Justicia
El Supremo aumenta a 17 años la condena para Roca por el ‘caso Malaya’
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha incrementado la pena impuesta al presunto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, de 11 a 17 años de prisión, al atribuirle un nuevo delito de fraude fiscal y agravar las condenas por cohecho y blanqueo de capitales.
El Supremo ha confirmado la mayoría de las condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Málaga, aunque agrava alguna de ellas a instancias de la Fiscalía. La resolución incluye también la rebaja de las penas impuestas en primera instancia a la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe y la exprimer teniente de alcalde Isabel García Marcos. La condena de Yagüe pasa de 6 años a 5 años y seis meses de cárcel, mientras que la de García Marcos se rebaja de 4 años a 3 años y seis meses, informa Europa Press.
Asimismo, la sentencia deja sin efecto el pronunciamiento del tribunal de instancia, que pedía que los bienes decomisados y el importe de las multas se destinara a pagar las deudas generadas para con el Ayuntamiento de Marbella. En su lugar, estos bienes se adjudicarán al Estado.
No obstante, el alcalde de Marbella, el socialista José Bernal, anunció este miércoles que solicitará al Gobierno que se comprometa a que los fondos que se recauden por las multas "lleguen a la ciudad en forma de inversiones en planes de empleo, infraestructuras y promoción". "Es injusto que estas cantidades vayan dirigidas a las arcas generales del Estado y que Marbella no reciba compensación cuando ha sido la que ha sufrido la corrupción", sentenció el regidor.
Más de 3.000 folios
La sentencia –de la que ha sido ponente el magistrado Juan Saavedra– tiene 3.138 folios y cuenta con el voto particular de Andrés Martínez Arrieta. Tras casi dos años de juicio, la Audiencia malagueña condenó en octubre de 2013 a medio centenar de personas, entre ellas el principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que se le impusieron 11 años de prisión y 240 millones de euros de multa por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación.
También fue condenada la exalcaldesa Marisol Yagüe a seis años de cárcel y multa de 2,3 millones por cohecho continuado pasivo para acto injusto no realizado, malversación, alteración de precio de subasta y fraude, sí como empresarios, abogados y exconcejales marbellíes.
La Sala de lo Penal del Supremo fijó varias sesiones en julio del pasado año para escuchar al medio centenar de partes, entre ellas la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado, que recurrieron la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga contra la mayor trama de corrupción que incluso generó, por primera vez, la disolución de un Ayuntamiento.
En esas vistas, la Fiscalía solicitó más pena para la mayoría de los condenados, pidiendo una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas; mientras que la abogada de Roca pidió "depuración y limpieza" de todo el procedimiento judicial del caso porque la instrucción la realizó un "enemigo del investigado" y "sin sujeción a la Constitución ni a la ley".
Absueltos cuatro de los 52 condenados
El Supremo ha reducido de 52 a 48 el número de condenados tras absolver a los empresarios Joaquín Martínez Vilanova, Julio de Marco y José María Pérez Lozano del delito de cohecho activo, y al exonerar al abogado Francisco Soriano del delito de falsedad documental.
Los tres primeros –ejecutivos de la empresa Autobuses Portillo–habían sido condenados a seis meses de prisión por la Audiencia Provincial de Málaga, acusados de aceptar el pago de 390.000 euros al fallecido concejal de Transportes de Marbella, Victoriano Rodríguez, a cambio de obtener la concesión de la estación de autobuses de la ciudad. Han sido absueltos al quedar anuladas algunas de las intervenciones telefónicas que solicitó el juez instructor.
Por su parte, Soriano, acusado y abogado defensor en el caso Malaya, fue condenado a un año por falsedad documental y absuelto de la acusación formulada por la Fiscalía, que pedía en su contra otros seis años por blanqueo de capitales. Gestionaba junto a sus hijos sociedades de Juan Antonio Roca en el despacho Sánchez-Zubizarreta Soriano, que, según la investigación, creó la estructura para blanquear el ingente patrimonio del exasesor de Urbanismo.
Crítica a los macroprocesos
En su sentencia, el alto tribunal pone de manifiesto las dificultades que ha generado la tramitación de esta causa, paradigma de los denominados macroprocesos, que el Tribunal Supremo considera que a la larga generan más efectos perversos o contrarios a los que se pretenden evitar, cuestionando así el modelo de instrucción vigente.
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La resolución, que resuelve 48 recursos, desestima la gran mayoría de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por los recurrentes, entre ellas, la vulneración de su derecho a un juez imparcial durante la instrucción de la causa.
La Sala de lo Penal sí considera nulas algunas de las intervenciones telefónicas –acordadas por el instructor– que suponen la absolución de tres empresarios. Se desestima el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía por carecer de legitimación para el ejercicio de la acción popular.
Además, tal y como solicitó la Fiscalía, deja sin efecto la aplicación de la atenuante analógica de detención irregular apreciada por la Audiencia Provincial respecto a algunos acusados. La Sala de lo Penal también desestima la pretensión de algunos recurrentes de que se les aplicara la atenuante de dilaciones indebidas.
