El suicidio de la trabajadora de Iveco evidencia las lagunas en la protección de víctimas de acoso sexual en el trabajo

Una mujer se quitó la vida este sábado después de que un vídeo de contenido sexual se viralizara entre los trabajadores de su empresa. CCOO acaba de anunciar su intención de presentar una denuncia ante Inspección de Trabajo contra la empresa Iveco por inacción, según informa la Cadena Ser. El suceso destapa las muchas lagunas en la protección de las víctimas de acoso sexual en el trabajo y no es el único caso reciente al respecto.

La Guardia Civil de Archena (Murcia) recibió el pasado jueves 16 de mayo una denuncia. En ella, una joven jornalera alertaba de la agresión sexual que había sufrido tan solo días antes, el martes, por parte de su superior. Según informó la Cadena Ser, el "encargado de su trabajo en el campo insistió en quedar con ella para tomar un café por la noche". Condicionada por la relación de poder entre superior y subordinada, ella accedió. El desenlace se desarrolla en la Comisaría de Archena, con la citada denuncia por violación. Una denuncia que, sin embargo, no todas las víctimas dan el paso de interponer. Y es que el acoso sexual en el ámbito laboral supone el inicio de un camino plagado de obstáculos, especialmente debido a las consecuencias personales y profesionales que pueden recaer no sobre el agresor, sino sobre las espaldas de las propias mujeres.

Los datos al respecto son escasos. Lo son, habitualmente, en lo que se refiere a las agresiones sexuales, sus denuncias y sus desenlaces, pero resultan más opacos si cabe cuando el ataque se produce en el terreno laboral. De acuerdo a un informe de UGT, que recoge datos de la Inspección de Trabajo entre los años 2008 y 2015, 2.484 mujeres se vieron afectadas por infracciones en materia de acoso sexual, se efectuaron 1.489 requerimientos y se impusieron sanciones por valor de 237.748 euros.

En su estudio, el propio sindicato recuerda que "este tipo de violencia está muy invisibilizada". Y como consecuencia, las víctimas tienen "grandes dificultades para expresar y comunicar el problema y aún más para denunciarlo". Los motivos tienen que ver con las razones que de forma general arguye cualquier víctima de violencia sexual, con un añadido: los riesgos laborales que implica la denuncia. "Las víctimas temen exponerse a represalias y acabar perdiendo el empleo, de forma que sufren el acoso pero en muchísimos casos no lo denuncian", lanza el sindicato, quien repara además en "la dificultad de prueba en vía judicial, tanto en la penal como en la laboral", lo que hace que "las víctimas no cuenten con la seguridad necesaria para hacer valer sus derechos en la vía jurisdiccional".

Por otro lado, "las resoluciones judiciales de condena son escasas y las penas para los agresores en la vía penal son muy bajas". De hecho, señala, la protección penal sólo tiene lugar en "casos muy graves" y las penas son tan sólo de unos meses de prisión, concretamente entre tres y cinco, o bien una multa de seis a diez meses. Si el acosador es un superior, la pena asciende a cinco o siete meses de prisión o multas de diez a catorce meses. El acoso por razones de género raras veces llega a los tribunales y no siempre remata en condena: sólo 49 hombres fueron condenados por este asunto entre 2009 y 2015, según la organización sindical.

Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, recuerda en conversación con este diario que denunciar una agresión sexual "ya es complicado", pero "si nos centramos en el ámbito laboral lo es todavía más". Normalmente, relata, el acoso o agresión "se produce por parte de superiores a subalternos y mayoritariamente no se denuncia por miedo a perder el puesto de trabajo o porque la víctima piensa que no la van a creer". Cuando se trata, además, de acoso en lugar de agresión, "es muy complicado tener siquiera testigos".

Las vías de denuncia

¿Qué ocurre cuando una mujer sufre acoso por razón de sexo en su trabajo? Las vías de denuncia son diversas. "Se puede hacer desde el ámbito laboral, administrativamente, o en el ámbito de lo penal", explica Antoñanzas. A su juicio, decantarse por la denuncia mediante la vía laboral tiene una ventaja clara: el respaldo sindical. "Los sindicatos podemos acompañar a la víctima", un punto fundamental en el proceso, entiende la sindicalista. En la esfera laboral las sanciones las impone cada convenio colectivo y pueden alcanzar el despido. "Lo importante es proteger a la víctima y en la medida de lo posible no separarla de su puesto de trabajo", continúa.

La legislación, dice Elena Blasco, secretaria de Igualdad de CCOO, es la principal herramienta porque "obliga a unas relaciones laborales libres de acoso". Y es que "el acoso sexual es una realidad muy extendida pero habitualmente oculta", observa, que además afecta a "la salud integral y al desarrollo profesional" de las mujeres. Pero más allá del terreno legislativo, Blasco apuesta por incrementar la dotación de recursos de la Inspección de Trabajo, con el objetivo de aumentar sus actuaciones de oficio. La denuncia, comenta la sindicalista, puede aparecer cuando hay una situación de acoso o después de que se haya producido. "Cuando es posterior, hay menos capacidad para actuar y corregir la situación", señala Blasco. En demasiadas ocasiones el procedimiento habitual consiste en "poner tierra de por medio, acabar con la relación laboral y luego denunciar". Pero, advierte, "cuando realmente existe capacidad de actuación es cuando la relación laboral se mantiene firme".

