Susana Díaz defiende que la Junta pague la defensa a los acusados de los ERE que sean absueltos

La consejera de la Presidencia y de Igualdad de la Junta de Andalucía y candidata a la sucesión de José Antonio Griñán en el PSOE andaluz, Susana Díaz, ha afirmado este miércoles que "lo razonable y lo lógico" sería que el Gobierno autonómico abonara la defensa jurídica de aquellos altos cargos de la administración que "resultaran inocentes" al final del proceso que la jueza Mercedes Alaya tiene abierto por el caso de los ERE irregulares.

En declaraciones a los periodistas, Díaz, que ha inaugurado el Centro de Ingeniería e Innovación Aerospacial en La Rinconada (Sevilla), ha señalado que serán "los servicios jurídicos los que tienen que responder individualmente en cada caso".

La consejera socialista se ha pronunciado así sobre la referencia que este martes hizo tras el Consejo de Gobierno el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, a la existencia de una norma que regula la asistencia jurídica a las "autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía".

La norma referida es el Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, según indica la Oficina del Portavoz del Gobierno en un comunicado.

Así, según la disposición adicional segunda del citado decreto, "los letrados de la Junta de Andalucía podrán representar y defender a las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su categoría, en toda clase de procedimientos judiciales que se dirija contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del Gabinete Jurídico, por el titular de la Consejería de quien dependa el afectado".

Igualmente, ha apuntado que en su artículo 3, dicha disposición, establece literalmente que "en los casos en los que, resultando procedente la defensa de las autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía por los Letrados de la Junta de Andalucía, pudiera existir incompatibilidad material por la posición procesal de la Comunidad Autónoma haya de mantener en el mismo o en otros procedimientos, la Consejería competente, previo informe del Gabinete Jurídico, podrá contratar los servicios de profesionales que se encarguen de la defensa de aquel personal".

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Por todo ello, desde la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz señalan que Junta "no va a abonar la defensa de los imputados por el último auto del Juzgado de instrucción número 6 —en el que imputa a 20 cargos y excargos de la Junta—, porque ni siquiera ha sido aún notificado a los imputados, y por tanto no existe la preceptiva solicitud por su parte de asistencia de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, ni informe previo, ni autorización".

Del mismo modo, ha apuntado en el comunicado que el Decreto 450/2000 "asiste y protege jurídicamente al personal de la Junta de Andalucía en su conjunto, sin distinción alguna por cargo o función. Solo tiene en cuenta que el proceso judicial afecte al desarrollo de sus funciones contempladas en el marco de la ley".

En este sentido, la Oficina del Portavoz ha recordado que "hasta ahora, y después de tres años de instrucción judicial, la Junta solo se ha hecho cargo de la defensa de Daniel Rivera, exdirector general de Empleo, porque así lo estimó conveniente el Servicio Jurídico, el mismo servicio que ha solicitado la imputación y afianzamiento de varios ex altos cargos de la Junta". Además, ha resaltado que este hecho fue informado "con total transparencia a la opinión pública".