Las sombras del amparo a los jueces: el CGPJ sólo lo ha concedido en siete años en una de cada 10 solicitudes

La negativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a tramitar la petición de amparo de José Ricardo de Prada, uno de los magistrados de la Audiencia Nacional que en 2018 declararon al PP beneficiario económico de Gürtel y consideraron probada la existencia de la caja B, pone sobre la mesa un interrogante: ¿constituye una práctica habitual del órgano de gobierno de los jueces denegar las solicitudes de apoyo planteadas por quienes se sienten objeto de un hostigamiento capaz de "perturbar" su independencia a la hora de investigar y sentenciar? La respuesta es afirmativa: desde diciembre de 2013, fecha de un inicio de mandato que expiró ese mismo mes de 2018 aunque el bloqueo político lo mantiene desde entonces en activo, el CGPJ recibió 39 solicitudes de amparo, pero solo se admitieron a trámite ocho. Y de esas ocho, solo cuatro derivaron en la concesión de amparo institucional. De Prada había pedido al Consejo apoyo para que tres periódicos cesaran en lo que el magistrado calificó como una "campaña mediática coordinada" contra su persona tras la sentencia con que el Supremo ratificó hace dos semanas los puntos esenciales de la resolución judicial de 2018.

En el anterior mandato del CGPJ, la tasa de peticiones desechadas fue muy superior: de 94 solicitudes de apoyo fueron admitidas a trámite 75. Pero solo dos de las 75 peticiones terminaron obteniendo el respaldo oficial del Consejo. En esa etapa (2008-2013), el CGPJ estaba bajo mayoría progresista aunque bajo la presidencia del conservador Carlos Dívar, elegido por unanimidad. Dívar dimitió en junio de 2012 por el escándalo de sus viajes en fin de semana. Le sucedió el efímero presidente progresista Gonzalo Moliner, que en diciembre de 2013 dio el relevo al conservador Carlos Lesmes. Su mandato, y el de los 20 vocales de mayoría conservadora que dominan el Consejo, expiró el 4 de diciembre de 2018.

En la actual etapa es Pablo Llarena quien, por su relevancia, encabeza la lista de jueces a quienes el Poder Judicial ha otorgado a lo largo de estos siete años un apoyo institucional que implica "requerir a la persona, entidad o asociación el cese de la actuación que motivó la solicitud de amparo": es lo que preceptúa el reglamento de la carrera judicial. Magistrado del Tribunal Supremo y juez instructor del  caso del procés, Llarena reclamó en 2018 el auxilio del Poder Judicial por el "ataque planificado" de los independentistas catalanes huidos. La comisión permanente del CGPJ, núcleo duro del Consejo y bajo control del ala conservadora, consideró el 16 de agosto de ese año que la demanda presentada contra Llarena en Bélgica por Carles Puigdemont y cuatro exconsellers intentaba, “sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero”. La demanda fue archivada por la justicia belga en abril de este año.

En la breve relación nominal de quienes obtuvieron amparo, todos ellos en 2018, sigue a Llarena el juez balear Manuel Penalva, ahora objeto de investigación judicial y que acudió al CGPJ por el "continuo hostigamiento" de varios letrados en el llamado caso Cursach. El juez pidió amparo, y lo obtuvo en febrero del año citado, después de que miembros del entorno del empresario de la noche Tolo Cursach, entre ellos un abogado, convocasen una manifestación ante el juzgado en protesta por la instrucción del caso, donde Penalva investigaba si en la mano del poderoso Cursach comía una caterva de policías locales de Mallorca. Pendiente de un juicio donde la Fiscalía pedirá para él ocho años de prisión y en el que se sentarán en el banquillo otros 22 acusados, en su mayoría policías, Cursach ha logrado lo que, de forma confidencial, una fuente conocedora de la corrupción balear resumía así: "Se ha llevado por delante a dos jueces, un fiscal y diversos policías". De hecho, Penalva y el fiscal que le acompañó en la instrucción del caso hasta que la Audiencia lo apartó por "falta de imparcialidad" están ahora sujetos a investigación penal por el Tribunal Superior de Baleares (TSJB). En esta laberíntica historia donde se cruzan (supuestos) comportamientos mafiosos a gran escala y (supuestas) actuaciones judiciales de carácter ilegal, Penalva se arriesga a que el TSJB le condene por prevaricación, revelación de secretos y deslealtad profesional así como por detención ilegal. El detonante de la investigación contra el juez y el fiscal fue la incautación de un chat privado a un policía judicial donde de forma coloquial y estrictamente privada todos los participantes se ponían al día sobre el caso.

