Siete diferencias entre la consulta del 9N y el referéndum que el Govern quiere celebrar el 1 de octubre

En medio de una gran tensión, el Parlament de Cataluña aprobó este miércoles la ley del referéndum que la mayoría independentista de la Cámara –formada por Junts pel Sí y la CUP– registró el pasado 31 de julio. Con ella, los dos partidos pretenden convocar, organizar y celebrar el referéndum. Tras la vía libre abierta por el Parlament, el anunciado choque de trenes entre las instituciones catalanas (el Govern y el Parlament) y el Estado español ya está aquí. 

Con este escenario, las diferencias entre la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014 y el pretendido referéndum que, según las fuerzas independentistas, tendrá lugar el próximo 1 de octubre son evidentes. infoLibre repasa a continuación las principales.

1. El marco legal: de las leyes del Estado a una legislación propia que "ampara" el referéndum

La tramitación de la ley del referéndum, sumada al registro de la proposición de Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, supone que el referéndum que se pretende celebrar el próximo 1 de octubre tiene un amparo legal –al menos aparente– que, sin embargo, no tenía la consulta del pasado 9N. La ley de transitoriedad, que ahora debe ser admitida a trámite, establece que las leyes estatales no tienen validez en Cataluña, por lo que el Govern podría actuar bajo una normativa propia totalmente distinta a la del Estado. 

Al contrario, la consulta celebrada el pasado 9 de noviembre y convocada por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, no contó con la aprobación previa de ninguna ley de desconexión que regulara de manera explícita cómo se celebraría la consulta y qué ocurriría a partir del día siguiente. Sin embargo, en septiembre de 2014 el Parlament catalán aprobó una Ley de Consultas Populares no Referendarias que pretendía utilizar el Gobierno de Mas para convocar la votación del 9 de noviembre. 

El TC, más tarde, declaró inconstitucionales los dos preceptos que regulaban la convocatoria por entender que la ley regulaba los referéndum, algo que ya era competencia del Estado español. 

2. La organización: de varias entidades asociadas a los Ayuntamientos al Govern de Cataluña

Las altas probabilidades de suspensión de la votación del 9N por parte del Constitucional obligaron a los independentistas a celebrar la consulta de una manera "más discreta" para dificultar cualquier tipo de acción legal contra los organizadores. De esta forma, la votación tuvo lugar gracias a la colaboración de algunos intermediarios que actuaron entre los organizadores y varios ayuntamientos que se mostraron favorables a la consulta. Según informó La Vanguardia, los municipios recibían la llamada de una persona conectada con la Generalitat que se comprometía a proveerles de todo lo necesario para la celebración de la votación. 

Por su parte, el referéndum que pretende celebrarse el próximo 1 de octubre no parece tener tantos tintes de confidencialidad. En lugar de varios municipios e intermediarios, será el Govern el que organice de forma más concreta la votación. En este sentido, caerá en manos de voluntarios acreditados por la Generalitat, que realizará un censo previo de las personas que realizarán estas funciones. De esta manera, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, y el resto de miembros del Govern firmaron el pasado mes de abril un manifiesto en el que se comprometieron "todos y cada uno" a "organizar, convocar y celebrar" el referéndum.

3. La pregunta: de la doble respuesta a la contestación simple

Las papeletas de la consultada celebrada el pasado 9 de noviembre constaban de una pregunta doble: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado?" y "En caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?". Sin embargo, la redacción de la pregunta para la votación del próximo 1 de octubre sólo dará lugar a una respuesta binaria de sí o nosíno, más acorde a la forma de un referéndum. Según anunció Carles Puigdemont, la pregunta será: "¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república?".

4. De una consulta a un referéndum pretendidamente vinculante y decisivo

Precisamente por la ausencia de una ley que actuara como marco legislativo propio, la votación del 9N fue considerada como una consulta no vinculante, ya que la convocatoria de los referéndum corresponde al Estado, no a las autonomías. Es más, la consulta fue denominada como "proceso de participación ciudadana". Además, las actuaciones del Constitucional que la declaraban ilegítima confirmaban su carácter meramente consultivo. Bajo estas palabras se manifestó el expresidente de la Generalitat Artur Mas quien, en su declaración como testigo en el juicio contra su exconseller Francesc Homs, aseguró que el proceso participativo no tenía carácter vinculante, aunque sí tendría "consecuencias políticas". 

