acción administrativa está prescrita–, pero la Fiscalía aún estaría a tiempo de actuar.

Si el origen de ese dinero fuese ilegal, dado el elevado importe, estaríamos probablemente ante un delito fiscal. El fraude a Hacienda está tipificado como delito cuando la cuota no ingresada supera los 120.000 euros en un ejercicio. Habría que conocer con detalle la declaración de IRPF de Cuadrado, pero parece razonable pensar que la cuota resultante de ese hipotético afloramiento de fondos superaría los 120.000 euros en el año 2013.