Feijóo acusa a Sánchez de "politizar" la sanidad e intentar "sacar una tajada política" contra Ayuso: "Es lamentable"

El rey Felipe VI y la reina Letizia, así como la reina Sofía, cobrarán un 2,5% por ciento más este año hasta algo más de 538.500 euros pese a que el presupuesto destinado a la Casa Real está congelado por tercer año consecutivo. Así consta en el desglose del presupuesto publicado en la web de Zarzuela, según el cual la Casa del Rey dispone para 2023 de un total de 8.431.150 euros. Esta partida es la misma que el Gobierno le asignó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2022, la cual estará congelada por tercer año consecutivo.

Según ha explicado Zarzuela, las retribuciones de los miembros de la Familia Real se han incrementado en un 2,5% conforme a lo establecido en los PGE respecto a la subida prevista para los salarios de los altos cargos del Gobierno.

Ya en 2022, tanto los reyes comola reina Sofía vieron incrementada su asignación en un 2% conforme a este mismo argumento, mientras que en 2021 Felipe VI, que es quien en última instancia asigna el presupuesto, decidió no aplicar esta premisa y mantuvo los salarios de la Familia Real congelados.

El Ministerio de Justicia ha emitido este miércoles un comunicado en el que aclara que un "error administrativo" en la información que la Subsecretaría de Justicia proporcionó al Portal de Transparencia sobre los gastos de viaje del ahora ex ministro Juan Carlos Campo provocó que un coste que en realidad era de 2.877,33 euros se contabilizara como 253.187,61 euros.

"Hoy, 15 de febrero de 2023, se ha rectificado la Resolución de 2 de febrero de 2023, de la Subsecretaría de Justicia, que admitía la solicitud de acceso a la información sobre los gastos correspondientes a desplazamiento, alojamiento y manutención del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la delegación que lo acompañaba", ha informado el departamento que dirige Pilar Llop.

El error quedó reflejado en la partida de gastos relativa al viaje a Cádiz y Jerez de la Frontera que hizo Campo junto con una "delegación oficial" del Ministerio de Justicia entre el 22 y el 27 de diciembre de 2020 para asistir a la presentación de la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Cádiz.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, verá este jueves 16 de marzo cómo dos leyes impulsadas por su departamento, la Trans y la del aborto, culminan mañana su tramitación parlamentaria, con su aprobación definitiva por parte del Gobierno. Los socios del Ejecutivo, PSOE y Podemos, votarán unidos -salvo alguna posible excepción como la de Carmen Calvo a la Ley Trans- ambas normativas, mientras siguen enfrentados por la reforma de la Ley del 'sólo sí es sí'.

La Ley trans y por los derechos de las personas LGTBI permite realizar un cambio de sexo en el Registro Civil sin que sea necesario que la persona disponga, como se exige ahora, de un informe médico o psicológico clínico que acredite "disforia de género". Bastará con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos, y que se ratifique en un plazo de tres meses.

Los afiliados del Partido Popular de Salamanca que demandaron ante la Justicia la celebración del congreso provincial han solicitado este miércoles al Juzgado de Primera Instancia de Salamanca, como "medida cautelarísima", suspender el acuerdo adoptado en la última reunión de la Comisión Gestora de los populares salmantinos "ante posibles irregularidades que se han producido en las últimas fechas".

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, han solicitado la medida después de que la Gestora, en la reunión del 9 de febrero, admitiese "nuevas afiliaciones al partido de forma totalmente injustificada".

"Ordenada por el Juzgado la inmediata convocatoria del Congreso Provincial del Partido Popular de Salamanca, y tras una demora injustificada de casi dos años en la convocatoria del mismo, finalmente se convocó por el Comité Ejecutivo Regional en sesión extraordinaria y urgente del día 10 de febrero de 2023", ha reseñado el grupo de afiliados.

Los trabajadores de todas las categorías de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid están convocados a una nueva huelga en defensa de este primer nivel asistencial el próximo día 23 de febrero, en una jornada de protesta que tendrá el mismo formato de la llevada a cabo el pasado día 1.

En concreto, se ha convocado paros de 12 a 14 horas en el turno de mañana y de 18 a 20 horas en el de tarde. De forma paralela, se llama a secundar concentraciones a las puertas de todos los centros de salud de la región a las 13 y a las 18,30 horas.

Como en anteriores ocasiones, la huelga ha sido convocada por MATS (Movimiento Asambleario de trabajadores de la Sanidad), la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM), CGT y la Asociación Madrileña de Enfermería (AME). Además, cuenta con el apoyo de SUMMAT (Asamblea de Trabajadores del Summa 112), Plataforma SAR (Servicio de Atención Rural) y la Plataforma de Centros de Salud de Madrid y CSIF.