Al contrario que en 2014, la elaboración de leyes de desconexión que crean una normativa propia alejada de la estatal justificaría la definición del 1 de octubre como referéndum vinculante. Por otro lado, según afirmó el propio Carles Puigdemont, la organización por parte de la Generalitat convierte la votación en un proceso "oficial". 

5. La actuación del Gobierno: prometen que la consulta no se celebrará por ser ilegal

En cuanto a la legalidad o ilegalidad de ambos procesos, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy se ha pronunciado de manera similar en ambas ocasiones, tanto antes de la celebración de la consulta del 9 de noviembre como ahora, en las semanas previas al referéndum del 1 de octubre. Así, el presidente del Ejecutivo ya aseguró de manera tajante a finales de 2013, a casi un año de la votación, que ésta no tendría lugar. "Garantizo que ese referéndum no se va a celebrar. Es inconstitucional", dijo entonces. 

Del mismo modo se pronunció Moncloa después de conocer la intención de las fuerzas de independentistas de celebrar un referéndum el próximo 1 de octubre, postura que no ha cambiado ni un ápice desde entonces. De este modo, el pasado mes de julio Mariano Rajoy aseguró que el Govern catalán está "ensimismado" y aseguró que "el Gobierno va a estar en su sitio" frente a la consulta. "No tengan la más mínima duda", aseguró. 

En la misma línea se pronunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado 1 de septiembre, cuando aseguró que el "desafío" planteado por Cataluña merecía "una respuesta a la altura de las circunstancias". "El día que firmen, lo que habrán firmado será que salen de la democracia y la democracia actuará con todas sus armas", sentenció. 

Sin embargo, a pesar de que el Ejecutivo haya mantenido la misma postura en estas dos ocasiones, en ambas se desconocían las herramientas concretas de las que se valdrían para impedir la celebración de las votaciones. Así, sin las cartas sobre la mesa, tanto las instituciones catalanas como las estatales no podrían anticipar una respuesta a los movimientos contrarios. Por este motivo, la incertidumbre provoca ahora, a pocos días del 1 de octubre, la preocupación de los magistrados del Constitucional, que temen que el Gobierno deje únicamente en sus manos el freno del desafío independentista. 

6. El papel del Tribunal Constitucional: de la inconstitucionalidad del 9N al inicio de acciones legales contra el procedimiento del 1-O

Con la incertidumbre del Gobierno respecto a las herramientas a utilizar en ambos procesos, las únicas actuaciones claras en ambas fechas han venido de parte del Tribunal Constitucional. Además de declarar inconstitucionales los dos preceptos de la ley de consultas que regulaban la convocatoria del 9N y anular en febrero de 2014 la convocatoria oficial, el TC sentenció también la consulta alternativa planteada por Mas después de declararla inconstitucional tras el recurso presentado por el Gobierno. 

Todas las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la votación fueron consideradas por los magistrados como "inconstitucionales en su totalidad, en cuanto viciadas de incompetencia, por no corresponder a la Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional", tal y como publicó el periódico El Mundo. 

Ahora, a pocas semanas del 1 de octubre, el tribunal comienza a dar los primeros pasos para frenar el desafío independentista. Así, el Constitucional mantiene de momento suspendida la ley de reforma del Parlament catalán que pretendía aprobar de forma exprés las leyes de ruptura aprobadas por la Generalitat. Después de conocerse que la Cámara autonómica admitía a trámite la ley del referéndum, Rajoy movía ficha y solicitaba al TC que paralizara el proceso y actuara contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Está previsto que los magistrados del TC se reúnan este jueves para debatir la petición del presidente del Ejecutivo. 

7. Las consecuencias legales para sus impulsores

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Aunque de momento no existe ningún tipo de consecuencia legal para los impulsores de la consulta del 1 de octubre, las actuaciones jurídicas resultantes de la votación del pasado 9 de noviembre marcan las posibles medidas que se podrían tomar contra las figuras políticas responsables del proceso. En este sentido, este martes se conocía que el Tribunal de Cuentas reclamaba una fianza a Artur Mas y a otros cargos responsables de la organización del 9N que podían ascender a los cinco millones de euros. 

Además de a Mas, Ortega, Rigau y Homs, el tribunal citó para el mismo día y con el mismo fin a otros siete ex altos cargos de la Generalitat que participaron en la organización de los gastos para la votación. 

En este momento hay cuatro condenados por la consulta: el expresident Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega; y los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs. Además, Anna Simó (ERC) y Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que Es Pot) están procesados, mientras que varios secretarios de la Mesa del Parlament se encuentran investigados.