¿Quiénes son los señores de la OSCE? Los expertos se lo aclaran a Esperanza Aguirre

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha mostrado este lunes su enfado por la visita de los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a España para supervisar el transcurso de las Marchas de la Dignidad: "¿Quiénes se creen que son esos señores para venir a vigilar a nuestra Policía como si esto fuese una república bananera?", ha escrito en Twitter.

Aguirre ha profundizado en su enfado en una entrada en su blog y ha afirmado que "en un país serio, como por ejemplo Inglaterra, Francia o Alemania, no se les hubiera permitido ir para inspeccionar nada". "Estoy segura", ha rematado, obviando que, por ejemplo, los observadores de la OSCE se desplazaron el 30 de julio de 2011 a Reino Unido para presenciar las fiestas del orgullo gay de Belfast.

Poco después de la queja de Aguirre, la representante para la Libertad de Prensa de la OSCE, Dinja Mijatovic, ha expresado su preocupación por la "violencia e intimidación por parte de policías contra periodistas" que cubrían las protestas del 29 de marzo en Madrid y ha instado al Gobierno a abrir una "investigación en profundidad". "Cualquier intento de intimidar o atacar a periodistas es una clara violación del derecho a la libertad de los medios y no puede tolerarse", ha añadido.

En cualquier caso, la expresidenta madrileña se ha hecho más preguntas: "¿Quiénes son esos señores de la OSCE?", "¿qué pintaba esa noche en Madrid una delegación de la OSCE?". ¿Acaso España se convierte en una "república bananera" o una "satrapía comunista" –calificativos empleados por la dirigente conservadora– al aceptar la visita? ¿Vigila la OSCE a la policía de "países libres y democráticos"?. Expertos consultados por infoLibre resuelven las dudas que plantea Aguirre.

Proteger derechos

Sobre la misión de la OSCE, Patricia Goicoechea, abogada y directora adjunta de Rights International Spain (RIS) señala que una "función importante" de la oficina para la democratización de las instituciones y los derechos humanos (ODIHR) perteneciente a la OSCE es la de "proteger derechos que están en la misma base de la democracia, entre ellos la libertad de reunión". En ese contexto es en el que se enmarca la visita a España de los observadores.

"Tanto la visita de la OSCE como la de cualquier organización con observadores internacionales en el contexto de un conflicto o de una situación de violación de los derechos humanos es positiva", añade Ángel Gonzalo, portavoz de Amnistía Internacional en España. Gonzalo aclara que recoger información "sobre el terreno" es clave para poder emitir informes, valoraciones y recomendaciones verdaderamente independientes.

"Nunca tendríamos que haber permitido la presencia de estos observadores", ha dicho por su parte Aguirre. Sobre su visita, que ha tachado de "intolerable presencia", ha agregado que constituye a su parecer "un sólido argumento" para pedir que "la OSCE, que seguro que está llena de burócratas muy bien pagados, se reoriente o desaparezca".

Actualmente, la OSCE está presidida por el ministro de Asuntos Exteriores suizo, Didier Burkhalter, miembro del Partido Liberal y además presidente del Consejo Federal suizo. 57 países están representados en la organización, creada en 1994 como sucesora de Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE). Entre los principales donantes a la organización figuran Estados Unidos (48% del total), Noruega (12%) y la Comisión Europea (4,8%).

No sólo repúblicas bananeras

Goicoechea subraya que los observadores sólo pueden acudir cuando tienen la aceptación de las autoridades estatales. Es decir, que el Gobierno aceptó la presencia de la OSCE el 22-M. "Normalmente las autoridades estatales entienden que es importante aceptar, pues es una garantía de que están protegiendo los derechos de sus ciudadanos. Y es también una cuestión de pura diplomacia: decir que no es algo poco estratégico", aclara la abogada.

En esta misma línea, recuerda cómo en septiembre la organización emitió un comunicado "bastante duro para sus términos habituales" tras ser expulsada de España. Inicialmente el Gobierno había aceptado la preencia de observadores en el "Jaque al rey" del 28 de septiembre de 2013, pero a 24 horas de la manifestación convocó a los expertos en el Ministerio de Exteriores y los expulsó. Aquel 28-S se saldó con 25 detenidos y 64 heridos.

Sobre los países a los que acuden los observadores internacionales, en el listado de destinos visitados por la OSCE para misiones relacionadas con el derecho de manifestación entre mayo de 2011 y junio de 2012 –último informe anual disponible hasta la fecha– figuran Moldavia, Ucrania, Italia, Polonia, Reino Unidos, Serbia, Suiza, Hungría, Estados Unidos y Croacia.

Investigar los excesos

En lo que respecta al fondo de la cuestión, Esperanza Aguirre ha afirmado que el 22-M "grupos violentos pretendían que Madrid viviera una jornada de terror" utilizando "tácticas y métodos de guerrilla urbana" con el objetivo de "provocar una tregedia". A esa actitud "violenta" ha contrapuesto el hecho de que, bajo su criterio, "la Policía mantuvo la calma y mostró una contención y un sentido de la disciplina verdaderamente admirables".

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Gonzalo y Goicoechea no coinciden, tampoco en este punto, con la líder regional del PP. Gonzalo sostiene que "Interior siempre respalda a la UIP –la unidad antidisturbios de la Policía Nacional– incluso antes de investigar sus actuaciones", algo que, reconoce "suscita dudas a Amnistía Internacional". "Hay que verificar las denuncias e investigar –añade–, es poco prudente decir que siempre actúan bien",

A este respecto, asegura que Amnistía dispone de informaciones propias que demuestran un clima de "impunidad de los abusos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", pues ni los policías rinden habitualmente cuentas, ni son llevados a juicio cuando se demuestran abusos. "Son sólo algunos agentes –advierte–, y muchas veces actuán bajo presión y en condiciones de tensión, pero si hacen un uso excesivo de la fuerza hay que investigar".

"Al margen de la OSCE –sentencia por su parte Goicoechea–, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa emitió el año pasado un informe bastante crítico tras su visita a España en el que mencionaba el uso excesivo de la fuerza por parte de la UIP en las manifestaciones".