Los casos de Llarena y Penalva marcan una frontera nítida sobre el porqué de la concesión del amparo: lo sucedido tenía tal envergadura que, como toda amenaza, entrañaba el riesgo de agrietar su independencia.  Pero el círculo de quienes lo han obtenido desde 2013 lo cierran dos magistradas contra las que sus acosadores emplearon la táctica de la difusión de ataques a través de medios de comunicación, carteles o blogs. Es decir, la utilización de medios de propaganda o de información.

Publicidad e información, una frontera más difusa

El primer caso fue el de la titular del juzgado de violencia de género número 1 de Arganda del Rey, María Jesús López Chacón. El relato que a través de un comunicado oficial hizo el CGPJ el día en que otorgó su amparo a la magistrada habla de lo que hizo una víctima en desacuerdo total con las decisiones de López Chacón: "La mujer, personada en varios procedimientos que se tramitaron o se tramitan en el Juzgado, desarrolla desde hace varios años conductas como personarse en las dependencias del Juzgado para advertir a las víctimas de violencia de género que habían sido citadas del “maltrato judicial” que allí se las dispensaba; colocar en el mismo lugar carteles denunciando determinadas actuaciones judiciales que ella consideraba que atentaban contra las víctimas; o publicar en un blog textos en los que se tachaba a los jueces de “cómplices necesarios de los terroristas maltratadores” o decía que lo más probable era que un día se la hallase muerta al estar su caso en manos de la magistrada, a la que citaba con nombre y apellidos". Todas esas actuaciones –agregaba la nota– “rebasan el límite de lo que puede considerarse admisible y tolerable”. Y son “objetivamente susceptibles de perturbar y minar la independencia de cualquier magistrado”.

El amparo le fue concedido el 5 de abril de 2018. Al mes siguiente, la permanente del Consejo se lo otorgó el 23 de mayo a la titular del juzgado de primera instancia número 28 de Madrid, Emilia Marta Sánchez Alonso. En este caso, la situación era la inversa: quienes lanzaron contra ella lo que el CGPJ definió como "una auténtica campaña de hostigamiento" fueron los responsables de una organización del universo ultra, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, por sus decisiones en materia de familia. "Entre los hechos que se consideran acreditados –decía el comunicado del CGPJ– la Permanente señala el reparto en la puerta del edificio donde tiene susede el Juzgado de octavillas en las que se decía que la magistrada había falsificado más de 750 informespsicosociales y era una presunta prevaricadora". Además, proseguía el texto, “se encuentra acreditado que la asociación ha desplegado una intensa campaña mediática –en varios diarios digitales- con el objeto de desacreditar a la magistrada y de influir en sus resoluciones judiciales. Tanto es así que se solicita por la asociación la inhabilitación y expulsión de la carrera judicial de la magistrada, llegándola a acusar de hechos delictivos al afirmar que ha procedido a alterar, junto con otras personas, informes psicosociales de manera sistemática y continuada durante diez años para decidir custodias de niños”.

