Un sistema electoral que juega a favor del PP en el que conviven extravagancias y desigualdades

¿La ley electoral gallega garantiza al PP la victoria en las elecciones autonómicas? En absoluto. ¿Le otorga alguna ventaja para conseguir ese objetivo? Más de una. Para empezar, el reparto de escaños. Los 75 asientos de la cámara autonómica gallega no se distribuyen siguiendo un criterio proporcional a la población. La mayor parte de ellos (40) se reparten por igual entre las cuatro provincias a pesar de que la diferencia demográfica entre ellas no solamente es abultada, sino que crece año tras año. El resto (35) se asigna en proporción a la población. Eso significa que el 53% de los puestos del Parlamento gallego reflejan en realidad a las provincias antes que a las personas, muy por encima de la proporción que rige en el Congreso y que alcanza el 29%.

En la actualidad, en A Coruña, por ejemplo, viven 1,1 millones de personas y en Ourense apenas 304.000. Tres veces más, aunque los coruñeses solo elegirán este domingo a 25 diputados y los ourensanos a 14. El fundamento de este reparto, que sobrerrepresenta a las provincias interiores (Lugo y Ourense), es garantizar su voz en la Cámara. El resultado es que Ourense y Lugo eligen 14 diputados cada una, mientras que Pontevedra va a escoger 22 y A Coruña, 25.

Y eso tiene efectos indeseados, como que obtener un escaño por Lugo cueste la mitad de los votos que en A Coruña. O, lo que es lo mismo: la papeleta de un elector coruñés que viva en una zona rural (hay muchas áreas despobladas en la provincia) vale la mitad que la de un vecino de la ciudad de Lugo, una capital tan urbana como cualquier otra. Toda una paradoja teniendo en cuenta que la sobrerrepresentación de Lugo y Ourense busca dar más presencia a las zonas rurales, aunque en ellas viva menos gente.

El porcentaje mínimo

El hecho de que Lugo tenga cinco escaños más de los que le corresponderían y que Ourense tenga seis es la principal anomalía del sistema electoral gallego, pero no la única. El PP impuso, por decisión unilateral de Manuel Fraga, que a partir de las elecciones de 1993 sólo se contabilizaran los votos de las candidaturas que obtuvieran el 5% en cada una de las cuatro circunscripciones en vez de aplicar el límite del 3% que las fuerzas políticas habían aprobado por consenso en 1985.

No fue una decisión inocente: él mismo había ganado por los pelos en las elecciones de 1989 y sabía que con ese ajuste, por pura matemática, saldrían ganando los partidos más votados, gracias al efecto añadido que provoca la regla D'Hondt, diseñada para primar a las fuerzas mayoritarias y perjudicar a las minoritarias.

Son decisiones, la sobrerrepresentación provincial y el porcentaje mínimo, que tienen consecuencias directas sobre el reparto de escaños. En las elecciones de 2009, por ejemplo, las primeras que ganó Alberto Núñez Feijóo, el PP se hubiese quedado en la oposición si el reparto de escaños se hiciese de acuerdo exclusivamente a la población. Es verdad que sí hubiese ganado igualmente las de 2012, 2016 y 2020, pero con dos escaños menos en cada una de esas convocatorias. La razón es que en las provincias de Lugo y Ourense, donde el voto vale casi el doble, hay más electores de áreas rurales, envejecidas y con rentas bajas, exactamente los tres perfiles en los que el PP cosecha más votos.

La ventaja del PP

El porcentaje del 5% también juega a favor de la derecha porque es un espacio político monopolizado desde 1989 por una única formación, el Partido Popular. Del otro lado, la izquierda, en cambio, ha tenido que convivir entre dos y tres formaciones políticas: primero el PSOE y el BNG y después el espacio de la izquierda alternativa representado primero por As Mareas y Podemos y ahora, sobre todo, por Sumar. Como la izquierda tiene más peso en las áreas urbanas, que son las que están infrarrepresentadas en el Parlamento (A Coruña y Pontevedra) y además se ven perjudicadas por la manera en que la regla D'Hondt distribuye los escaños, porque prima a los más votados, la consecuencia es el beneficio en diputados que siempre acaba obteniendo la derecha.

A lo que hay que añadir un tercer factor igualmente relevante: el voto de los gallegos inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA), que en Galicia se conoce como el voto de la emigración. La paradoja es que de las 476.514 personas que pueden votar en las elecciones gallegas sin vivir en España, la mayoría, unos 336.000, ni siquiera nacieron en Galicia. Lo que significa que una proporción de personas mayor que la población de las provincias de Lugo u Ourense tiene en su mano decidir el gobierno de una comunidad que muchos ni conocen mientras otros cientos de miles de gallegos que viven en España, muchos de los cuales acuden con frecuencia a sus localidades de origen, no pueden expresar sus preferencias.

Este domingo sabremos cómo han votado las personas censadas en Galicia, pero es posible que sigamos sin conocer el resultado de las elecciones. La culpa la tiene el desproporcionado peso que tienen los ciudadanos gallegos con derecho a voto que viven fuera de España y que ya en otras ocasiones han determinado a quien se le asigna el último escaño de una provincia. Las cifras explican su importancia: son el 15% del censo total en A Coruña y Pontevedra, y el 21% y el 28% en las provincias de Lugo y Ourense.

El recuento CERA

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Si el resultado del domingo, como predicen las encuestas, es apretado, y la mayoría absoluta entre bloques de izquierda y derecha depende de un escaño, tendremos que esperar al recuento del voto CERA para conocer el futuro de Galicia. Y estas papeletas no se revisarán hasta el lunes 26, cuando comience el recuento definitivo, que en teoría puede prolongarse hasta cuatro días.

Esta vez, además, puede aumentar el número de sufragios que lleguen del extranjero, porque ya no es necesario solicitarlo. Históricamente, vota una proporción muy pequeña de la población con ciudadanía española y derecho a voto en Galicia, aunque los que lo hacen suelen inclinarse por el partido que gobierna en la Xunta, en este caso, y desde hace 15 años, el Partido Popular.

El motivo no es casual: son, en general, poblaciones dependientes, que reciben servicios de la administración gallega o de centros y sociedades que viven en todo o en parte del dinero público que llega desde Galicia."