Sevilla y Málaga, en pie de guerra otra vez contra el turismo salvaje: “Podemos parar la ciudad”
Victoria pasa a diario por la que fue su casa en alquiler durante casi cinco años en pleno centro de Málaga. En 2018 el propietario de la que era su vivienda decidió que vendería el edificio a un fondo extranjero de pisos turísticos.
Aunque existiía un contrato de alquiler al que aún le quedaba un año para cumplirse, el dueño del apartamento quería tener el piso a disposición ya, por lo que inició las obras del edificio a pesar de que Victoria, su pareja y su hija de 16 años seguían viviendo allí. “Vivíamos en un cuarto sin ascensor. Llegamos un día y nos habían quitado las barandillas y parte de los escalones. Subir era un peligro”, recuerda.
“En ese momento, tuvimos que pedir favores a todo el mundo para irnos de ahí cuanto antes”, relata la inquilina. Victoria comenzó entonces a informarse de lo que le había sucedido, llegando a la conclusión de que era un caso evidente de acoso inmobiliario con un fin claro: “sabían que ganaban más dinero alquilando el piso a turistas que a los vecinos de Málaga”. Sin embargo, denunciar se planteaba como un proceso costoso en todos los sentidos y que podía "no llegar a ningún lado", así que ella y su pareja decidieron no tomar la vía judicial.
"Esto ocurrió hace seis años y aún no han comenzado ni las obras de reforma del edificio. Hicieron todo aquello para desalojarnos", zanja Victoria.
Situaciones como esta son, cada vez más, el pan de cada día de ciudades que reciben a una gran cantidad de turistas anualmente. “Málaga es una ciudad invivible porque los precios del alquiler son abusivos, mientras existen muchas viviendas de uso turístico y no residencial”, expresa Marta Orosa, portavoz de la plataforma Málaga Para Vivir (MPV).
En Málaga, una de cada cuatro viviendas (20,95%) están destinadas a alquiler turístico, según el Observatorio del alquiler, un informe elaborado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). En Sevilla, mientras tanto, fueron 4.000 los vecinos y vecinas que tuvieron que abandonar sus viviendas en el centro de la ciudad, según un informe titulado Turismo, desarrollo urbano y crisis en las grandes ciudades andaluzas, publicado por la editorial Comares.
Por este motivo, y otros tantos, tanto Málaga como Sevilla saldrán a las calles para protestar contra una situación muy similar: ambas localidades siguen “un modelo de ciudad que expulsa a las vecinas porque está pensado casi exclusivamente en el turismo”. Las citas, que tendrán lugar este sábado, 9 de noviembre, y han sido convocadas por las organizaciones Málaga Para Vivir y su homónimo sevillano, Sevilla Para Vivir. En Málaga será a las 11.30 horas en la plaza de la Merced y en Sevilla, media hora después, a las 12h en el Palacio de San Telmo.
Si bien en el resto de provincias andaluzas no hay convocadas ningún tipo de acto de protesta para este sábado, ya han empezado a gestarse numerosos movimientos vecinales que combaten el fenómeno de la gentrificación en distintos puntos de la comunidad autónoma sureña.
En Granada, por ejemplo, se encuentra la plataforma ‘Albayicín Habitable’, conformada por los vecinos del barrio contiguo a la Alhambra de Granada, donde, cada vez más, abundan los pisos turísticos frente a los vecinos y vecinas de la localidad. De manera similar, en Níjar (Almería), también han habido movilizaciones en contra de la turistificación, concretamente, contra el llamado “turismo de borrachera”.
La ciudad de Cádiz, por su parte, salió a las calles este verano en contra de la turistificación en el Puerto de Santa María, señalando además el gran gasto de agua que supone el turismo en un contexto de sequía y crisis climática.
Constantes subidas del alquiler
“Tenemos dos reivindicaciones principales: por un lado, que no se otorguen más licencias para vivienda y apartamentos turísticos y, por otro, y lo más importante (...), que se apliquen las medidas y mecanismos necesarios para que se retorne al uso como vivienda residencial de los alojamientos turísticos, mediante la no renovación de las licencias cuando estas caduquen”, señala Nerea de Tena, miembro de Haciendo Barrio de Macarena una de las integrantes e impulsora de la iniciativa Sevilla Para Vivir. “Cada piso que se pone en alquiler turístico es un piso menos a disposición de la gente”, añade.
Desde MPV por su parte, ven esta movilización como una necesidad “ante la ausencia de respuesta institucional” en materia de vivienda. “Pero el problema no son solo las viviendas de uso turístico, también son los desorbitados precios del alquiler y el problema de fondo es un bien de mercado con el que se puede hacer dinero”, señala Orosa, que añade que “el objetivo es que veamos la vivienda como un derecho”.
