Seis empresas cotizadas mantienen como consejeros a imputados por corrupción o delito societario

Seis grandes empresas que cotizan en Bolsa mantienen en sus consejos de administración a personas encausadas por corrupción o delitos societarios. Es el caso de la eléctrica Iberdrola, la entidad financiera Banco Santander, las constructoras ACS y Sacyr, el gestor y transportista del sistema gasista español Enagás y la compañía de alimentación Ebro Foods. Todas ellas, menos Sacyr y Ebro Foods, forman parte del Ibex 35, el principal selectivo bursátil español. 

La legislación prohíbe que sean administradores de sociedades los condenados por los delitos contra la libertad, el patrimonio y orden socioeconómico, la seguridad colectiva, la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad. Deja fuera, sin embargo, otros relevantes tipos penales, como el delito contra la Hacienda Pública. Cuando el procedimiento todavía no ha sido juzgado no hay previsión legal alguna, aunque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sí recomienda a las cotizadas que, en caso de que un consejero resulte procesado o se abra contra él juicio oral por alguno de los delitos citados, sus órganos de dirección examinen el caso y decidan si procede o no que siga en su cargo.

Mantenerlo en el cargo es lo que Iberdrola decidió hacer con el exministro del PP Ángel Acebes, que se sentará próximamente en el banquillo para ser juzgado en el caso Bankia por un delito de falsedad en las cuentas anuales de la entidad bancaria en 2010 y 2011. La Audiencia Nacional considera que Acebes, que fue vocal del consejo de administración de BFA, la matriz de Bankia, tuvo una "participación relevante" en los informes sobre el estado de la entidad así como en las "múltiples y relevantes falacias contables", tal y como recogió el auto del pasado septiembre en el que los jueces desestimaron el recurso que había presentado el exministro contra su procesamiento. 

Sin embargo, Iberdrola entiende que Acebes, que forma parte del consejo de administración de la primera eléctrica de España desde abril de 2012, "sigue cumpliendo con las condiciones exigidas por el sistema de gobierno corporativo de la sociedad para desempeñar el cargo de consejero", que establece que los miembros del órgano de dirección de la compañía tienen que cumplir con los criterios de "honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia".

Un portavoz de la empresa eléctrica explicó, a preguntas de infoLibre, que en la decisión de mantenerlo en el cargo se tuvo en cuenta el hecho de que tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado solicitan el sobreseimiento del delito de falseamiento de cuentas para Acebes y no lo consideran como uno de los responsables de la comisión del delito de estafa de inversores.

La retribución acumulada de Acebes desde su fichaje en 2012 por Iberdrola alcanza los 1,45 millones de euros. 

La doble imputación de Villar Mir  

También sigue formando parte del consejo de administración del Banco Santander, a pesar de su reciente segunda imputación por corrupción, el empresario Juan Miguel Villar Mir. Un portavoz autorizado del Banco Santander aseguró a este periódico que los servicios jurídicos de la entidad todavía no han analizado esta nueva circunstancia relativa a Villar Mir, pues su imputación en el caso Púnica se conoció el pasado jueves 1 de febrero y declaró ante el juez de la Audiencia Nacional el martes 6 por las supuestas donaciones al PP por parte de OHL –la constructora que presidió desde su creación en 1999 hasta junio de 2016– a cambio de la adjudicación de obra pública. 

Sí existe un reciente precedente. Tras ser imputado en mayo de 2017 en la trama Lezo por su relación con el presunto pago de 1,4 millones en Suiza al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a cambio del contrato que su empresa logró para la construcción del tren Móstoles-Navalcarnero, el consejo de administración del Banco Santander determinó que Villar Mir conservaba la "honorabilidad" e "idoneidad" necesarias para el ejercicio de su cargo en la entidad. El empresario forma parte del consejo de administración del Banco Santander desde mayo de 2013. Ha ganado en esa función un total de 657.000 euros desde entonces.

El consejero imputado de ACS

ACS, la constructora de Florentino Pérez, también tiene sentado en su consejo de administración a un miembro imputado por corrupción. Es el caso del abogado Manuel Delgado Solís, exletrado del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata lo mantiene como investigado en esa causa al entender que su actividad no se limitó a funciones de asesoramiento jurídico, sino que se encaminó "a ayudar a ocultar o encubrir el origen ilícito y el titular de los fondos de Francisco Correa, así como a colaborar en la elusión de las consecuencias legales de la adquisición o transmisión de bienes con origen en una actividad delictiva".

Consultado por este periódico, un portavoz de la constructora declinó hacer ningún comentario sobre la situación de Delgado Solís, que es miembro del consejo de administración de ACS desde mayo de 2004. La retribución obtenida desde 2010 por su participación en este órgano de dirección es de 973.000 euros (últimos datos disponibles). 

La imputación del presidente de Enagás

Otro consejero que tendrá que rendir cuentas próximamente en los tribunales es el presidente de Enagás, Antonio Llardén, que el 22 de febrero tendrá que exponerse a las preguntas del titular del juzgado central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que está investigando las presuntas irregularidades en Catalunya Caixa, de cuyo consejo de administración formó parte entre 2002 y 2011. También perteneció a la comisión ejecutiva.

