El TC italiano avala el suicidio asistido mientras que el bloqueo político frena en España el derecho a una muerte digna

La presión ejercida desde el Vaticano no surtió efecto. La Corte Constitucional de Italia, en una sentencia histórica, ha decidido avalar el suicidio asistido “bajo ciertas condiciones”, dejando claro que la ayuda a una persona con una patología irreversible para que ponga fin a su vida no puede ser punible en cualquier situación. A la espera de conocerse el contenido íntegro de la resolución, el tribunal ya ha llamado al legislador a tomar cartas en el asunto. La pelota se sitúa ahora sobre el Parlamento italiano, que hasta la fecha ha decidido mirar hacia otro lado por la enorme división social que provoca este tema. Con el pronunciamiento del Constitucional, Italia está a solo un paso de legalizar esta práctica y entrar a formar parte del grupo de países que apuestan por el derecho a la muerte digna. Mientras tanto, España continúa sin avanzar en esta materia a pesar de los distintos intentos de despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Sin embargo, los colectivos en defensa del derecho a la muerte digna se muestran confiados de que más pronto que tarde terminará dándose el paso.

La Corte Constitucional italiana ha señalando, en una nota de prensa, que no es punible ayudar a morir a pacientes “mantenidos vivos mediante tratamientos de soporte vital y que sufren una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico y psicológico que considera intolerable, pero que es totalmente capaz de tomar decisiones libres y conscientes”. Eso sí, el tribunal ha querido dejar claro que el hecho de que no sea punible está sujeto a la verificación de las condiciones requeridas “por parte de una estructura pública del Servicio Nacional de Salud y tras escuchar la opinión del comité de ética territorialmente competente”. En este sentido, el Constitucional ha enfatizado que “la identificación de estas condiciones y procedimientos procesales específicos, extraídos de las reglas presentes en el sistema, se vuelve necesaria para evitar riesgos de abuso contra personas especialmente vulnerables”. Y, con todo esto sobre la mesa, el tribunal ha exigido una “intervención indispensable del legislador”.

El pronunciamiento de la Corte italiana parte del proceso abierto por un juzgado de Milán contra el exeurodiputado y miembro del Partido Radical Marco Cappato por haber acompañado a una persona tetrapléjica y ciega a una clínica suiza para que pudiera morir dignamente. Al político se le acusaba en virtud del artículo 580 del Código Penal italiano, que recoge penas de entre uno y doce años para “quien determine el suicidio o alimente el propósito de suicidio de otra persona”. El Tribunal Penal de Milán decidió remitir la cuestión al Constitucional, que en una primera resolución fechada en octubre de 2018 pidió al Parlamento que terminase con la indefinición legal alrededor de esta cuestión en el plazo de un año. Ahora, tras el inmovilismo de los legisladores, la Corte ha vuelto a pronunciarse abriendo la puerta al suicidio asistido. Y lo ha hecho a pesar de las presiones que llegaban desde el Vaticano. “Se puede y se debe rechazar la tentación de usar la medicina para cumplir una posible voluntad de muerte del enfermo”, señaló el papa Francisco hace una semana.

Tanto Cappato como la Asociación Luca Coscioni, que desde hace años lucha por el derecho a la muerte digna en suelo italiano, celebraron el fallo como una victoria de “la libertad”. En la misma línea se pronuncian en conversación con infoLibre Loren Arseguet, miembro de la junta directiva de Derecho a Morir Dignamente (DMD), y Asunción Gómez-Bueno, viuda de Luis de Marcos. Ambas califican la sentencia de la Corte Constitucional como una “noticia fantástica” e “importante” en un país como Italia, con una fuerte “tradición católica”. “Abre la puerta a dejar de vivir de espaldas a la realidad”, recalca Gómez-Bueno, que recuerda que ahora la pelota está sobre el tejado del Parlamento. Una Cámara que, recuerda Arseguet, no es capaz de “lanzarse a debatir sobre esta cuestión”. “Tiene cinco propuestas pero no ha hecho nada”, señala la portavoz del colectivo DMD, que afea el “freno de las instancias políticas” en el país y espera que la resolución de la Corte Constitucional meta “presión” a los legisladores para que se pongan manos a la obra.

De Holanda a Luxemburgo

La decisión del tribunal italiano ha dividido al espectro político italiano. Tanto la Unión de Centro como la Liga Norte se han mostrado contrarios al “suicidio de Estado impuesto por la ley”. El Partido Demócrata, por su parte, ha señalado que “los legisladores ahora no pueden escapar”. Y Cappato ha confiado en que la sentencia “dé fuerza” a los partidos “para obtener un debate sobre el fin de la vida”. En caso de que al final se diera un paso al frente, Italia entraría a formar parte del grupo de países europeos que apuestan con firmeza por el derecho a morir dignamente. Un reducido club que se encargó de abrir Holanda con una ley que entró en vigor el 1 de enero de 2002 y que permite la eutanasia activa para las personas que están sometidas a un sufrimiento insoportable sin expectativas de mejora incluso si son menores de edad o tienen trastornos psiquiátricos. Pero para ello, el paciente lo tiene que decidir libremente y el médico que la aplica debe consultarlo antes con otro doctor, o con dos en el caso de que el sufrimiento sea psicológico.

