Sánchez busca retomar la iniciativa con el anuncio de nuevas medidas y reconectar con el votante desencantado

Esta semana Pedro Sánchez protagonizará su primer debate del estado de la nación como presidente y su segundo como líder de los socialistas. En 2015 se enfrentó a Rajoy desde la oposición y los españoles valoraron mejor al socialista que al expresidente conservador. Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, la oposición ha reclamado insistentemente su celebración. Tanto la propia crisis del coronavirus estos dos últimos años como la inestabilidad política de las pasadas legislaturas habían servido hasta ahora para eliminar el debate de la agenda en los últimos siete años. En Moncloa alegan que las comparecencias de Sánchez durante los peores meses de la pandemia o sus intervenciones tras los Consejos Europeos han servido para dar cuenta del estado del país, pero también defienden "recuperar la normalidad " antes de añadir que Pedro Sánchez “tiene muchas ganas” de desgranar lo logrado hasta ahora.

Según fuentes gubernamentales, Sánchez presumirá desde la tribuna de las medidas impulsadas por la coalición como el Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, los ERTE y el escudo social o la reforma laboral. Se trata de la misma estrategia de Unidas Podemos, que evitará confrontar con el PSOE y se centrará en el escudo social y los avances en sus carteras. También habrá anuncios. Tal y como ha confirmado este lunes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el presidente anunciará medidas "económicas y sociales" dirigidas "a la clase media y trabajadora": "Son medidas de respuesta a una situación excepcional", ha lanzado.

Fue el expresidente Felipe González el que inauguró, en el año 1983, lo que ahora conocemos como el debate sobre el estado de la nación. Se trata de uno de los debates más importantes que se celebran en las Cortes para el Gobierno, cuyo presidente realiza un recorrido por la situación general del país desde varios ámbitos, hace balance de su gestión y confronta con el resto de fuerzas. Sin embargo su celebración no está recogida en la Constitución y tampoco en el propio Reglamento del Congreso, que únicamente incluye genéricas menciones a los debates en sus artículos 196 y 197.

En España no se celebraba un debate desde febrero de 2015. Entonces gobernaba el presidente Mariano Rajoy con mayoría absoluta y ni Podemos ni Ciudadanos tenían escaño en la Cámara Baja. Ese fue el año que se celebraron los comicios generales, que volvieron a repetirse en 2016. Por norma general este tipo de debates no celebran en año electoral o cuando el gobierno de turno acaba de llegar al poder. Pero Rajoy tampoco lo convocó (la potestad siempre recae en el Ejecutivo) en 2017 y tampoco en 2018. Después llegó Pedro Sánchez.

Nuevas medidas para reconectar con los votantes desencantados

El Gobierno es consciente de que resulta prácticamente imposible sobrevivir políticamente a una inflación de dos dígitos como la registrada en la última semana, cuando el índice de precios se desbocó por encima del 10% por primera vez en casi cuatro décadas. Con ese escenario, sumado al propio desgaste de la coalición y a los batacazos electorales encadenados por la izquierda en el último año y medio, Sánchez busca un revulsivo para tratar de revalidar su mandato mediante un discurso más ideologizado.

El presidente del Gobierno ha recuperado frases como que hay "poderes ocultos" con "intereses oscuros" que buscan acabar con "el orden establecido": "Este es un Gobierno incómodo para algunos sectores económicos pero no nos quebrarán”, espetó en la misma comparecencia en la que explicó personalmente el calado de las medidas impulsadas en el nuevo decreto anticrisis. Sánchez ha recuperado el formato de comparecencia pública que utilizó en los peores momentos de la pandemia, cuando se llegaron a institucionalizar sus apariciones de los sábados ante la prensa para dirigirse a la ciudadanía en un claro intento por demostrar liderazgo.

Lo que esperan en Moncloa para la recta final de la legislatura es que la tormenta económica que se avecina resulte menos virulenta de lo que se prevé y que, además, se cumpla un precepto que han teorizado en el entorno del presidente: el de que la ciudadanía respalda electoralmente a los gestores directos de grandes calamidades como es el covid-19. También se busca conectar con el votante desencantado, el mismo que le dio su voto (al PSOE o a Unidas Podemos) en 2019 pero que a día de hoy está más cerca de la abstención. Según se desprende de las últimas encuestas, el electorado de ambos partidos se encuentra actualmente desmovilizado frente a una derecha especialmente activa.

