Ruz interroga al exalcalde de Toledo por la mordida en la que está imputado el gerente del PP de Cospedal

El juez Pablo Ruz interrogará este lunes en calidad de imputado a José Manuel Molina, exregidor del Ayuntamiento de Toledo en la legislatura en la que según la declaración de Luis Bárcenas la empresa Sufi (filial de Sacyr) pagó en negro al menos 200.000 euros a José Ángel Cañas Cañada200.000 eurosJosé Ángel Cañas Cañada, gerente del PP de María Dolores de Cospedal.

Bárcenas explicó en su declaración en la Audiencia Nacional que Cañas Cañada, que permanece imputado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, había firmado en una fecha sin determinar de 2007 un recibí de 200.000 euros, y que esos fondos se iban a destinar a la primera campaña electoral de María Dolores de Cospedal para la presidencia de Castilla-La Mancha.

Manuel Molina

Ese dinero procedía, siempre según el testimonio del extesorero, de la empresa Sufi, filial de Sacyr, que había sido adjudicataria del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte al centro de tratamiento en todo el término municipal de Toledo, cuyo alcalde era Manuel Molina.

La investigación de la Policía Judicial, que ha convencido al juez Ruz para llamara a declarar en calidad de imputado al exalcalde de Toledo, pone de manifiesto que el contrato de las basuras tuvo un sobrecoste de 11,3 millones de eurossobrecoste de 11,3.

La decisión de que el Ayuntamiento financiara este desfase presupuestario se adoptó por la Junta de Gobierno de Toledo del PP en mayo de 2007, que justificó el aumento de la concesión en tan solo dos meses de 6,13 millones a 17,4 millones de euros. Y lo hizo aludiendo a la necesidad de actualizar el convenio colectivo de los trabajadores de la empresa.

"Quiebra sustancial"

Precisamente el que fuera consejero delegado de Sufi entre 2005 y 2012, Pedro Sigüenza Hernández, reconoció ante la Policía que después de la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Toledo "surgió una circunstancia, la huelga de los trabajadores, exigiendo un incremento en sus condiciones salariales, que producía una quiebra sustancial del equilibrio económico".

Uno de los responsables de la empresa, en concreto el director de servicios viarios, Manuel Fueris Beltrán, llegó a asegurar a la Policía que de hecho la huelga se llevó a cabo porque los trabajadores "exigían unas mejoras salariales y unas mejoras sustantivas de las condiciones del convenio inasumibles por la empresa adjudicataria".

Fin a la huelga

Pese a que según la empresa estas exigencias no eran viables, el jefe del anterior responsable de Sufi, Ignacio Triana, "le dio la orden de asumir esas pretensiones, poniendo fin a la huelga".

Pero la mencionada declaración de Sigüenza ante la Policía arroja nuevos datos sobre cómo se solucionó la huelga, que se estaba desarrollando a pocos días de las elecciones autonómicas y municipales de 2007: "En cuanto a su intervención en el conflicto manifiesta que habló con el alcalde de Toledo, y éste le manifestó que no podía mantener la situación de huelga y que había que negociar con los trabajadores", indica el atestado policial levantado sobre la declaración.

Fuera de la oferta

Y así se hizo, explica el directivo de Sufi que recordó que "aquello quedaba fuera de la oferta y producía un desequilibrio económico que tendría que reconocerlo el Ayuntamiento". El límite de la negociación lo impone el Ayuntamiento, continúa Sigüenza, ya que era quien va a asumir los costes, porque las ofertas se realizaron con las tablas salariales y el convenio que figuraban en el pliego de condiciones del concurso de la recogida de basuras.

De esta forma, Molina consiguió parar la huelga cuatro días antes de que se celebraran las elecciones el 27 de mayo de 2007, que acabó ganando el PSOE.

García-Pineda

El extesorero del PP de Castilla-La Mancha Lamberto García Pineda, que también fue concejal de Hacienda y de Empleo del Ayuntamiento de Toledo entre 2003 y 2007, fue la persona que promovió el acuerdo con la empresa Sufi que Pablo Ruz por la presunta comisión ilegal de 200.000 euros al PP de Cospedal.

El protocolo fue ratificado por la Junta de Gobierno municipal en 48 horas, con García Pineda como vicealcalde. En concreto, en los expedientes se puede comprobar que la Junta de Gobierno de Toledo se reunió el 23 de mayo de 2007 en una sesión ordinaria, aprobando "un asunto de urgencia", que consistía en la ratificación de un protocolo firmado dos días antes, el 21 de mayo, entre el Ayuntamiento, la empresa concesionaria del servicio de limpieza Sufi y el comité de empresa.

Asimismo, el informe de la Policía destaca que en la oferta económica que hicieron los aspirantes a quedarse con la recogida de las basuras de Toledo se tenían en cuenta los aspectos salariales: "Como declaró María de la O Terciado Martínez, técnico responsable de la elaboración de la oferta económica presentada por Sufi, las tablas salariales y el convenio colectivo en vigor y su vigencia eran un elemento fundamental para determinar el valor de la oferta".

Omitiendo el procedimiento

Además, el sobrecoste de 11,3 millones asumido por el alcalde, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), se hizo "omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho".

Además, el documento policial resalta que la ley en el caso de las concesiones administrativas especifica que es el empresario el debe gestionar el servicio a su propio riesgo, "es decir se ha de acometer el contrato sometiéndose a influjo de suerte o evento, sin poder reclamar por la acción de estos. El pliego rechaza la revisión motivada por gastos de personal al considerarlo dentro de este concepto".

Es decir, pone en duda la decisión del exalcalde José Manuel Molina de asumir el sobrecoste derivado del acuerdo salarial, que acabó in extremis con una huelga en plena campaña electoral del Ayuntamiento de Toledo.