Era el 7 de agosto de 2021. Los mayores residentes del centro Los Frailes, en la localidad madrileña de Leganés, se disponían a acudir al comedor como de costumbre. Uno de ellos, Pedro Francisco, trató de abrir una puerta corredera, pero no pudo. Salió corriendo y a su paso, sin pretenderlo, empujó a su compañera Juliana, que a consecuencia del golpe falleció al día siguiente en el Hospital Universitario Severo Ochoa. Más de tres años después, la justicia ha condenado a la Comunidad de Madrid. Es, considera el Tribunal Superior de la región, responsable patrimonial de lo que ocurrió. Y por eso debe pagar 60.000 euros a la familia de la anciana: 30.000 a su viudo y 10.000 a cada uno de sus tres hijos.
El caso es complejo, pero en ningún caso aborda una problemática nueva. La sentencia, fechada el pasado 16 de septiembre, concluye que la Administración regional fue responsable indirecta de lo que pasó. Fue ella la que ordenó el ingreso de Pedro Francisco en el centro. El hombre, de 67 años, había pasado unos días en la unidad de psiquiatría del Severo Ochoa después de un episodio de agresividad con sus vecinos. Así que el propio geriátrico, informe de alta en mano, avisó de que sus instalaciones no eran "el lugar apropiado" para atenderlo.
Pero no sirvió. Por eso la jueza considera que "se puede establecer una relación de causalidad entre la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid de ingresar a Pedro Francisco en la Residencia y los daños ocasionados por el fatal incidente. Y también determina una cierta desatención del deber de garante de la integridad física" de la mujer fallecida. "Ha quedado de sobra acreditado que la Residencia no era el centro idóneo para tratar la patología psiquiátrica que presentaba" el mayor, recoge el fallo.
Los Frailes es un geriátrico público de gestión indirecta —en manos de Aralia cuando sucedió todo y de Sanivida en la actualidad— con espacio para 220 personas. Todas "exclusivamente dependientes". Según el comparador sectorial miResi, entre los servicios que ofrece cuenta con asistencia médica, farmacéutica, atención social y cuidados sanitarios. No detalla nada más, pero tampoco especifica la existencia de asistencia psiquiátrica en el centro. En cualquier caso, y según se recoge en la sentencia del TSJM, sí existía un módulo específico para los mayores con este tipo de patologías. La pregunta que surge a continuación es qué tipo de atención se ofrecía en él.
Ahí está el quid de la cuestión. Y no sólo a nivel de la Comunidad de Madrid, sino de muchas otras. La región no es la única que ha ingresado a mayores con patologías psiquiátricas en centros para mayores dependientes. Es más, esta cuestión es una de las principales preocupaciones de muchas organizaciones de familiares de usuarios de residencias a lo largo y ancho de toda España que, eso sí, desconocen las cifras que dimensionan el problema. Y ocurre hasta en Madrid, donde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ni siquiera respondió a la pregunta de infoLibre de cuántas personas se encuentran actualmente en esta situación. "Respeto a las decisiones judiciales", se limitaron a responder sus fuentes.
¿Para quiénes están 'diseñadas' las residencias?
Con las competencias cedidas, es cada autonomía la que establece su normativa en materia de servicios sociales y dependencia. Pero todas, no obstante, deben encuadrarse en un marco genérico establecido, ese sí, a nivel nacional. ¿Y qué marca? Pues fundamentalmente que el ingreso en una residencia requiere ser mayor de 65 años —o 60 en algunos casos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no se analiza nada más. Es decir, la persona con patología psiquiátrica no entra en un recurso específico dedicado a la atención a la salud mental, sino en uno acorde a su edad y nivel de dependencia. En la Comunidad de Madrid, de hecho, la Red de Atención Social a personas con enfermedad mental se dirige, especifica el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a personas de entre 18 y 65 años.
"En Madrid no tenemos residencias para mayores y personas con problemas de salud mental, y no es lo mismo una persona mayor con una demencia que con un trastorno grave. Creo que no se está tratando el asunto con suficiente sensibilidad", lamenta Miguel Vázquez Sarti, de Pladigmare. Lo que reclama es o bien un recurso específico o, en su defecto, un correcto abordaje desde el geriátrico. "Se necesitarían perfiles específicos de psiquiatría y psicología", ahonda. Ahora mismo, ni siquiera el personal existente es suficiente.
Según el Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid realizado durante casi nueve meses por esa plataforma junto a UGT y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), los geriátricos necesitan, para poder ofrecer una "vida digna", 132 gerocultoras —es decir, personal de atención directa— por cada 100 residentes. La realidad, en cambio, reduce la media nacional a 59. "Tendría que haber tres o cuatro trabajadoras más que ahora", lamenta.
