El TC se prepara para tumbar el último envite de Casero contra el falso pucherazo en la reforma laboral
La carambola que salvó in extremis la reforma laboral del Gobierno llega a la mesa del Tribunal Constitucional. Dos años y medio después de aquel error en la votación, que el PP trató de hacer pasar por un pucherazo, la corte de garantías abordará este miércoles el recurso interpuesto por Alberto Casero, el exdiputado del PP condenado por prevaricación y malversación que se confundió al emitir su voto, contra las decisiones adoptadas por la Presidencia del Congreso de los Diputados durante aquella jornada. La ponencia –borrador de sentencia–, de la que se ha encargado el magistrado Ramón Sáez, plantea desestimar la apelación al entender que la Cámara Baja no estaba obligada a ponerse en contacto telefónico con los parlamentarios para confirmar el voto telemático que hubieran emitido. Una posición que parece compartir, según las fuentes consultadas, la mayoría del Constitucional.
Todo ocurrió un jueves. En concreto, el 3 de febrero de 2022. Aquel día, Casero estaba indispuesto por culpa de una gastroenteritis. De ahí que siguiese desde su domicilio una sesión parlamentaria que tenía como plato fuerte la reforma laboral. A media tarde, tras un receso de tres cuartos de hora, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reanuda la sesión. Y comienza una votación con un final caótico. Los diputados de UPN han mentido a todo el mundo y se saltan la disciplina de voto para posicionarse en contra de la reforma laboral. Pese a ello, la convalidación del decreto obtiene 175 votos afirmativos frente a 174 negativos. Casero se ha equivocado. Y su error resulta decisivo para mantener viva la reforma laboral.
El PP empieza entonces a construir un relato sobre un supuesto pucherazo. La portavoz, Cuca Gamarra, acusa a Batet de haber vulnerado "el derecho constitucional" de su diputado porque "se ha computado su voto en sentido diferente a lo que él ha emitido". Luego, desde la dirección de comunicación del partido quitan importancia a si se trató de un fallo informático o humano y ponen el foco en que se le impidiera rectificar el error votando presencialmente. Y al día siguiente, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, va mucho más allá hablando de "atropello democrático": “Lo que vimos ayer en el Parlamento es un auténtico pucherazo a la soberanía nacional. Vamos a ir hasta el final para que esto se revierta".
Pero no, no hubo ni errores informáticos ni incidencias técnicas. Y así se hizo constar en un informe elaborado por la dirección de tecnologías de la información y comunicaciones del Congreso. Aquel documento, de hecho, hacía una radiografía detallada de cómo había votado Casero aquella jornada. El diputado se conectó a la aplicación de la Cámara Baja a las 17.39 horas. Durante siete minutos y siete segundos, se pronunció sobre una veintena de puntos del orden del día. Entre ellos, el relativo a la reforma laboral. A las 17.46 horas pulsó el cero, que equivale a emitir un sí. Una decisión que luego validó en dos ocasiones. Meses más tarde, en un documental sonoro de la Cadena Ser, Casero certificó que no hubo ningún fallo electrónico. Simplemente, se equivocó en el "momento menos oportuno".
Ahora, dos años y medio después de aquel Pleno, el Constitucional empieza a resolver los diferentes recursos interpuestos en relación a aquella votación. La corte de garantías tiene en total sobre la mesa cuatro: dos del PP, uno de Vox y otro del exdiputado extremeño. Este último será el primero en ser abordado este miércoles en el tribunal. Y la resolución del mismo, en la que no participará el magistrado Juan Carlos Campo –se ha abstenido por su condición de pareja de Batet y de exministro–, marcará el camino del resto. Por el momento, el borrador de sentencia, confirman las fuentes consultadas, rechaza los argumentos de Casero y desestima el amparo. Una postura que, señalan esas fuentes, parece compartir la mayoría del tribunal.
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El debate sobre el recurso, que tanto el Congreso como la Fiscalía han pedido rechazar, gira alrededor de dos cuestiones. La primera de ellas es si, como alegan los recurrentes, la Presidencia de la Cámara Baja debía haberse puesto en contacto telefónicamente con el diputado para verificar el sentido de su voto. Es cierto que ese procedimiento se recogió en un acuerdo de la Mesa del Congreso de 2012. Sin embargo, la ponencia recuerda que dicha normativa quedó superada en pandemia, cuando se generalizó el sufragio a distancia. Desde entonces, la comprobación se hace a través de la intranet del Parlamento, con la introducción de un usuario y una contraseña. De ahí que el borrador de sentencia defienda que se siguió el procedimiento previsto y que, por tanto, no hubo irregularidad.
Los letrados de la Cámara Baja ya se pronunciaron en esa misma dirección en un informe elaborado en los días posteriores a aquella votación. El documento recordaba que la comprobación que se recogía en la normativa de 2012, y a la que se agarraban desde el PP, no estaba concebida "como una segunda oportunidad". Y avalaba la decisión de la entonces presidenta del Congreso de los Diputados de rechazar que Casero pudiese cambiar el sentido de su voto: "El voto válidamente emitido, sea presencial o telemáticamente, es irrevocable, de lo que se deriva necesariamente que las votaciones, salvo error técnico, no se repiten".
Sobre esta última cuestión, la no autorización para corregir presencialmente un voto que ya se había emitido telemáticamente, gira la segunda parte del debate en relación con el recurso del exdiputado extremeño. En este sentido, la ponencia, según las fuentes consultadas, recuerda que el sufragio es algo "personal e indelegable" y que quien exigió la anulación y repetición presencial no fue Casero, sino sus compañeros de partido. De ahí que el borrador de sentencia rechace también esta parte de la impugnación.