Bélgica siguió el camino marcado por Holanda y en septiembre de 2002 despenalizó la eutanasia bajo estrictas condiciones, como que exista un sufrimiento físico insoportable o que la muerte a corto plazo sea inevitable. Para ello, la petición debe ser reiterada y voluntaria y el médico tiene la obligación de consultarlo con otro especialista de la patología determinada. Siete años después, el que se encargó de legalizarla fue Luxemburgo. Caso diferente es el de Suiza, donde la eutanasia activa está penada con hasta cinco años de cárcel pero es legal el suicidio asistido cuando se produce a petición de la víctima y no está motivado por “razones egoístas”, tal y como recoge el Código Penal. No existe una ley al respecto que establezca requisitos como los existentes en el resto de países con legislación sobre muerte digna, lo que motiva que personas se trasladen a ese país para acabar con sus vidas. Es el caso, por ejemplo, del científico David Goodall o del DJ Fabiano Antoniani, cuya muerte provocó el inicio del procedimiento que ha desembocado en el Constitucional italiano.

El bloqueo español

España, de momento, sigue sin avanzar en esta materia. Y no es porque no se haya intentado despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido en múltiples ocasiones. El Congreso de los Diputados lleva acogiendo desde 1994 múltiples iniciativas parlamentarias sobre esta cuestión. Pero el rechazo explícito de los grupos y la dejadez de funciones de los mismos han provocado que ninguna de ellas prosperase. Sólo durante la legislatura de la moción de censura se plantearon tres proposiciones de ley diferentes en esta materia. La primera fue registrada por Unidas Podemos en enero de 2017, aunque su toma en consideración la rechazó el Pleno con los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos con argumentos como que no era “prioritaria” o que requería un “debate sosegado”. La segunda y la tercera llegaron de la mano de los socialistas y del Parlamento de Cataluña, aunque la de la Cámara catalana quedó parada a la espera de ver cómo se resolvía finalmente la tramitación de la iniciativa registrada por el partido de Pedro Sánchez.

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia del PSOE buscaba “legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de enfermedad grave e incurable, o de discapacidad grave y crónica, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables”, una prestación de ayuda para morir que proponía incluirse en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Esta iniciativa tenía todas las papeletas para llegar a buen puerto, sobre todo después de que el Pleno del Congreso diese el visto bueno al inicio de la tramitación con el único voto en contra del Grupo Parlamentario Popular. Pero la decisión de conservadores y Ciudadanos –que había votado a favor– de utilizar su mayoría en la Mesa de la Cámara Baja para ampliar continuamente el plazo de enmiendas provocaron que la norma terminase en un cajón con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. De nuevo, había que empezar de cero.

La victoria de Pedro Sánchez en las urnas dio una segunda oportunidad a la batalla por el derecho a una muerte digna. Y los principales colectivos en la materia eran conscientes de ello. Por eso, dos meses después de la cita con las urnas, se presentaron en el Congreso de los Diputados más de un millón de firmas para mantener la presión sobre los partidos políticos y evitar que sus compromisos adquiridos cayesen en el olvido. Ese mismo día, Unidas Podemos registró una proposición de ley en la que dejaban claro que a efectos de la norma “lo referido a la eutanasia” resultaba de aplicación “al suicidio médicamente asistido”. Una semana después, era el PSOE el que rescataba y volvía a llevar a la Cámara Baja su iniciativa. Con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo el del PP y Vox, la proposición de ley de los socialistas fue admitida a trámite. Sin embargo, la norma nacía muerta. El bloqueo político y el fracaso de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para investir a Pedro Sánchez provocaron el cierre prematuro de la legislatura y la caída de ambas proposiciones de ley.

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“No voy a dejar de luchar por lo que considero un derecho fundamental”

Pero los continuos frenazos no han conseguido minar los ánimos ni de la asociación Derecho a Morir Dignamente ni de Gómez-Bueno. Porque tarde o temprano, aseguran, habrá una victoria. “Todo van a ser pasos hacia delante porque más hacia atrás no podemos ir”, sostiene la viuda de Luis de Marcos, fallecido en 2017 después de una década padeciendo esclerosis y luchando por la legalización de la eutanasia. Gómez-Bueno lamenta que “otra vez” haya que esperar a tener Gobierno y señala que todo va a depender de si se forma “un Ejecutivo de izquierdas o de derechas”. En caso de que sea del primer tipo, pone sobre la mesa el “compromiso de los partidos” de que esta va a ser “la primera ley en aprobarse”: “Yo la esperanza no la pierdo, porque en el momento en el que uno la pierde deja de luchar, y yo no voy a dejar de luchar por lo que considero un derecho fundamental”. En la misma línea se pronuncia Arseguet, que se muestra confiada en que finalmente habrá una norma que “será importante” porque “abrirá una grieta sobre el tabú a la muerte”.

Gómez-Bueno y Arseguet dicen que la sociedad española siempre ha ido en esta materia “por delante de los que tienen la posibilidad de legislar”. Y los datos lo confirman. Uno de los primeros sondeos en los que se abordaba este asunto fue elaborado en 2009 por el CIS, en el que se recogía que el 73,6% de la ciudadanía se mostraba a favor de regular por ley la eutanasia, frente a solo el 10,3% que lo rechazaba con “total seguridad”. Casi una década después, los apoyos al derecho a morir dignamente se han incrementado ligeramente. Según datos del barómetro Ipsos sobre neurociencia y sociedad, en 2018 un 85% de la población se mostraba a favor de la regulación, de los que el 49% dijo estar convencido. Con estas cifras, cabe preguntarse por qué no existe unanimidad entre los partidos en este asunto. “Por un lado, la ideología de la sacralidad de la vida es algo que está anclado. Y, por otro, está muy presente el mito de que los cuidados paliativos pueden con todo, cuando se sabe que no siempre frenan el dolor”, apunta Arseguet. “Egoísmo, tabúes y cobardía”, resume Gómez-Bueno.