El segundo juicio a la 'Gürtel' destapa que la 'X' de la financiación ilegal en Valencia era el gran aliado de Rajoy en el PP

La confesión de Álvaro Pérez, El Bigotes, en el segundo macrojuicio contra la trama Gürtel que celebra la Audiencia Nacional ha pulverizado las últimas sospechas al destapar la X de la financiación ilegal del PP en Valencia. Esa X, dijo el acusado lanzando una verdadera bomba política aunque de consecuencias penales dudosas, era Francisco Camps, entonces presidente de la Generalitat valenciana y líder absoluto del PP en esa comunidad. El político sin cuyo apoyo Mariano Rajoy no habría consolidado su liderazgo interno fue quien "creó" el sistema de pagos en dinero negro y a través de facturas falsas que abonaban contratistas públicos de la Generalitat.

Sin el permiso de Camps –sostuvo Ávaro Pérez ante el tribunal– nadie en el PP valenciano se habría atrevido nunca a dar un solo paso. "Todo el mundo –proclamó de corrido en un momento del interrogatorio– decía que Rambla [exvicepresidente de la Generalitat y acusado en este juicio] mandaba un huevo. Mandaba una mierda porque mandaba uno y su jefa de gabinete [Ana Michavila]  y si no daban ellos las órdenes ahí no se movía ni el Tato". Y ese "uno" era Camps, su "amiguito del alma" en los tiempos en que la Gürtel aún trabajaba a destajo para el PP en Valencia y en Madrid y cuando el entonces presidente de la Generalitat era uno de los más firmes valedores de Rajoy en su guerra interna con Esperanza Aguirre por el control del partido. La pugna concluyó con la victoria del hoy presidente del Gobierno en un congreso, el de 2008, celebrado justamente en Valencia.

A primera hora de la noche, Camps negó "contundentemente" lo dicho por Álvaro Pérez y anunció que adoptará "las oportunas medidas y pertinentes" para salvaguardar su "honorabilidad". Para entonces, el PP se había limitado a repetir su argumento de los últimos días –que este tipo de confesiones obedece a "la lógica de las defensas"– con una nueva variante: "El caso Gürtel es un caso muy viejo" –en palabras del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo– o de "hace muchos años", en las del vicesecretario de comunicación del partido, Pablo Casado.

Que nadie del PP saliera en defensa de Camps indica que la confesión de El Bigotes ha agotado los últimos cartuchos de que aún pudiera disponer el expresidente valenciano. No queda nada de aquella encendida defensa desplegada por Mariano Rajoy en un mitin de Valencia el 3 de junio de 2009, cuando el caso Gürtel ya llevaba más de tres meses ocupando portadas y ya habían trascendido las grabaciones que delataban la relación entre Camps y el grupo de Correa: "Creo en ti y en lo que haces; te he visto actuar. La inmensa mayoría de los valencianos y los españoles creen en ti". Y algo más: "Siempre estaré detrás de ti, o delante, o a un lado. Gracias Paco".

La demolición ya había comenzado el martes, segundo día del juicio, cuando nueve contratistas públicos de la Generalitat, todos ellos empresarios de fuste en el paisaje social valenciano, reconocieron el pago de 1,2 millones a Orange Market por servicios electorales al PP disfrazados mediante facturas falsas. El miércoles, Francisco Correa, que era el que cobraba, corroboró la existencia tanto de esas facturas ficticias como de los pagos en dinero negro y ya apuntó al que era número dos de Camps en el partido, Ricardo Costa. Su declaración forzó a las defensas de su antiguo lugarteniente, Pablo Crespo, y de Álvaro Pérez, El Bigotes, a dar un giro copernicano a su estrategia inicial de negación y silencio en busca de una rebaja en la petición de penas de la Fiscalía. El viernes, por fin, Crespo señaló directamente a Costa como quien les ordenó enviar las facturas impagadas a empresarios afines. Y empujó así la única ficha de dominó que quedaba por mover en la cúpula de la red corrupta: Álvaro Pérez.

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La estrategia aplicada por Crespo y El Bigotes les abre la posibilidad de que el juez –más incluso que la Fiscalía, en opinión de los juristas consultados– les aplique atenuantes por reconocimiento de los hechos y les rebaje una sentencia de cárcel que los entornos de los principales acusados dan por segura. Pero la confesión de Pérez, la más extensa y detallada, y también la de Crespo dibuja una estrategia que puede beneficiar a ambos sin por ello perjudicar a los principales políticos encausados en este proceso: Ricardo Costa y Vicente Rambla, a quienes Crespo y Pérez han presentado casi como dos soldados que se limitaban a cumplir órdenes. "Pero la obediencia debida –precisa un jurista– en ningún caso ampara cometer delitos, y lo que han contado Crespo y Pérez implica un reconocimiento de que Costa y Rambla los cometieron". 

Para Camps, coinciden varios letrados conocedores de la causa, las confesiones entrañan nulo riesgo penal inmediato: los hechos se remontan a hace más de 10 años y en ese periodo ya han prescrito los delitos electorales y los de falsedad documental para cualquiera que no haya sido imputado antes de que expirase el plazo de prescripción. En cambio, el otro político mencionado por Pérez como partícipe directo en el sistema de pagos en B con mando en plaza, Juan Cotino, tiene ante sí un horizonte oscuro: Cotino está acusado en una de las piezas pendientes de juicio en la Audiencia Nacional, la de la visita del Papa a Valencia.