Los soberanistas reaccionan indignados a las peticiones de cárcel por el 'procés' y alejan la aprobación de los Presupuestos
La reacción de los soberanistas ante las penas solicitadas en sus conclusiones provisionalespor la Fiscalía y la Abogacía del Estado para los líderes del procés ha añadido este viernes complicaciones a lo que ya se presentaba como una incierta y crucial carrera de obstáculos: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, para la que el Gobierno necesita los nueve votos de ERC y la abstención, como mínimo, de los ocho diputados del PDeCAT.
Al menos hoy, lograr ese objetivo se perfila imposible: tanto ERC como JxCat han anunciado este viernes un sonoro portazo a las cuentas del Estado. Por la noche, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, puso el colofón a las declaraciones que a lo largo del día se habían ido sucediendo desde las dos formaciones independentistas. "Presidente Sánchez –proclamó durante un acto junto a la cárcel de Lladoners, donde permanecen encarcelados varios encausados–, nosotros, el pueblo de Cataluña, le retiramos el apoyo y le decimos que no votaremos los Presupuestos".
Sometido al fuego cruzado de los independentistas, que le acusan de ser "cómplice de la represión" por no haber hecho el "gesto" que le reclamaban como condición para dar vía libre a las cuentas públicas, y de PP y Ciudadanos, que le reprochan por el contrario haber cedido de manera "indecente" y mediante un "pacto vergonzante" ante los soberanistas, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto presentar su proyecto presupuestario a principios de diciembre. Si los Presupuestos se despeñan finalmente por falta de apoyos, quedará en la cuneta el pacto suscrito por PSOE y Unidos Podemos. Y con él, puntos como la subida del salario mínimo a 900 euros, la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC, y la protección del alquiler.
El proyecto presupuestario llegará previsiblemente y salvo nuevo retraso a la Cámara Baja antes de que haya comenzado el juicio donde el Tribunal Supremo debe dirimir si, tal como a día de hoy sostiene la Fiscalía, la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 significa que Oriol Junqueras y otros ocho de los 18 encausados se alzaron "violenta y públicamente" contra el Estado e incurrieron en un delito de rebelión. O de sedición, como entiende la Abogacía del Estado, que reclama 12 años para Junqueras, la mitad que la Fiscalía, que eleva a 25 años su solicitud de cárcel para el líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat. O ninguno de ellos.
Nada más conocerse de forma oficial los escritos de la Fiscalía y la Abogacía, ERC y JxCat lanzaron ya los primeros avisos. "A no gesto ni movimiento por parte del Gobierno, imposible gesto ni movimiento por nuestra parte", dijo el vicepresidente del Govern y adjunto a la Presidencia de ERC, Pere Aragonès. Desde las filas de JxCat, la diputada Gemma Geis se apresuró a destacar que, cuando gobernaba el PP, la acusación de la Abogacía del Estado era de malversación y ahora, con el PSOE, añade sedición: "Ningún gesto, sino al contrario".
Poco después, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, reforzaba los malos augurios: "El Gobierno ha perdido una oportunidad de oro". Y algo más: Pedro Sánchez es "cómplice de la represión". Por la noche, Torra endureció aún más su discurso y anunció ya de forma oficial que no votarían los Presupuestos.
En medio del fuego cruzado
Para el Gobierno, estar en la diana tanto de los independentistas como del bloque parlamentario de derechas le coloca en una situación diabólica en lo que a sus posibilidades de aprobar las cuentas se refiere. Al mismo tiempo, el hecho de que la Fiscalía haya mantenido la misma posición que defendía bajo el Gobierno del PP y el de que la Abogacía –que depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia– haya optado por el delito de sedición, que conlleva nada menos que 12 años de cárcel y que en absoluto contenta a los soberanistas, todo eso mina el argumentario según el cual la moción de censura contra Rajoy incluía una cláusula secreta: la de disolver la causa penal contra los dirigentes de ERC, JXCat y las asociaciones de los Jordis (ANC y Omnium Cultural) antes de que llegara a juicio.
Ahora, y ante la certeza de que la Fiscalía no modificaría su planteamiento en esta fase, Ciudadanos intenta cazar al PSOE con una proposición no de ley contraria a que los procesados se beneficien del indulto llegado el momento de una eventual condena. El indulto, advirtió este viernes la vicepresidenta, Carmen Calvo, es "una figura constitucional". "Y si alguien quiere modificar la Constitución en este punto debe decirlo porque no es cosa menor", añadió devolviendo el bumerán.
Las conclusiones plasmadas en los escritos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, remarcó tras el Consejo de Ministros Calvo, son "provisionales, provisionales". Tanto Calvo como la ministra de Justicia evitaron establecer la menor conexión entre el escrito de la Abogacía y la búsqueda de apoyos para los Presupuestos. Y destacaron dos mensajes. El primero, y así lo recalcó Dolores Delgado, que la discrepancia entre la Fiscalía y la Abogacía se inscribe en el intenso "debate jurídico" suscitado por la cuestión central del proceso, el delito de rebelión, cuya comisión notables juristas consideran imposible si no se produce un levantamiento armado. Como publicó infoLibre, las dudas sobre la rebelión abren la vía a que los presos del procés acaben afrontando condenas por conspiración.