Encarna Abascal, secretaria técnica nacional de prevención de riesgos laborales en CSIF, sostiene que la primera carencia en la materia tiene que ver con la falta de información. Cuando una mujer sufre acoso sexual, debe saber que "el empresario es responsable de todo lo que le pase", especialmente a la hora de "vigilar su seguridad y su salud". Sin embargo, coincide, el apoyo que ofrecen los sindicados se revela como piedra angular. "Al final es quien vela por los derechos de los trabajadores y quien ofrecerá apoyo y acompañamiento en un proceso que es largo e intenso", afirma. Es por tanto el asesoramiento jurídico y psicológico la base de toda denuncia, aunque la víctima puede ir por su propia vía recurriendo a un abogado particular.

Pero lo cierto es que, una vez identificado el problema, el porcentaje de afectadas que se decide a denunciar es "realmente muy pequeño", precisamente "porque no hay información, no se sabe cómo comunicarlo y las empresas tampoco cuentan con personas formadas". En muchos casos, además, las propias empresas "intentan estigmatizar a la víctima en lugar de apoyarla". Por otro lado, comenta, se trata de "comportamientos tan íntimos que a veces es difícil encontrar testigos". Y tampoco es habitual la interposición de medidas cautelares. "Cuando la víctima toma conciencia y da el paso de denunciar, es muy importante la medida cautelar" contra el acosador, subraya.

Prevención y protocolos

Un primer vistazo a los convenios publicados en el BOE, señala Blasco, arroja en torno a un 30% de convenios que recogen la necesidad de implantar medidas preventivas. Sin embargo, lamenta, "no existe un registro oficial de los protocolos" de respuesta ante el acoso sexual –de obligado cumplimiento para todas las empresas– y "las medidas preventivas no parecen existir".

Es ahí, en la prevención y los protocolos de actuación, donde de forma más insistente ponen el foco los sindicatos. Y su desarrollo e implantación real sólo sucederá "a través de la negociación colectiva", añade Blasco. Con ella coincide Antoñanzas. "Hay muy pocas empresas en las que existan protocolos de actuación", aunque reconoce que los datos exactos al respecto no existen: hasta ahora, dice, "ni siquiera tenían la obligación de registrar los planes de igualdad".

El motivo de la opacidad a la hora de conocer los protocolos contra el acoso y de su previsible baja implantación tiene que ver, razona Blasco, con que "a nivel cultural y social se transmiten y perpetúan comportamientos que hacen que tengamos relativa tolerancia con diferentes comportamientos que no consideramos acoso, pero que pueden llegar a serlo". Además, la sensación de aislamiento respecto al resto de la plantilla es una constante en los casos de acoso sexual, porque la víctima "se siente agredida en su intimidad o porque le da hasta vergüenza", lo que lastra "el proceso de asesoramiento" y actuación para reparar el daño.

Abascal se muestra taxativa: "Estamos en pañales y queda mucho camino por recorrer". Al final, el acoso sexual en el ámbito laboral "es una realidad que no queremos ver pero que está muy presente". Existe una "actitud de pasividad ante el tema", que finalmente "se diluye en el tiempo" con el resultado de "estigmatizar a la víctima". La tónica general es que "vemos entendible que el hombre pueda tener este tipo de comportamientos", lamenta Abascal. La dilación de los tiempos, las dudas sobre las víctimas, la escasa implicación de las empresas y la falta de protocolos tienen gran parte de culpa. 

El caso de Pablo Soto revela la falta generalizada de protocolos específicos contra el acoso sexual en los partidos

Ver más

Pacto de Estado

Los avances a este respecto son pausados, pero se van sucediendo. En marzo del presente año, el Gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante un decreto por la igualdad laboral que establecía la obligación de elaborar planes de igualdad no sólo para las empresas con una plantilla superior a los 250 trabajadores –como dictaba hasta aquel momento la Ley de Igualdad–, sino también para aquellas que cuenten con 50 empleados en adelante. Contar con protocolos contra el acoso sexual, en todo caso, es obligatorio para todas las empresas independientemente de su tamaño.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado en septiembre de 2017 por todos los partidos salvo Podemos –quien exigió en su día una mayor apuesta por las demandas de las organizaciones feministas–, también apela al acoso sexual en el ámbito laboral y llama a la obligación de imponer "medidas y protocolos contra el acoso sexual o el acoso por razón de género en las empresas", con el fin de mejorar la regulación y los derechos de las víctimas, "abordando tal cuestión en la normativa de prevención de riesgos laborales".