La hecatombe de las residencias ya tiene un documental: "Detrás de '7291' hay muchos nombres"

"Ver esto casi cinco años después sabiendo que quienes fueron los responsables nos siguen gobernando...". Javier Cordón es uno de los miembros de la asociación 7291 Verdad y Justicia y este miércoles, también, espectador del primer pase del documental que lleva por título ese fatídico número. Él lo lleva a la espalda. Otros asistentes, sobre el torso. Ocupan casi todas las sillas que el Ateneo de Madrid ha preparado en su sala Pérez Galdós para proyectar lo que él no sólo considera "un reflejo de lo que pasó en Madrid durante la pandemia", sino también "de la sociedad". "Esa dimensión de la película me parece importantísima", señaló, micrófono en mano, tras apagarse la pantalla.

Las dos horas previas no fueron sencillas. El film, dirigido y producido por Juanjo Castro —y realizado con el apoyo de la organización de Javier y Marea de Residencias—, provocó suspiros, comentarios indignados entre los presentes y, también, alguna lágrima. Pero no sólo entre los familiares de los ancianos presentes. Porque no estaban solos. Junto a ellos, en primera fila, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, estaba acompañado de la líder socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto. En la fila de enfrente, la de Más Madrid, Rita Maestre, junto a la diputada de su formación, Emilia Sánchez. Unas filas más atrás, su compañero de partido y concejal Eduardo Rubiño. Cerca, la diputada socialista en la Cámara regional Lorena Morales. Ninguno quiso perdérselo.

"Es un acto de reivindicación y de memoria", señaló Lobato antes de entrar en el Ateneo. "Es muy importante el recuerdo para que jamás se vuelva a producir lo que pasó", añadió a su lado Maroto. El público en general podrá verlo a partir del 13 de noviembre en los cines Verdi y en Pequeño Cine Estudio, en Madrid, además de en ScreenBox de Lleida.

Todo surgió de la manera más casual. "Un día cayó en mis manos el libro de Alberto Reyero [el que hasta octubre de 2020 fue consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid] y me dejó estupefacto. Anonadado. Es más, tuve que dejar de leerlo varias veces porque me parecía impresionante lo que contaba. Cuando terminé, supe que tenía que hacer un documental", explicó este miércoles.

La obra a la que se refiere lleva por título Morirán de forma indigna (Libros del K.O.) y fue publicada en 2022. Entonces fue, y todavía hoy es, la única rendición de cuentas que han dado los que en pleno estallido de la pandemia ocupaban altos cargos en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. A él el Protocolo de la Vergüenza publicado por infoLibre le llegó, igual que su libro a Castro, de forma casual. Pero tampoco pudo creer lo que contenía. En síntesis, unos "criterios de exclusión" que impedían que los mayores usuarios de residencias fueran trasladados a los hospitales.

Y a eso se dedica buena parte del documental. Con los testimonios de Reyero, pero también de los periodistas Fernando Peinado (El País) y Manuel Rico. Y con los testimonios oficiales ofrecidos en las pocas sesiones de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias llevada a cabo en septiembre de 2023, precisamente, por la falta de una investigación oficial.

Los relatos no dejan lugar a dudas. Los argumentos empleados por Ayuso y su Gobierno que pretendieron reducir a mero borrador o simple listado de recomendaciones los documentos firmados digitalmente por el director general de Coordinación Sociosanitaria entonces, Carlos Mur, quedan desmontados. Porque los familiares y trabajadoras de los geriátricos no pudieron, de facto, derivar. Y los datos lo corroboran.

En los ocho días del 27 de marzo al 3 de abril, en plena aplicación del veto a los traslados hospitalarios, se contabilizaron 2.397 fallecidos, lo que supone una media de 300 al día. De ellos, 2.101 murieron en la residencia (263 de media al día) y 296 en el hospital (37 de media al día). Mientas que en los ochos días del 23 al 30 de abril, cuando ya casi se recuperaron por completo los traslados de enfermos de las residencias a los hospitales, hubo 566 fallecidos, lo que supone una media de 70 al día. De ellos, 284 en la residencia (35 de media al día) y 282 en el hospital (35 de media al día).

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Eso dejó los ya conocidos números: entre marzo y abril de 2020 fallecieron 9.470 mayores que vivían en residencias de Madrid. De ellos, 7.291 murieron en el propio centro, lo que significa que el 77% del total de decesos se produjo en el geriátrico. Pero además es que ese porcentaje se incrementó hasta el 84% en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo que la maquinaria de propaganda de Ayuso se empeñó en defender como una mera recomendación que en todo caso era seguida con un criterio de los llamados geriatras de enlace.

Sin medicalizar y con otros recursos desiertos

Eso no fue todo y por tanto no es lo único que ocupa el documental. Castro, al hilo, también ha reflejado los otros hechos que, sumados a la aprobación del Protocolo, dieron como resultado esas cifras. Y es que los geriátricos no se medicalizaron, pero tampoco se aprovecharon otros recursos disponibles como los hospitales privados o el hospital de campaña de Ifema que, como defendió la propia Ayuso, "sorprendió al mundo". En cuanto a lo primero, Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal de la sanidad privada, afirmó en una entrevista en Público que sus hospitales tenían más de 2.000 camas libres en toda España, parte de ellas en Madrid. En cuanto a lo segundo, el propio Mur confirmó que sólo se derivaron a ese espacio a 23 mayores en el tiempo que estuvo abierto: desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril.

Pero nada ha llegado a puerto en los tribunales. Al menos por ahora. Y eso también lo refleja el documental de Juanjo Castro. La última iniciativa la emprendieron hace apenas un mes. Fue ante la Fiscalía Superior de Madrid, donde 109 familiares representantes de 115 residentes dejaron sobre la mesa 160 folios de la primera macrodenuncia por un supuesto delito de "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios". En paralelo, ya pidieron reunirse con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.