El segundo mensaje se resume en las siguientes palabras de la vicepresidenta Calvo: que la crisis catalana constituye "un asunto capital" ante el que el Gobierno tiene un "único pronóstico", el de que hay que "resolver esta crisis, hacerlo con respeto escrupuloso a la acción de la justicia" y propiciar el encuentro con el Gobierno de Cataluña "porque no hay más salida que esa". Frente a "la tremenda herencia" de un Gobierno "que decidió que todo lo resolvieran los tribunales", el Ejecutivo de Pedro Sánchez es y aspira a ser "justamente lo contrario", sentenció Calvo. No obstante, la vicepresidenta evidenció este viernes uno de los puntos débiles a que deberá enfrentarse el Ejecutivo: que el propio Pedro Sánchez aseguró en mayo durante una entrevista que veía "clarísimamente" la existencia de un delito de rebelión.
Calvo trató de zafarse de la pregunta sobre el cambio de rumbo aduciendo que, entonces, Sánchez no era presidente. Pero la lógica más elemental apunta a que la oposición martilleará con el cambio de rumbo en cada ocasión que se le presente. Y que ese elemento –la variación fáctica de criterio, tanto en el caso del presidente como en lo que, por otorgamiento tácito, se refiere a la Abogacía– sin que ningún elemento novedoso haya irrumpido en el escenario– aflorará en el debate presupuestario.
Aunque la ministra Delgado enfatizó que la menor gravedad del principal delito esgrimido por la Abogacía obedece a un criterio jurídico y se negó a entrar en el debate de si se trata o no de un "gesto" – "que sirva o no sirva no tengo ni idea", respondió a un periodista–, todo apunta a que el Gobierno, pese a todo, no da por cerrado el diálogo. Ni la posibilidad de que sus cuentas obtengan el respaldo necesario en la Cámara. De momento, y aun si lo dicho ayer por Calvo y Delgado encierra un mensaje al soberanismo, la reacción de ERC y del PDeCat no permite augurar el menor acercamiento. Al menos, en fechas próximas y hasta tanto el juicio no desvele si realmente existe la opción de que la Fiscalía suavice sus conclusiones "provisionales".
Asimismo, las reacciones que el escrito de la Abogacía del Estado provocaron ayer en el PP y Ciudadanos parecen presagiar la dureza de la batalla política que se avecina con el doble y simultáneo telón de fondo del juicio al procés y la tramitación del proyecto de Presupuestos.
La reacción de la derecha
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, enmarcó de inmediato la posición de la Abogacía del Estado en un pacto "vergonzante" del Gobierno con el independentismo para intercambiar "impunidad a cambio de votos"."Nos disgusta que el Gobierno, a partir de la Abogacía del Estado, esté rebajando las penas para los golpistas", continuó Villegas, a cuyo juicio el "cambio de criterio" de la Abogacía del Estado busca que el Gobierno tenga más votos para los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso y "alargar" la estancia de Pedro Sánchez en Moncloa.
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El líder del PP, Pablo Casado, se pronunció en términos similares. "Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas", escribió en su cuenta de Twitter. El PP, añadió en Málaga durante la inauguración de la 24 Unión Intermunicipal Popular, no va a "tolerar que un Gobierno como el de Pedro Sánchez ponga en jaque la estabilidad y la dignidad del Reino de España por mandato de los independentistas golpistas".
El tercer flanco de ataque que se abre para el Gobierno no parece entrañar, de momento, riesgos adicionales en lo que a los Presupuestos concierne. Y ese flanco es el de Podemos. Su secretario general, Pablo Iglesias, ha criticado este viernes la "judicialización del conflicto catalán" y ha denunciado que las peticiones de penas de cárcel a los políticos independentistas demuestran, a su juicio, que la ley no es igual para todos en España. Así lo ha asegurado en una serie de mensajes publicados en las redes sociales, en los que critica que "algunos quieren que los independentistas se pudran en la cárcel", mientras que el expresidente de España José María Aznar "disfruta de la libertad y de todos los privilegios", a pesar de ser, según Iglesias, "máximo responsable de la corrupción y culpable de una guerra criminal".
Además de sus 84 síes, el PSOE tiene ya garantizados los 67 de Unidos Podemos, los cuatro de Compromís y el del diputado de Nueva Canarias, lo que suma 156 votos. El bloque que forman el PP y el partido de Albert Rivera dispone de 169 votos. Sánchez precisa, por tanto, los cinco votos favorables del PNV y los nueve de ERC para aglutinar así una mayoría simple de 170 escaños que le permita sacar adelante los Presupuestos en segunda votación, además de la abstención de los ocho diputados del PDeCat.