Tal y como publicó infoLibre, este abstencionismo se dispara en los barrios más humildes. Sucedió en Andalucía, con distritos deprimidos donde casi el 90% del censo no votó. En los barrios andaluces con el 10% más rico la participación superó el 70%, en sus opuestos no llegó al 45%. También sucedió en las elecciones madrileñas de 2021: los cuatro distritos con mayor abstención fueron los cuatro con menor renta per cápita. Superar este abstencionismo es uno de los retos que también se ha marcado Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz en la que va a desarrollar su proceso de escucha durante los próximos meses. Ese, aseguran en su entorno, es el "principal reto" que tiene la izquierda por delante.

El Ejecutivo también busca atraer a una "clase media" (donde incluyen a autónomos y pequeñas y medianas empresas) con medidas que les beneficien y que temen que, en estos momentos, se estén decantando por el PP, como ha sucedido en Andalucía o en Madrid. Moncloa quiere visibilizar que gran parte de las medidas que están poniendo en marcha también van dirigidas a este grupo y lanzar un mensaje optimista en términos económicos apoyándose en los buenos datos de empleo, frente a la debacle que pronostica la derecha.

El PP aviva el miedo a la crisis para tratar de ganar en 2023

Todos los argumentarios del PP se cimentan en dos ideas: que Sánchez no hace nada para luchar contra la inflación y su Gobierno está profundamente dividido. Lo que pretende con ello Alberto Núñez Feijóo es ampliar y consolidar la ventaja demoscópica y, a lomos de la “profundísima crisis” que se avecina, ganar las elecciones generales de 2023. Esa será la base de la intervención de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, en el debate del estado de la nación.

Feijóo no podrá intervenir porque no tiene escaño en la Cámara Baja —sí estará presente porque los senadores pueden acudir al pleno— y quiere aprovechar para promocionar a su partido como la única alternativa posible al actual Gobierno. El expresidente de la Xunta y todo su equipo dibujan un futuro negro y culpan de la inflación, recesión y empobrecimiento al Gobierno, dejando de lado la situación que vive el mercado energético en todo el mundo por culpa de la invasión rusa de Ucrania y del colapso de la cadena de suministros provocado por la pospandemia. 

Feijóo anticipa la llegada de una inminente crisis económica aunque no se apoya en indicadores para hacerlo. Lo que trata de hacer es emular el escenario de la Gran Recesión que acabó con la carrera de José Luis Rodríguez Zapatero, provocó un relevo en el liderazgo del PSOE y catapultó al PP de Mariano Rajoy a la mayoría absoluta en las elecciones de 2011. Ese es el desenlace con el que sueñan en la calle Génova. La diferencia es que entonces no tenían a la extrema derecha como tercera fuerza y amenazando con entrar en todos los gobiernos a cambio de su apoyo.

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Al igual que hizo Santiago Abascal con la moción de censura el pasado año, Vox buscará el cuerpo a cuerpo con el PP, su principal rival a batir, especialmente tras el mal resultado en Andalucía. La formación ultra tratará de situar al partido conservador como aliado del PSOE. Lo hará después de que el PP haya anunciado este mismo lunes que se abren a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si el Gobierno "retira antes del jueves" la reforma acordada con ERC que le permitiría designar a los magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional. 

Los socios del Gobierno exigirán un giro a la izquierda

Unidas Podemos centrará su intervención en las políticas impulsadas desde gobierno estos últimos años y el papel de su formación para lograrlas, pero también se prevé que haya alguna interpelación a Sánchez para que sea "valiente" e impulse medidas contra la inflación. Es el mensaje que lanzó hace escasos días la líder de Podemos, Ione Belarra, con el que advirtió a Sánchez de que el Ejecutivo progresista "se juega" la reelección en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2023. Belarra citó algunas de esas medidas como, por ejemplo, "blindar" el poder adquisitivo de las familias, crear un fondo de 10.000 millones para mejorar la sanidad y la educación pública, un abono transporte de 10 euros, derogar ya la Ley Mordaza y desplegar la nueva Ley de Vivienda.

Se trata de un mensaje similar al que plantean algunos de los socios parlamentarios del Gobierno, como ERC y EH Bildu, que demandan una reforma fiscal de izquierdas y un compromiso con la inversión en servicios públicos. Los republicanos prevén presentar resoluciones (que serán votadas el jueves) sobre diversas materias para arrancar el apoyo del Gobierno. En total los grupos podrán presentar hasta 150 propuestas de resolución, un aspecto que servirá para medir los apoyos parlamentarios de los que goza el Ejecutivo de coalición, en minoría en el Congreso.