¿Sí se puede? La lucha por el derecho a la vivienda teme sufrir su enésima (y más dolorosa) decepción

Nadie diría que José Luis González Messeguer es un profesor de instituto jubilado. Es difícil cogerlo para conversar con él, de atareado que está. Va de compromiso en compromiso, de lío en lío. En la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) desde 2010, hoy es es su portavoz en la Comunidad Valenciana. Y es una de esa voces útiles porque no sólo te da la posición de la PAH, sino que se sabe la fecha concreta en que el Congreso tumbó tal medida y el artículo específico de la ley que le parece imprescindible cambiar. Parece la persona ideal para preguntarle cuáles han sido los principales logros del llamado "movimiento antidesahucios" y cuáles sus cuentas pendientes. Pero la primera respuesta de González sobre las conquistas no es ninguna medida ni ley.

El principal logro –dice– ha sido la "organización" que ha brindado el movimiento a miles de personas, a menudo desesperadas y abandonadas por las instituciones. "Los mayores éxitos han sido los desahucios que han parado las familias", afirma. Sin esa organización, señala, no habrían sido posibles las leyes autonómicas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Euskadi, consideradas las más avanzadas en este terreno. Y sin la presión de ese movimiento, añade, corre riesgo de desaparición un "escudo social" que debe ser "prorrogado" más allá del 31 de diciembre y "ampliado".

Y si no sale la Ley de Derecho a la Vivienda, ¿sería la mayor decepción?, le preguntamos. "Absolutamente", responde. "Y te digo más. Si no se aprueba una ley que frene esta sangría social, va a haber gente que ante la falta de respuesta se va a quedar fuera del sistema y se va a ir a opciones no democráticas". González se expresa con esta contundencia a pesar de que, admite, está ya curtido por no pocas frustraciones. "Cuando no se aprobó la ILP [por la dación en pago en 2013] con un 1,4 millones de firmas, fue un golpe terrible, como cuando fue rechazada la iniciativa 'las 5 de la PAH' [dación en pago retroactiva, alquiler asequible y estable, stop desahucios, vivienda social y suministros básicos garantizados]. Ha sido duro que éxitos judiciales en Europa aquí se truquen para desdibujarlos, como con las cláusulas abusivas. O que el Gobierno del PP presente recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas de derecho a la vivienda".

La vivienda como mercancía

El panorama de la vivienda en España podría resumirse en una tensión entre dos frases. “Queremos un país de propietarios, no de proletarios”, dejó dicho el falangista José Luis Arrese, ministro de Vivienda entre 1957 y 1960. "Ni casas sin gente, ni gente sin casa", proclamaban las pancartas del 15M, allá por 2011. ¿A cuál de los dos ideales se parece más España? Los datos y medidas brindan la respuesta: persiguiendo sin alcanzarlo el primero, se queda lejos, muy lejos, el segundo. Finalmente, la frase que mejor define la realidad de la vivienda en España no sale ni del paleocapitalismo franquista ni de la indignación quincemayista, sino de Rodrigo Rato en 2018: "Es el mercado, amigo".

La principal línea en política de vivienda de España, la que ha atravesado décadas y regímenes desde la Ley de Casas Baratas de 1911, ha sido la financiación de actuaciones de construcción a precios inferiores al mercado, con préstamos que al final el propio Estado pagaba. “La vivienda ha sido una política económica, no una política de satisfacción de necesidades sociales”, resume Daniel Sorando, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Y añade: “La sociedad de propietarios no es consustancial a España, pero décadas de políticas de acceso a la propiedad de clases medias y asalariados con cierta solvencia, tanto en dictadura como en democracia, han configurado este modelo, que de ninguna manera garantiza el derecho a la vivienda a los grupos sociales más desfavorecidos”. Un ejemplo es la desgravación fiscal por compra de vivienda, erradicada en 2013 tras el bofetón de la crisis, "política fuertemente regresiva, contraria a cualquier redistribución", señala Sorando.

El resto de política de vivienda ha consistido en la ausencia de política de vivienda. La línea tradicional ha sido entender que, salvo en casos de extrema necesidad, el mercado se regula eficazmente. Este planteamiento, que se sublimó con la ley del suelo de 1996 (PP), fue el perfecto acompañamiento del ciclo desarrollista, que se sostenía sobre una idea: a más oferta, más posibilidad de acceso a la vivienda. Hasta tal punto parecía innecesaria la acción pública que las comunidades, que en los 80 habían recibido tanto las competencias como el patrimonio edificado del antiguo Instituto de Promoción Pública de la Vivienda, se dedicaron a vender las viviendas a los inquilinos, convirtiendo a España en una excepción europea por la flaqueza de su parque público.

