El TC estudia si suspende la consulta alternativa del 9-N

Los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se reúnen a partir de las 10.00 horas de este martes en un Pleno ordinario que incluye la deliberación sobre si se admite o no la impugnaciónimpugnaciónpresentada el pasado viernes contra el denominado "proceso participativo", la nueva consulta convocada por el president de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre.

"De momento, no se tiene intención alguna de abordar el fondo del asunto, pendiente desde la admisión de los primeros recursos del Gobierno a finales del pasado mes de septiembre". Así lo señalaron a Europa Press fuentes del tribunal de garantías, que afirman que la admisión de esta segunda impugnación es un "tema sencillo" que se resolverá previsiblemente este martes.

De adoptarse, la admisión conllevará previsiblemente la suspensión de los actos de preparación del denominado "proceso de participación ciudadana" y podría incluir también una advertencia al Govern sobre la obligación del cumplimiento de dicha suspensión vía el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), tal y como ha pedido la Abogacía del Estado.

Además del recurso de la Abogacía del Estado, los doce magistrados del Tribunal Constitucional tienen sobre la mesa un escrito del Gobierno catalán que pide que la iniciativa del Ejecutivo no se admita a trámite por entender que supone un "uso desproporcionado y abusivo" del derecho. Por ello, se descarta que antes del 9-N el tribunal de garantías resuelva sobre el fondo, es decir, que fije su postura definitiva sobre la constitucionalidad o no de las distintas iniciativas llevadas a cabo por el expresidente de la Generalitat Artur Mas.

De hecho, aún no están listas las ponencias de los recursos presentados inicialmente contra el decreto de convocatoria que el presidente de la Generalitat firmó inicialmente ni contra la ley de consulta aprobada para darle cobertura legal, según las mismas fuentes. Dichas ponencias han recaído en Pedro José González-Trevijano y Juan Antonio Xiol Ríos, quienes desde hace días trabajan en sus textos al contar ya con todos los documentos y alegaciones necesarias.

El Ejecutivo solicita al alto tribunal que suspenda la convocatoria

Así, lo previsible es que esta semana la respuesta del TC a las distintas iniciativas llevadas a cabo por la Generalitat se limite al dictado de la providencia sobre la admisión del recurso en el que los Servicios Jurídicos del Estado alegan que la nueva convocatoria vulnera los artículos 1.2 y 2, 23, 81, 92, 149.1.32º y 168" de la Constitución.

El Ejecutivo solicita al alto tribunal que suspenda la convocatoria y anule todos los actos "tendentes a preparar la consulta", así como cualquier actuación "aún no formalizada jurídicamente". Además, emplaza al tribunal de garantías a comunicar a Artur Mas la suspensión, si así lo decide, y a ordenar su publicación en los diarios oficiales estatal y catalán, para que "alcance conocimiento y eficacia general respecto a cualesquiera terceros", según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Esta eficacia se solicita por el Gobierno para "su debido e inmediato cumplimiento" de acuerdo con el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), según el cual "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva", con las responsabilidades a que su infracción pudiera dar lugar.

En concreto, el Ejecutivo aporta como pruebas la web participa2014.cat, las comunicaciones de la Ejecutivo autonómico, la orden a los medios de incluir publicidad gratuita e incluso vídeos con intervenciones públicas del presidente catalán, Artur Más, su vicepresidenta, Joana Ortega, y el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.

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El Pleno se prolonga hasta el jueves, por lo cabe la posibilidad de que la decisión sobre el último movimiento de la Abogacía del Estado no se conozca hasta ese día. La intención del tribunal de garantías, no obstante, es poder resolver la impugnación y notificar su resolución mucho antes.

A diferencia de lo ocurrido con este recurso, el presentado contra el decreto de convocatoria de la consulta inicial y contra la Ley aprobada para darle cobertura legal tuvo que resolverse en una semana en la que inicialmente el TC no tenía previsto Pleno ordinario, por lo que convocó uno de urgencia apenas siete horas después de presentarse las impugnaciones.

De hecho, y de forma inédita, el Pleno emitió un comunicado en el que que explicaba que su premura en reunirse y resolver el asunto obedecía a que era consciente de "la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas". Añadía que esta trascendencia en resolver debía entenderse "para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana".