Sánchez se asegura la prórroga del estado de alarma pese a las dudas de los grupos sobre si será suficiente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logrará este miércoles que el Pleno del Congreso valide por amplia mayoría la prórroga de las medidas adoptadas el 14 de marzo al amparo de la declaración del estado de alarma para tratar de frenar la expansión en España de la pandemia del Covid-19. Lo hará en un hemiciclo semidesierto, diezmado por la enfermedad y por las medidas de precaución que aconsejan evitar la presencia de todos los diputados en sus escaños, lo que obligará a que, por primera vez en la historia, la mayoría de los votos se tramiten de manera telemática.

En total serán algo menos de 45 los diputados presentes, poco más del 10% de la Cámara, durante el debate y votación no sólo de la prórroga sino de cinco decretos ley del Gobierno aprobados en las últimas semanas, algunos previos a la crisis sanitaria, como el que hace referencia a las medidas de apoyo al sector agroganadero.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quería que al Pleno sólo acudiese una representación de la Mesa y los oradores de los grupos parlamentarios que tuvieran que intervenir. Para ello la Cámara habilitó un plazo hasta el pasado sábado para solicitar el voto a distancia y, según los datos facilitados este martes, hasta 306 diputados han pedido ejercer el voto telemático.

Los grupos disponen hasta el mediodía para presentar propuestas alternativas o adicionales. Y, aunque todo indica que la prórroga de la alarma saldrá adelante gracias al respaldo de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV —además de algunos del los grupos más pequeños—, es seguro que la situación del país, el avance del virus y la crítica situación sanitaria y económica que enfrenta España dará pie a un debate sobre la necesidad de endurecer o no la paralización de todas las actividades consideradas no esenciales —las que no estén directamente relacionadas con la lucha contra la enfermedad—.

La emergencia sanitaria es de tal magnitud y las estrategias epidemiológicas están tan alejadas de la ideología que este miércoles en el Congreso será posible ver, por ejemplo, al PP y a Bildu defender medidas más duras, y a PNV y Ciudadanos cerrar filas en torno al Gobierno —ambos partidos han decidido reservarse para cuando pase la crisis las reticencias de diferente signo que tienen en torno a la gestión del problema—.

El PP votará a favor. Pero su presidente, Pablo Casado, dejará constancia del malestar de su grupo por la deslealtad con la que, aseguran, les está tratando el Gobierno al culpar a la etapa de Mariano Rajoy de la situación sanitaria y asistencial como consecuencia de los recortes llevados a cabo durante su mandato.

El Pleno llega, además, en un momento de especial enfado en el principal partido de la oposición, apenas unas horas después de que Navarra Suma, la coalición de la que forma parte en la comunidad foral, haya perdido la Alcaldía de Estella como consecuencia de una moción de censura impulsada por EH Bildu con el respaldo de tránsfugas del PSN.

Este martes, el número dos del partido, Teodoro García Igea, elevó de nuevo el tono contra el Gobierno, al que acusó de haber actuado “sin previsión”, de mostrar “pasividad” a la hora de comprar material y de “hacer propaganda” en vez de gestionar la correctamente crisis. La gravedad de sus acusaciones llegó al extremo de asegurar que el Ejecutivo ha bloqueado la llegada de material sanitario a la Comunidad de Madrid, la que más está sufriendo el embate de la enfermedad, algo que el ministro de Sanidad negó rotundamente tras la reunión del Consejo de Ministros.

Comisión de seguimiento

El PP insiste en reclamar una comisión de seguimiento del coronavirus en el Congreso en la que quieren que comparezcan los cuatro vicepresidentes y los demás miembros del Ejecutivo implicados en la crisis sanitaria.

Casado defiende además el endurecimiento de las medidas contra el virus, incluyendo la paralización de toda actividad no esencial, como reclama el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP). El Gobierno no está de acuerdo, al menos de momento, porque espera resultados en pocos días de las medidas de confinamiento actuales y quiere salvar una parte de la economía con la vista puesta en facilitar la recuperación cuando pase la emergencia sanitaria.

De la misma opinión que Casado es Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos. Está convencido de que si no se detiene todo contacto social no esencial no habrá manera de vencer a la pandemia. Sin embargo, y dando cumplimiento al acuerdo que le une al PSOE durante esta legislatura, su grupo votará a favor de la prórroga tal y como ha sido aprobada por el Gobierno de coalición del que forman parte.

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A favor del cierre total de actividades están también, al menos, Esquerra Republicana, Más País, EH Bildu, Junts per Catalunya y el BNG, si bien eso no significa que todos vayan a votar igual. Esquerra se dispone a abstenerse, Junts dirá “no”.

Vox, el tercer grupo de la Cámara, quiere aprovechar la situación para despojar a Cataluña de todas sus competencias autonómicas, y someter al resto de comunidades a las órdenes del Gobierno central. Y reclama, en línea con el PP, la reactivación al menos parcial de la actividad en el Congreso para obligar al presidente del Gobierno y a los ministros que están al mando de la crisis a comparecer una vez a la semana ante el Pleno e informar del desarrollo de los acontecimientos.

La formación ultra quiere además, entre otras medidas de diferente calado, que se mantenga encerrados a los extranjeros internados en los CIE, incluso más allá del plazo legal de confinamiento, y que después todos ellos sean expulsados. O abrir los bares y restaurantes de carreteras para dar servicio a trabajadores del ámbito logístico, el transporte, el personal sanitario o los miembros del Ejército y las fuerzas de seguridad.