El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles que los Estados miembro deben garantizar formación, procedimientos y directrices sensibles al género, así como medidas especializadas de apoyo y protección con un enfoque centrado en las víctimas para todos los profesionales implicados, incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la ley, el poder judicial y los fiscales.

Los eurodiputados han insistido en que la Unión Europea (UE) debe ratificar el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, en línea con un dictamen del Tribunal de Justicia de 2021, y han condenado la reacción violenta contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres en países como Polonia, donde el gobierno busca retirarse del Convenio y ha introducido una prohibición de facto del aborto.

El PSOE ha coincidido este miércoles en el Congreso con PP, Vox y Ciudadanos expresando su rechazo a la propuesta de ERC de que la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, situada en la Vía Laietana 43, se convierta en un centro de memoria de la represión franquista gestionado por la Generalitat. Por contra, Unidas Podemos se ha desmarcado de su socio de coalición respaldando esta demanda, igual que han hecho Junts, PDeCAT y el PNV.

Esquerra ha defendido esta proposición no de ley en la Comisión de Interior del Congreso después de que la semana pasada el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, afirmara en el Senado que esa comisaría ya ha sido resignificada y que seguirá albergando la Jefatura de la Policía Nacional.

PSOE y Unidas Podemos mantienen el choque respecto a la reforma de la Ley del solo 'sí es sí' con acusaciones cruzadas de inmovilismo y falta de voluntad para lograr un acuerdo que resuelva la crisis abierta en el Gobierno de coalición.

Las declaraciones emitidas desde ambos lados de la coalición este miércoles indican que las discrepancias se mantienen y no han logrado dar pasos para desbloquear la reforma de la ley, a pesar de que la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es encontrar una solución cuanto antes, consciente del desgaste que le provocan las incesantes rebajas de penas a condenados por delitos sexuales.

"Vamos a resolverlo", aseguró el jefe del Ejecutivo esta mañana en los pasillos del Congreso a la salida de la sesión de control al Gobierno. Sin embargo, los mensajes lanzados a continuación desde PSOE y Unidas Podemos indican que la distancia entre ambos no se ha reducido.

Las ONG de infancia han valorado como algo "adecuado" que se corrija la Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia (conocida como 'Ley Rhodes', tras el error detectado en la misma, con el fin de evitar que se genere "inseguridad jurídica".

"El error respecto a la duplicación de la figura de delitos contra la libertad en dos artículos del Código Penal que imponen plazos de descripción distintos para el mismo tipo penal es un error que puede generar inseguridad jurídica, por lo que es positivo que se vaya a corregir de manera rápida y efectiva", ha señalado la responsable de Políticas de Infancia de Save the Children, Carmela del Moral, en declaraciones a Europa Press.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales han explicado a Europa Press que se ha localizado una imprecisión en el redactado del artículo 132, donde se cita dos veces los delitos contra la libertad de los menores con dos plazos temporales de prescripción distintos: de acuerdo con uno de ellos, empezaría a contar a partir de que la víctima cumpla 18 años y, según el otro, a partir de que la víctima cumpla 35 años.

Las autoridades locales de Kiev han informado este miércoles de que han detectado al menos seis globos de reconocimiento rusos en el espacio aéreo de la capital de Ucrania, siendo la mayoría de ellos derribados por las fuerzas aéreas ucranianas.

"El equipo de defensa aérea trabajó en todos los objetivos. La mayoría fueron derribados", ha indicado en un mensaje de Telegram la Administración Militar de Kiev, agregando que "la finalidad" de estos artefactos, que presumiblemente llevaban "equipos de reconocimiento y reflectores", era "agotar" la defensa antiaérea de la ciudad.

Poco antes, alrededor de las 15.01 horas (hora local), las autoridades locales de Kiev habían emitido una alerta aérea al avistar un objetivo aéreo "enemigo" sobre el espacio aéreo de la región, según ha informado la agencia de noticias UNIAN.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el aborto no es un "derecho fundamental" pero ha defendido el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo conforme a los plazos marcados en la legislación vigente tras el aval a la ley del Tribunal Constitucional.

"En nuestro país lleva regulado la ultima ley vigente 13 años en vigor y ni el PP ni el PSOE la han cambiado", ha asegurado tras visitar la Casa Ronald McDonald, un alojamiento gratuito de la fundación infantil que lleva el mismo nombre y que aloja a las familias que vienen a la capital a que sus hijos reciban tratamiento en hospitales.