Los casos de la juez López Chacón y Sánchez Alonso enlazan con el de una tercera jueza, Ángeles de Lorenzo-Cáceres, titular del juzgado de instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife. En noviembre de 2015, De Lorenzo remitió al CGPJ una petición de amparo contra el digital Canarias Ahora por lo que consideraba críticas tan exacerbadas a su instrucción en un caso relativo a la televisión pública del archipiélago que ponían en juego su independencia. El Consejo admitió a trámite su solicitud aunque dos meses después, en febrero de 2016, le denegó el amparo.  Pero lo hizo mediante un acuerdo que incluía una durísima reconvención a Canarias Ahora. "Sin perjuicio de que toda decisión judicial esté sometida a la crítica pública –decía el texto– todos han de asumir un especial deber de favorecer la confianza en la Justicia. El traspasar los límites que comporta el ejercicio de todo deber entraña transmitir a los ciudadanos una imagen distorsionada de lo que supone el principio democrático de separación de poderes, constitutivo de nuestro estado de derecho". Las "expresiones" que Canarias Ahora había dedicado a la magistrada " carecen de una justificación mínimamente razonable, y son un exceso no justificado de crítica de las decisiones judiciales, que no sólo comprometen el deber de respeto hacia las decisiones judiciales, sino que, además, transmiten a los ciudadanos una imagen distorsionada de la Justicia y del principio constitucional de separación de poderes, que ha de considerarse un principio constitutivo de nuestro sistema político y de convivencia".

Cuatro años y medio más tarde, es el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada quien ha sustentado su petición de amparo en expresiones utilizadas por tres medios de comunicación de rango estatal, Abc, El Mundo y La Razón. Entre los textos aportados por el juez figuraban estos: "El magistrado De Prada fue la mano que meció la cuna de un cambio de Gobierno"; "Ricardo de Prada, es cierto, plantó la mina";"no fue [introducir en la sentencia de 2018 referencias a la caja B]el resultado del error o la impericia de un juez, que sería de por sí grave, sino de una intencionalidad motivada por un objetivo estrictamente político. Es algo indigno". La permanente del CGPJ acordó el día 20 inadmitir a trámite la petición. La inadmitió de plano "al carecer la misma de fundamento, por no concurrir en el supuesto examinado los elementos determinantes de perturbación o ataque a la independencia judicial, concebida como capacidad de decisión no condicionada y sometida en exclusiva al imperio de la ley". Tres vocales de la permanente del CGPJ, todos del denominado sector progresista, emitieron un voto particular. Lo que en ese voto defienden sus autores es que los ataques recibidos por De Prada suponen un riesgo para su independencia en juicios del caso Gürtel pendientes de celebración y en cuyos tribunales –al menos, en uno de ellos– participará el magistrado.

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Entre quienes en estos siete años vieron inadmitidas sus solicitudes de amparo figura otro juez del tribunal de Gürtel, Julio de Diego, que pidió amparo en julio de 2018 después de una denuncia repicada por distintos medios y según la cual en el juicio celebrado el año anterior se había dormido; Según De Diego, el objetivo de la denuncia era "socavar y denigrar mi imagen profesional ante la opinión pública y ante la institución que gobierna el Poder Judicial, como represalia por mi posición jurisdiccional en la reciente sentencia Gürtel y de cara a mi presencia en futuros juicios de las distintas piezas del mismo procedimiento de los que formaré parte, incluso como ponente".

A esta segunda pero mayoritaria lista se unen otros jueces como José Yusty Bastarreche, quien hace un año frenó la exhumación de Franco cuya petición de amparo –los motivos de la solicitud no trascendieron– fue inadmitida en noviembre de 2016.

Y hay dos magistrados que acudieron cada uno de ellos en dos ocasiones al CGPJ, siempre de forma fallida: el juez togado Óscar Amellugo, quien según la Asocición Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en 2015 intentó aplicar el Código Penal Militar a un civil por falso testimonio; y el polémico y ya exjuez decano de Talavera (Toledo) Fernando Presencia, embarcado en una guerra sin cuartel con otros jueces y fiscales a los que acusa de corrupción. Presencia fue condenado en julio de 2019 a siete meses de cárcel por calumnias contra el presidente del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCM). Había pedido amparo en 2016 y en 2017.