El sindicato gallego CIG se querella contra Novagalicia Banco por encubrir las preferentes

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha anunciado este lunes que en los próximos días presentará una querella en la Audiencia Nacional por "encubrimiento y receptación" contra los actuales integrantes del consejo de administración de Novagalicia Banco, según confirmó a infoLibre el abogado vigués encargado de la redacción de la misma, Guillermo Presa.

"Consideramos que los actuales propietarios, es decir los integrantes del consejo de administración, han cometido un delito de encubrimiento pues se han aprovechado de los beneficios obtenidos", especificó el letrado en conversación telefónica con este diario.

Guillermo Presa, que recuerda que ya el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga desde hace meses la emisión de preferentes por Caja Madrid y Bancaja, destaca que su querella pretende demostrar que los banqueros gallegos idearon "una estrategia organizada y perfectamente pensada de comercialización a personas para las que no estaban pensados" estos productos complejos.

Centenares de familias

El sindicato nacionalista gallego –que cuenta con un tercio de los votos en las elecciones sindicales de los trabajadores de esta comunidad–, considera que los actuales propietarios del banco, fruto de la fusión de Caixagalicia y Caixanova y tras la intervención del Estado, están "encubriendo" la comercialización de las preferentes. Estos productos financieros han atrapado en Galicia a centenares de familias, que han perdido una parte importante del dinero que habían invertido. 

La querella, que hasta el momento identifica a 79 personas que podrían estar implicadas en la venta fraudulenta de participaciones preferentes, se dirige en concreto contra los integrantes de los consejos de administración, las comisiones de control y los comités de dirección de las entidades gallegas desde 2003, fecha desde la que se comenzaron a emitir preferentes. En este momento, y a la espera que hacer efectiva la venta a Banesco, el banco está siendo gestionado por el Fondo de reestructuración Ordenado Bancario (FROB), un organismo dependiente del Gobierno, que nombró como administrador al que era presidente de NCG, José María Castellano.

Entre los delitos que atribuye la nueva querella a los dirigentes de las entidades gallegas figuran los de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa y maquinación para alterar el precio de las cosas.

José Luis Méndez

Entre las personas "identificadas" por el sindicato se encuentran los antiguos directores generales de Caixa Galicia y Caixanova, José Luis Méndez y José Luis Pego, respectivamente, y los que eran presidentes de las cajas, Mauro Varela y Julio Fernández Gayoso. Precisamente, Fernández Gayoso y los exdirectivos José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Oscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes Moro afrontan en la Audiencia Nacional las acusaciones por estafa o apropiación indebida al cobrar 19 millones de euros en indemnizaciones.al cobrar 19 millones

En concreto, la querella de la CIG diferencia dos periodos en la comercialización de las preferentes. La primera, se correspondería a los años de bonanza económica, antes de conocerse la importancia de la crisis financiera. En el primer periodo, según el responsable de CIG-Banca, Clodomiro Montero, existía un mercado secundario de preferentes que no era transparentepreferentes : "Fue manipulado. Y una prueba de ello es que antes de proceder a una orden de venta, había que casar primero la operación, era un mercado que no era transparente", destaca Montero.

El segundo periodo diferenciado en la comercialización de las preferentes, según Montero, fue cuando los informes del Banco de España comenzaron a alertar de la "situación deficitaria de las entidades, que no podían seguir en solitario".

"Situación delicada"

"Ante esta coyuntura las direcciones de las cajas optaron por vender preferentes", destaca Clodomiro Montero, que alude a una información publicada en el diario El Faro de Vigo sobre una inspección del Banco de España a Caixa Galicia en la que se hablaba del colapso de la entidad. "La situación era delicada, y eso no se comunicó a la clientela".

Otras presuntas irregularidades, según este sindicalista, consistían en maquillar los libros contables, cuyos valores "no eran reales". Por su parte, el secretario general del sindicato, Suso Seixo, ha destacado que han sido "muchos" los afectados, entre ellos afiliados de la CIG, criticando que quienes tendrían que promover acciones por este motivo, "que son la Xunta y el Gobierno, no solo no lo hacen, sino que están impidiendo incluso buscar una solución". Seixo ha incidido en el coste económico que ha supuesto el rescate de la entidad, a la que se dieron ayudas por 9.000 millones de euros en total y cuya venta se producirá por 1.000 millones.

Un "plan" de los directivos

La argumentación de la querella se basa en que existió un "plan" llevado a cabo por los "equipos directivos" para captar el ahorro de pequeños inversores, clientes tradicionales de las cajas. Se trataba, añade Presa, de productos "complejos" con una denominación "confusa" y con un "sesgo" hacia el emisor, que era el que salía beneficiado. Eran, ha incidido, "totalmente inconvenientes" para las personas a las que les fueron colocados.

El letrado destacó que la comercialización fue "indiscriminada" y se aprovechó que en ese momento la regulación era "defectuosa o insuficiente". También se obtuvo ventaja, según el abogado, de la relación "de confianza" de muchos afectados con el personal de las oficinas.

La CIG registra en la Audiencia Nacional la querella contra exdirectivos de cajas y NCG por las preferentes

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Cuentas falseadas

Cuando estalló la crisis de las subprime las entidades necesitaban "evitar la quiebra" y "falsearon sus cuentas". En el año 2009 se registraron tres emisiones de preferentes, pese a que "eran conocedores de que era imposible dar cumplimiento" a lo que vendían, afirma el abogado Guillermo Presa.

Los afectados que lo deseen, agregó Presa, podrán sumarse a la querella cuando sea admitida, con independencia de que hayan acudido ya a la vía civil para recuperar su dinero.