La subida del IRPF se mantendrá hasta 2015

El Gobierno no va a cambiar su política económica. Ha sido el primer anuncio de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la presentación del programa de reformas. “Es bueno reducir el déficit”, ha asegurado, por lo que la consolidación fiscal va a seguir siendo el objetivo prioritario del Ejecutivo. En la tesis de Sáenz de Santamaría, los duros ajustes realizados en 2012 son los que han mejorado los datos macroeconómicos –deuda pública, balanza de pagos, condiciones de financiación internacional– “imprescindibles” que ahora evitan las subidas de del IVA o el IRPF y permiten acometer “reformas estructurales”.

Hasta cuatro veces repitió la vicepresidenta que no va a subir los grandes impuestos antes de enumerar las ocho reformas “clave” en la que está empeñado el Gobierno. Entre ellas, la creación de nuevos impuestos medioambientales y la subida de algunos especiales y sobre los depósitos bancarios. No especificó qué impuestos especiales va a subir, sólo que no serán los que afectan a los hidrocarburos y a la hostelería. También eliminará deducciones en el impuesto de sociedades de las grandes empresas, en concreto de aquéllas que facturan más de 20 millones de euros. Y prorrogará un año, hasta 2015 la subida del IRPF que decretó en 2012.

En diciembre de 2011, el Ejecutivo anunció una subida progresiva del IRPF para los años 2012 y 2013, con lo que estaba previsto que en 2014 desapareciera este gravamen complementario, que supuso un aumento del impuesto de entre el 0,75% y el 7% dependiendo de los ingresos y unos ingresos el pasado año cercanos a los 4.000 millones de euros.

Sobre los depósitos bancarios, se trata de una medida ya anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ha asegurado que será un “tipo muy moderado”, del 0,2 por 1.000, que “armonizará el mercado interior bancario”. Ya lo han aplicado algunas comunidades autónomas y ahora habrá un impuesto de ámbito estatal por el que el Gobierno espera recaudar entre 250 y 300 millones de euros.

También ha prometido una Ley de Desindexación de la Economía Española, por la que el IPC dejará de ser el índice por el que se actualizarán losingresos y gastos, precios, tarifas, tasas y rentas de las administraciones públicas. Este cambio afectará, dijo Sáenz de Santamaría, a los contratos administrativos, pero no a las pensiones. La vicepresidenta ligó este cambio al pacto de rentas firmado por la patronal y los sindicatos el año pasado como parte de acuerdo para la negociación colectiva. El nuevo índice será "más exigente que el IPC" y en su formulación se tendrá en cuenta el nivel de inflación del 2% considerado por el BCE como estabilidad de precios.

Comité de expertos "muy plural"

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Sáenz de Santamaría se refirió precisamente al marco específico que para las pensiones creará el diseño del factor de sostenibilidad. Pero subrayó que ese mecanismo de ajuste automático de estas prestaciones de la Seguridad Social aún no está definido y aseguró que los criterios para hacerlo tendrá que redactarlos el comité de expertos designado por el Gobierno. Según Cristóbal Montoro, ese grupo de 12 sabios es "muy plural desde el punto de vista ideológico". También rechazó que el proyecto del Ejecutivo sea aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años. "No vamos por ahí", concluyó.

Además, el Ejecutivo anunció, un día después de que se haya conocido que los parados españoles superan los seis millones, más que nunca en la historia del país, que evaluará, y lo harán expertos independientes, los efectos de la reforma laboral en su primer año de funcionamiento. Según consta en la reseña del Consejo de Ministros que ha publicado Moncloa, este informe "será contrastado por un organismo independiente, como la OCDE, antes de julio de 2013". El ministro de Economía, Luis de Guindos, se mostró seguro de que ese informe será "favorable" y pondrá en valor los efectos de la reforma laboral, "independientemente de que la recesión impacte negativamente en el paro". Incluso reconoció que el elevado desempleo es la “principal vulnerabilidad de la economía española, tanto desde el punto de vista social como de los mercados internacionales”. Pero defendió que los indicadores adelantados de la economía española “apuntan a que la recuperación va a llegar”, también a la sociedad. No precisó, aunque se lo preguntaron los periodistas, cuándo empezarán a notarlo los españoles.

El resto de las medidas ya habían sido anunciadas por el Gobierno: la reforma de las administraciones locales, la Ley de Apoyo a los Emprendedores y a la internacionalización de las empresas, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y la de Colegios y Servicios Profesionales. También incluyó la vicepresidenta en sus ocho reformas claves la redacción de un nuevo código de buen gobierno corporativo para las empresas.