Feijóo ha indicado que si le preguntan si el aborto es un derecho fundamental, él dice que en la Convención de Derechos Humanos no está "recogido". "Y el aborto es el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la legislación de su país", ha apostillado.

El sindicato Solidaridad, impulsado por Vox, ha denunciado ante Inspección de Trabajo la situación del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ante la sospecha de que haya podido estar trabajando para la patronal como falso autónomo.

La pasada semana, la Junta Directiva de la CEOE acordó revisar la situación laboral de Garamendi, que actualmente cotiza en el Régimen General de Trabajadores Autónomos (RETA), para darle de alta en el Régimen General con un contrato de alta dirección cercano a los 400.000 euros anuales.

Solidaridad subraya que, hasta ahora, Garamendi solo aparecía en el portal de la CEOE como personal contratado por la organización, lo que implicaba "que debía cobrar a través de facturas como autónomo". Por ello, ante la "sospecha" de que haya ejercido como falso autónomo, ha decidido llevar el caso ante Inspección de Trabajo para que aclare y regularice, si fuera necesario, las cuotas a la Seguridad Social.

El secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, avisa de que ésta es una práctica "demasiado habitual" para "ahorrarse impuestos" y cree que debe ser perseguido y castigado "duramente". "No puede ser que los trabajadores más humildes sean asfixiados a impuestos y unos listos pretendan no contribuir", ha reivindicado.

El ex primer ministro italiano y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha sido absuelto este miércoles de los cargos de corrupción en torno al llamado caso 'Ruby', un escándalo desatado a raíz de una serie de fiestas privadas en las que supuestamente se ofrecían relaciones sexuales con prostitutas menores de edad.

Un tribunal de la ciudad de Milán ha decidido exonerarlo tras una vista judicial a puerta cerrada que ha durado dos horas. El fallo de los jueces llega seis años después de que arrancara la investigación contra Berlusconi por haber pagado supuestamente unos 10 millones de euros a testigos durante una pesquisa sobre su relación con la bailarina Karima el Mahroug, conocida como 'Ruby', cuando esta todavía era menor de edad.

El exmandatario ha reiterado en varias ocasiones su inocencia y ha defendido que era "generoso" recompensar a aquellos que habían visto su vida "arruinada" por la investigación judicial en cuestión, según informaciones de la agencia Adnkronos.

Tanto Berlusconi como otras 28 personas estaban acusadas, además, de dar falso testimonio en los dos juicios desarrollado por el caso 'Ruby'. Los testigos obtuvieron dinero y otros beneficios, según planteaba la acusación.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha proclamado que la reducción del IVA a diversos alimentos es "insuficiente" para atajar el alto nivel de precios y ha vuelto a reclamar topar el precio de la cesta básica de la compra y la subida de las hipotecas de tipo variable.

Así lo ha trasladado en Twitter tras conocerse los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), que a nivel general bajó dos décimas en enero en relación al mes anterior, pero elevó dos décimas su tasa interanual, hasta el 5,9%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a los precios de los alimentos crecieron en enero un 15,4% en tasa interanual, tres décimas menos que en diciembre, tras la rebaja del IVA aplicada a ciertos productos de la cesta de la compra, en vigor desde el 1 de enero.

Para Belarra, los precios de los alimentos "siguen subiendo y la reducción del IVA ha sido insuficiente" por lo que urge apoyar a las familias en sus principales gastos: vivienda y alimentación.

"Hay que fijar precios a la cesta básica, limitar las hipotecas de tipo variable y aprobar la ley de vivienda", ha apostillado mediante su mensaje en redes.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha acusado al PP de "frivolizar" con la conocida como ley del solo sí es sí y de traspasar la línea "de lo oportuno a lo oportunista". "Es una auténtica falta de respeto a las víctimas", ha dicho.

Así se ha pronunciado en el Congreso de los Diputados en el marco de una interpelación urgente instada por el PP para pedir explicaciones sobre la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que comenzó el pasado 24 de enero, aunque el diputado popular Luis Santamaría ha aprovechado para reprochar a la ministra que ya haya pasado una semana y aún no haya avances en la reforma de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual.

"La semana pasada asumió en primera persona la responsabilidad por las consecuencias de la chapucera ley del 'solo sí es sí' que para lo único que ha servido es para reducir condena a 519 condenados y liberar a otros 50", ha dicho el diputado para luego añadir: "Seguimos en el mismo lugar donde lo dejamos".

La ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha lamentado que las propuestas que han venido presentando Podemos y el Ministerio de Igualdad para reformar la ley del solo sí es sí solo buscan ganar el relato y no permiten avanzar en la negociación porque no modifican el núcleo de las discrepancias entre los dos socios de coalición.

Así, ha afirmado que "se pueden mandar muchas propuestas", en referencia a Unidas Podemos, que a su juicio "cuentan más para el relato" que para intentar solucionar el problema, según ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso tras las sesión de control al Gobierno.

En esta misma línea ha indicado que si existe una discrepancia en "el núcleo" de lo que separa a ambas formaciones "y eso es lo que no se toca, se pueden mandar todas las propuestas que uno quiera, pero no se avanza", se ha quejado la 'número dos' del PSOE.

Además ha defendido la proposición de ley presentada por el PSOE, que a su juicio evita que se rebajen las penas a los condenados por delitos sexuales —como ha sucedido desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí en octubre 0151 y además mantiene el consentimiento en el centro de la ley, como reclaman desde el Ministerio de Igualdad.

El alcalde de Madrid y candidato del PP a revalidar el cargo, José Luis Martínez-Almeida, ganaría las elecciones municipales del próximo 28 de mayo con hasta 28 ediles, uno menos de la mayoría absoluta, según una encuesta realizada por GAD3 en el mes de enero encargada por el Grupo Municipal Popular, de la que se desprende que Podemos logra representación en el Palacio de Cibeles y el CS de Begoña Villacís se quedaría fuera del hemiciclo.

De este modo, el PP de Madrid recibiría el 45,1% de los votos, lo que se traduce en 28 concejales de los 57 elegibles. Estos resultados suponen incrementar en 13 los concejales obtenidos por el PP en las pasadas elecciones municipales de 2019, el peor resultado obtenido en la capital.

Según esta encuesta, la lista liderada por Martínez-Almeida obtendría más concejales que todas las opciones de izquierdas juntas (25). En segundo lugar se situaría Más Madrid, con el 18,3% de los votos y 11 concejales, seguido del PSOE, con el 17,2% de los votos y entre 10 y 11 concejales.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha utilizado su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso para hacer un llamamiento a la Cámara y reclamar "un acuerdo" sobre la reforma de la ley del solo sí es sí "antes de que su debate llegue al Pleno" con la propuesta registrada por el PSOE, a la vez que ha desaconsejado a los socialistas aliarse con PP y Vox para volver al Código Penal de la sentencia de la 'manada'.

"Quiero dedicar los últimos segundos a dirigirme a la Cámara. Creo que tenemos que alcanzar un acuerdo antes de que ese debate llegue a este Pleno", ha declarado la ministra desde su escaño tras contestar a una pregunta sobre este tema realizada por el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro.

La titular de Igualdad ha insistido en esta reclamación después en los pasillos del Congreso. Preguntada por los periodistas, Montero ha defendido la necesidad de "una respuesta unitaria" a "las decisiones judiciales minoritarias" que "han creado preocupación por la rebaja de condenas" a agresores sexuales y ha alertado del riesgo que sería votar "con PP y Vox" para "volver al Código Penal de la violencia e intimidación".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado este miércoles en el Congreso dimitir tras ser reprobado por la tragedia de Melilla en la que fallecieron al menos 23 migrantes el pasado año y ha acusado al PP de recurrir a "mentiras" sobre muertos del lado español de la frontera obviando que la Fiscalía archivó su investigación sin ver delitos.

"Ustedes son capaces por cuatro votos de desprestigiar a la Guardia Civil", ha señalado Grande-Marlaska en la sesión de control en respuesta a la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, que le ha pedido coherencia con lo que decía el PSOE y Pedro Sánchez como líder de la oposición cuando exigían la dimisión de ministros conservadores como Cristóbal Montoro tras ser reprobados en el Congreso.

La portavoz del PP ha sostenido que el ministro dejó abandonados a los agentes de Melilla "mientras riega con millones a Marruecos". El titular del Interior, en su réplica, ha señalado que la reprobación ha sido "construida con mentiras" y omitiendo que la Fiscalía el pasado mes de diciembre archivó su investigación sin imputar delitos a los agentes desplegados en junio en la frontera de Melilla o que la BBC ha rectificado la alusión a cuerpos inertes.

Además, ha afeado al PP por "acusar" de graves delitos a los agentes cuando Esteban González Pons denunció en una comparecencia en la sede nacional de Génova que hubo heridos y también muertos en territorio nacional en el salto de la valla del 24 de junio, dejándose que gendarmes marroquíes entraran en España para devolver los cuerpos a su país.