Recursos o espacios específicos
Pasa lo mismo en Cataluña. "Para empezar, no hay personal suficiente, pero el que hay ni siquiera está específicamente preparado para atender esos casos", señala por su parte María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1. "Esto es un riesgo. Lo que no puede ser es que como no hay residencias para personas con patologías psiquiátricas lo barato sea esto", lamenta. Hace un año, varias direcciones de geriátricos, trabajadores y familias afectadas confirmaron que, incluso, la Generalitat había trasladado directamente a pacientes con enfermedades mentales a residencias de mayores. En algunos casos, incluso, había ocurrido con menores de 65 años.
En cualquier caso, todo esto viene de lejos. Ya en 2016, cuando Dolors Bassa era consellera del ramo, la Asociación de Ayuda a Personas Adultas con Enfermedad Mental propuso crear recursos específicos para mayores con patologías mentales graves, un proyecto bien acogido entonces por la Generalitat pero nunca llevado a término. ¿El problema? Los recursos. Sin embargo, los familiares no han olvidado. Y su intención es volver a llevarlo a las instituciones. "Tanto los mayores como las personas con estas patologías necesitan buenas condiciones, y actualmente no se dan", sentencia Carcelén.
Desde el País Vasco y Baleares también piden lo mismo. Según denuncia Xavier Monreal, de la plataforma de familiares de Euskadi, actualmente ni siquiera hay profesionales de psiquiatría permanentes en los geriátricos, pero basar el cuidado de estos mayores en esto tampoco es lo ideal. "Es discutible que por ejemplo se les separe por plantas, porque al final las personas deambulan", reclama. "Estamos convencidos de que la Administración es consciente de estos problemas, lo que ocurre es que nadie toma medidas", añade Javier Verdasco, de la organización del archipiélago.
El caso gallego
Sin embargo, si hay una comunidad donde este problema ha alcanzado una dimensión especial esa es Galicia. Allí la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais (AGISS) ya emitió hace dos años un comunicado acusando abiertamente a la Xunta de "convertir en psiquiátricos las residencias para personas mayores". Según sus propias cifras, tres de cada diez nuevos ingresos en residencias eran de personas con problemas graves de salud mental y allí, igual que en el resto de casos, los centros "no están adaptados ni dotados de profesionales para convertirse en centros de reclusión de paciente psiquiátricos". "Mucho menos con personas mayores que se alteran y sufren situaciones de estrés", señaló el documento.
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Lo firmó Marcelino Vidal, que asegura en conversación con este diario que la situación no ha cambiado. Y que, como en Cataluña, los pacientes psiquiátricos ingresados son mayores, pero también menores de 65. Según los datos publicados por Praza.gal, en 2023 había 593 menores de esta edad en geriátricos, 318 en centros privados con plazas concertadas y 275 en residencias completamente públicas.
En ese caso se trató de dar solución. Y el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, aseguró hace ahora un año que los geriátricos tendrían módulos específicos para estas personas y que el personal recibiría una formación al respecto. Y protocolos para saber cómo. Pero no es suficiente. "Necesitamos personal concreto, y de muchas especialidades diferentes, igual que ocurre en las unidades especializadas de los hospitales", explica desde el otro lado del teléfono.
La muestra es que hace menos de un mes los trabajadores de la Residencia Asistida de Maiores de Oleiros (A Coruña), la segunda más grande de toda Galicia, han denunciado su situación ante la Valedora do Pobo [el Defensor del Pueblo] por este asunto. Según explica Paulino Campos, de REDE, las empleadas han denunciado "que ni el centro está acondicionado, ni el equipo de enfermería está especializado en este tipo de residentes", lo que ha convertido el centro "en una aparente olla a punto de explotar".
Era el 7 de agosto de 2021. Los mayores residentes del centro Los Frailes, en la localidad madrileña de Leganés, se disponían a acudir al comedor como de costumbre. Uno de ellos, Pedro Francisco, trató de abrir una puerta corredera, pero no pudo. Salió corriendo y a su paso, sin pretenderlo, empujó a su compañera Juliana, que a consecuencia del golpe falleció al día siguiente en el Hospital Universitario Severo Ochoa. Más de tres años después, la justicia ha condenado a la Comunidad de Madrid. Es, considera el Tribunal Superior de la región, responsable patrimonial de lo que ocurrió. Y por eso debe pagar 60.000 euros a la familia de la anciana: 30.000 a su viudo y 10.000 a cada uno de sus tres hijos.