La investigación alude a operaciones inmobiliarias que la entidad realizó en España, Polonia y Portugal entre 2000 y 2007 a través de su filial Procam y que resultaron ruinosas. Llardén está siendo investigado por su condición de miembro del consejo de administración de la entidad porque fue este órgano el que aprobó la constitución de las sociedades participadas por Procam, así como sus proyectos. Las supuestas irregularidades que son objeto de las pesquisas provocaron un agujero de 700 millones en la entidad, que fue nacionalizada en octubre de 2011 y vendida al BBVA en abril de 2015. 

Según confirmó un portavoz de Enagás a infoLibre, Llardén informó de su situación procesal tanto a la junta general de accionistas de la compañía como a su consejo de administración que, junto a la comisión de nombramientos, llevaron a cabo el seguimiento y valoración de la situación y concluyeron que "no ponía en riesgo los intereses de la sociedad ni perjudicaba a su crédito o reputación". Llardén preside Enagás desde 2007. Sólo en los últimos cincos años su remuneración ha ascendido a 8,7 millones de euros. 

Carceller Arce, el consejero condenado 

La regulación sobre incompatibilidades permite que Demetrio Carceller Arce siga siendo administrador de varias empresas a pesar de la condena por fraude fiscal pactada con la Fiscalía y que les permitió, tanto a él como a su padre, Demetrio Carceller Coll, evitar la prisión a cambio de pagar 93 millones de euros por el acreditado fraude fiscal del progenitor, del que el hijo fue declarado cooperador necesario. El pacto con el Ministerio Público incluyó la retirada de la acusación por blanqueo de capitales que, en caso de condena, habría supuesto su inhabilitación al ser un tipo penal que sí impide ser administrador de una sociedad. 

Carceller Arce continúa sentado en los consejos de administración y siendo vicepresidente de las cotizadas Sacyr y Ebro Foods, que es el grupo propietario de las marcas SOS, Brillante o Panzani, entre otras. Por la participación en los órganos de dirección de estas dos compañías ganó 558.000 euros durante 2016. También sigue siendo consejero de la petrolera Disa, que domina el grupo cervecero Damm, del que también es presidente. 

Preguntado por infoLibre sobre si el hecho de mantener entre sus consejeros a una persona condenada por fraude fiscal suponía un riesgo reputacional, un portavoz de Sacyr explicó que, tras analizar el contenido de la sentencia, la compañía consideró que no procedía proponer al consejo de administración actuación alguna al considerar que las actuaciones contempladas en el fallo se referían a su "esfera estrictamente privada", no se atribuían "directamente a su persona" y no estaban relacionadas con su desempeño como consejero de Sacyr. La compañía dio cuenta de esta decisión en el informe de gobierno corporativo de 2015, tal y como recomienda la CNMV. 

Una consideración similar hizo el consejo de administración de Ebro Foods, que determinó que la causa seguida contra el consejero "no guarda relación alguna con la sociedad ni afecta a su actividad", según se recogió en el informe de gobierno corporativo del ejercicio 2015 y recuerda un portavoz a preguntas de infoLibre. 

Carceller Arce no es el único miembro del consejo de administración de Sacyr envuelto en causas judiciales, aunque sí el único condenado. También participa en el órgano de dirección de la constructora Juan Miguel Sanjuán Jover, presidente del Grupo Santocán, e imputado por un delito societario en el caso Emalsa, en el que se investigan irregularidades de la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, de cuyo órgano de dirección formó parte Sanjuán Jover. Su implicación en el caso tiene que ver con el hecho de que Emalsa tiene su sede en unas oficinas alquiladas a Santocán que la constructora compró días antes de que se formalizara ese contrato de arrendamiento. Se da la circunstancia, además, de que Valoriza Agua, perteneciente al grupo Sacyr-Vallehermoso, es dueña de un tercio de Emalsa. 

Las recomendaciones de la CNMV

La mayor sensibilidad sobre la importancia del gobierno corporativo llevó a la CNMV a hacer público en 2015 el Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, cuya recomendación número 22 insta a las compañías que tributan en Bolsa a establecer reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, a dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados.

La factura que Iberdrola ha pagado al imputado Acebes en seis años: 1,8 millones de euros

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El documento del supervisor bursátil [consultar, aquí] también establece que en el caso de que un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración debe examinar el caso y decidir si procede o no que siga en su cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de gobierno corporativo.

Las citadas son recomendaciones que la CNMV hace a las sociedades cotizadas y, por tanto, no son de obligado cumplimiento. No obstante, la circular 5/2013 [consultar, aquí], que detalla cuál tiene que ser el contenido de los informes anuales de gobierno corporativo que las compañías tienen que presentar, sí exige a las sociedades que incluyan en esos informes las "explicaciones oportunas" cuando no cumplan o cumplan parcialmente con las recomendaciones. Es decir, las compañías tienen que explicar por qué no siguen las recomendaciones para quedar eximidas de cualquier deber.

No obstante, todas las compañías citadas en esta información –Iberdrola, Banco Santander, ACS, Enagás, Sacyr y Ebro Foods– aseguran cumplir con estas recomendaciones.