Todo aquel modelo pareció sostenerse hasta que llegó el crash de 2008. De repente, el dogma "más oferta=más acceso" se cayó. España había pasado de 6,7 millones de viviendas en 1950 a 25,2 en 2011, de 293.000 licencias en 1997 a 735.000 en 2006. Había ocupado con viviendas en solo diez años 811,5 kilómetros cuadrados de territorio. Y, sin embargo, había 3,4 millones de viviendas vacías, mientras tenía lugar una oleada de decenas de miles de desahucios al año.

Balance autonómico

Fue en el erial que dejó el desastre económico donde creció el movimiento en defensa del derecho a la vivienda. El verde de las camisetas de la PAH se convirtió el color de la respuesta social al destrozo de la crisis. Andrea Jarabo, portavoz de la asociación Provivienda, asociación que trabaja por el derecho a la vivienda desde 1989, señala cómo la crisis supuso, además de un gran impacto sobre millones de familias, un zamarreo sobre la mentalidad popular. "Antes los problemas de la vivienda no se presentaban como algo que afectara a un alto número de personas, no eran algo propio de la esfera pública, ni colectivo o conectado con la política", explica. Eso cambia a raíz de la Gran Recesión. En 2015, recalca Jarabo, los programas electorales de las municipales y autonómicas se plagan por primera vez de propuestas para cambiar desde lo público un mercado que ha mostrado a las claras su avería.

¿Se ha logrado? A medias. El balance muestra tanto avances en una mayor protección del derecho a la vivienda como tareas pendientes.

Los avances en las autonomías se concretan en la aprobación de leyes por el derecho a la vivienda y/o el reconocimiento de su función social. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en un informe sobre políticas regionales, sitúa en 2013 un "punto de inflexión" desde el cual las comunidades empiezan a reforzar la protección del "valor de uso" de las vivienda frente al modelo "tradicional" de mercantilización. El panorama resultante es dispar. El informe establece cuatro categorías en cuanto a protección del derecho a la vivienda. 1) Alta: Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, que reconocen el derecho a la vivienda y contemplan la acción pública. Las dos últimas han articulado el "derecho subjetivo" para colectivos vulnerables, lo que permite exigir la asignación de una vivienda. 2) Media-alta: Baleares, Extremadura y Navarra. El reconocimiento formal es elevado, pero no la acción pública. 3) Intermedia: Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias, Murcia y La Rioja. Los cambios "no se desmarcan de la línea tradicional". 4) Baja: Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria. "No han desarrollado en absoluto el nivel formal de reconocimiento del derecho a la vivienda", señala el informe.

Las medidas del Gobierno

El actual Gobierno (PSOE-Unidas Podemos) puede presumir con razón de ser el que más énfasis ha puesto en las políticas sociales de vivienda de toda la democracia. Suyo es el decreto de medidas urgentes de vivienda y alquiler de 2019, que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar "mayor protección" a los inquilinos tras haber "perdido derechos" con la norma de 2013, señala Jarabo (Provivienda). ¿Ejemplos? Amplía la prórroga obligatoria del contrato de alquiler de tres a cinco años, si el arrendador es persona física. También mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en situación vulnerable.

El Gobierno ha aprobado además el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que persigue un cambio de enfoque en las políticas, por ejemplo con programas para el incremento de la oferta de viviendas en alquiler. Las partidas presupuestarias para vivienda se han disparado. La media de la cantidad consignada entre en ciclo 2021-2023, 3.012,33 millones, es 5 veces superior a la media de la etapa del PP (603,71). Jarabo, de Provivienda, advierte. "Estamos viendo presupuestos altos vinculados a financiación europea. Nos preocupa que bajen cuando baje la financiación europea".

Algo comparable ocurre con las medidas de protección durante la pandemia. En un análisis incluido en el informe de la Fundación Alternativas sobre desigualdad provocada por la pandemia, Jordi Bosch, experto en políticas de vivienda, señala que, "desde una perspectiva europea comparada", España está "en el grupo de países que más medidas" han aprobado para facilitar el pago del alquiler, los suministros y las hipotecas y para evitar desahucios. Al mismo tiempo, advierte de los efectos de su posible retirada. De momento, el Gobierno ha pactado con Bildu, como requisito para su apoyo a los presupuestos, prorrogar un año más la limitación al 2% de la subida de los alquileres.

Resultados insuficientes

Morote (PAH) no niega que haya habido pasos adelante pero subraya el carácter paliativo y provisional de muchas medidas. En el plano general ve el vaso medio vacío. "Claro que ha habido avances. ¡No se podía retroceder más! Pero se ha hecho todo obligado por el Tribunal de Justicia de la UE, como con la ley hipotecaria [de 2013], y siempre siendo hiperprotector con la banca. No ha habido cambio de modelo. La vivienda sigue siendo un bien de consumo", afirma.