Según el registro de la Junta de Andalucía, hay unas 9.746 viviendas de uso turístico en Sevilla, donde, en 2023, había 684 025 habitantes censados, lo que significa que hay casi una vivienda de uso turístico por cada 70 vecinos sevillanos. En Málaga, donde hay 586.384 habitantes y 12.124 viviendas inscritas para uso turístico, la situación es aún más grave: hay un apartamento de este tipo por cada 48 residentes.
“El fenómeno de la turistificación, a día de hoy, está expulsando a los propios vecinos y comercios tradicionales”, cuenta De Tena a este diario. “La situación es mucho más flagrante en el casco antiguo de Sevilla, pero no deja de producirse en otras zonas”, explica.
Con respecto al precio medio del alquiler, sólo un 6% de los pisos de dos habitaciones en Málaga tienen un precio que se considera “razonable”, según un informe de Idealista, que realiza un análisis en función de la zona y los metros cuadrados. Este porcentaje de viviendas que se arriendan a un precio que no es desorbitado, sin embargo, asciende al 40% en la capital andaluza, o lo que es lo mismo, un 60% de las viviendas en Sevilla se alquilan por más de lo que se debería.
Choque de la Junta de Andalucía con el Gobierno
En línea con la mercantilización de la vivienda, la Junta de Andalucía también se encuentra legislando sobre las Viviendas de Protección Oficial (VPO), que se alquilan a un precio asequible para personas y familias que cuentan con una renta muy limitada. “España es el país con menor número de viviendas sociales”, lamenta De Tena, que también señala la gran cantidad de barrios empobrecidos en la ciudad de Sevilla.
Con la ley de vivienda de 2023, aprobada por el ministerio de Vivienda, los propietarios de estos apartamentos no podrían vender este tipo de casas hasta 30 años después de llegar al acuerdo de convertirlas en VPO. La Junta de Andalucía consideró entonces que el Gobierno estaba invadiendo así las competencias de las comunidades, por lo que recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, que resolvió en favor de la Junta, dando lugar a la anulación de todos los artículos en los que el Ministerio se refería a la vivienda protegida.
Con el nuevo anteproyecto de ley de la Junta respecto a la VPO, que comenzó a tramitarse el pasado 23 de octubre, se pretende establecer en diez años el plazo máximo de permanencia obligada en este tipo de viviendas, que posteriormente podrán ser puestas en venta por los propietarios. “Esta medida no garantiza el derecho a la vivienda e incide en lógica de la mercantilización, que entiende que la vivienda es un bien con el que se puede especular”, señala Orosa.
Este, sin embargo, no es el único punto de fricción entre el Gobierno central y la Junta en materia de vivienda. También mantienen diferencias respecto a la aplicación de las normas de intervención sobre los precios de alquiler que establece la ley estatal de 2023 y que faculta a las comunidades a declarar zonas tensionadas. La Junta rechazó la medida al considerarla “intervencionismo” en el mercado.
Málaga Acoge: desplazar a unos extranjeros para alquilar a otros
Barcelona no sabe qué hacer todavía con Las Ramblas para rescatarlas del turismo masivo y la gentrificación
Ver más
El problema de la vivienda y el incremento de pisos turísticos en Málaga ha llegado hasta tal punto que no solo provoca el éxodo de los vecinos a la periferia de la ciudad, sino que también ha afectado a organizaciones como Málaga Acoge, una asociación dedicada a formar a jóvenes migrantes tutelados en Málaga, ayudar a su integración y atender a personas sin techo.
La Junta de Andalucía, en junio, adjudicó el edificio donde se encontraba la sede de esta organización a un fondo de inversión israelí dedicado a la promoción de alojamientos turísticos, a cambio de 3,6 millones de euros. Una vez se hayan instaurado las viviendas turísticas, por la antigua sede de Málaga Acoge continuarán acudiendo jóvenes extranjeros, pero ahora serán turistas de paso con un mayor poder adquisitivo.
Desde la organización de Málaga Acoge prefieren no dar declaraciones al respecto de lo sucedido, sin embargo, este hecho demuestra que “la vivienda es un problema que afecta, directa o indirectamente, a todas las vecinas” y no solo a quienes viven en los centros urbanos, tal y como señala De Tena. Por ello, desde ambas organizaciones inciden en la necesidad de acudir a estos actos de protesta. “Estamos convencidas de que podemos parar la ciudad, la especulación, la precariedad… Nosotras tenemos poder para todo esto”, zanjan desde MPV.