A su juicio, los poderes dominantes en el mercado sigue determinando las reglas del juego. Existe, según la Red contra la Pobreza, una naturaleza "especulativa" del mercado en el que la vivienda actúa como "inversión segura" para "grandes tenedores" y "clase media", lo que empuja al alza los precios y garantiza el negocio del sector financiero. Las políticas de atracción de la inversión hacia ladrillo han facilitado que, pese al trauma de la anterior crisis y hasta de la pandemia, España no haya enfriado su mercado, que tiene entre sus nuevos pesos pesados a socimis como Merlin Properties, fondos buitre como Blackstone y gigantes del capitalismo digital como Airbnb. A ninguno de ellos, tampoco a la clase rentista, les interesan las políticas de control de precios, bestia negra de un lobby inmobiliario alarmado por una supuesta pérdida de "seguridad jurídica" e interesado en que el foco siga en los okupas.

Pero los datos muestran un problema de acceso a la vivienda difícil de ignorar. La tasa de emancipación juvenil se quedó en 2021 por debajo del 17%, la menor en 20 años. El precio el alquiler alcanzó este verano su máximo desde 2006. En todas las comunidades el precio medio del alquiler consume más de un tercio del salario mínimo, alcanzando el 64,1% en Madrid y superando el 50% en Cataluña y Baleares. El porcentaje de alquiler por debajo de precio de mercado no llega al 3%. El problema de los desahucios persiste. Tras la fuerte caída de 2020, hasta menos de 30.000, en 2021 superaron los 41.000. Bosch, el mismo que reconoce que España está entre los países con más medidas paliativas en la pandemia, certifica que con eso no basta. Si el "estallido de la burbuja en 2008" convirtió la vivienda en "uno de los principales ejes de desigualdad", la pandemia ha venido a "reforzar el carácter crónico" del problema.

El diagnóstico del Consejo de Europa

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, ha alertado esta semana de varias carencias tras una visita de cinco días a España: "escaso parque de viviendas sociales", "desahucios forzosos", "elevados costes de alquiler o compra", "aumento de niveles de personas sin hogar"...

Los datos acompañan su diagnóstico. El parque de alquiler social no llega al 2% de las viviendas principales, con la media de la UE en el 9%. Las estadísticas de gasto social en vivienda de Eurostat muestran nuestro atraso histórico en este campo: mientras en la UE suponen el 0,4% del PIB, en España son sólo el 0,1%, cuatro veces menos, aunque es con datos de 2020 que podrían mejorar en 2021. Ya antes de la pandemia el 23,7% de la población estuvo afectada por algún indicador de exclusión ligado a la vivienda, como deficiencias graves, insalubridad, hacinamiento o desproporción entre gastos e ingresos.

Una ley en el alero

Ante un panorama así es inevitable que las miradas se dirijan a la Ley del Derecho a la Vivienda, aprobada como proyecto por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en febrero y que sigue en el Congreso a la espera de su desbloqueo. La norma supone no ya un cambio con respecto a la actual, sino la primera legislación estatal de derecho a la vivienda. "Hace diez años era inimaginable. En España la vivienda nunca ha sido considerada el quinto pilar del Estado del bienestar", señala Jarabo (Provivienda). La ley consagra la "función social" de la vivienda y define la "vivienda digna y adecuada" del artículo 47 de la Constitución para garantizar el acceso real a la misma. El repertorio de medidas abarca, entre otras, la prohibición de la venta de viviendas públicas –para evitar casos como el de Blackstone en Madrid–, el reforzamiento de las garantías en caso de desahucio de personas vulnerables, la limitación del precio del alquiler de las viviendas de empresas con diez o más inmuebles en zonas con escasa oferta y la definición de la vivienda vacía para que los ayuntamientos puedan recargar hasta un 150% el IBI.

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La propia comisaria Mijatović apremia a aprobar la norma "lo antes posible", dado que el texto afronta algunos de los "problemas" detectados. "Es increíble que a estas alturas siga sin haber una ley estatal", se indigna Morote (PAH), que confía en que pese a las diferencias entre grupos políticos pueda llegarse a un acuerdo en enero y centra su crítica en la posición del PSOE.

Lo cierto es que la norma no tiene garantizada la aprobación. La rechazan PP, Vox y Cs, así como Junts e incluso el PNV. Además, UP no da apoyo al texto actual y, según explica a infoLibre, exige que la norma incluya la regulación de alquileres en zonas de mercado tensionado para todos los propietarios, la prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y la inclusión de la totalidad de las viviendas de la Sareb en el parque público. Con ello UP se sitúa en línea con los principales altavoces del movimiento social, entre ellos la PAH y el Sindicato de Inquilinas, aglutinados en la Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda, que ve la norma como una oportunidad perdida e incluso como una "burla" por su falta de ambición.

El tiempo dirá si el primer gobierno de coalición de izquierdas de la democracia cierra su mandato sin sacar adelante la ansiada ley estatal de derecho a la vivienda.