Una ‘Traba’ para la especulación urbanística en Madrid

No les gusta la palabra okupar, prefieren emplear el término “recuperar” lo que les robaron a los ciudadanos. Así lo creen los miembros del centro social La Traba que, desde la primavera del 2007 y con un sistema de autogestión, decidieron emprender actividades culturales, deportivas y sociales en un edificio desocupado en el distrito madrileño de Arganzuela. Siete años después, su propietario, la empresa constructora AISER SA ha regresado con una orden de desalojo que se ejecutará el próximo mes de julio.

“El día 22 de julio vamos a llenar la calle y el interior de La Traba. No vamos a caber”, anuncia decidido Daniel Arnal, portavoz del centro social de Arganzuela. Ni él ni sus compañeros se lo pondrán fácil a los propietarios, la constructora AISER SA, que en el año 2006 alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid que le permitiría emprender la construcción de 110 viviendas a cambio de ceder parte de su terreno para adecentar la zona con la prolongación de la calle Ferrant. Un proyecto planificado antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y que contó con un presupuesto de compensación para la empresa de 466.055 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Un trato para emprender un negocio que aparentemente truncó la crisis económica y que el propietario se ha propuesto recuperar siete años más tarde. “La empresa ha esperado a que llegaran tiempos mejores”, explica Pedro Higuera, el portavoz de Izquierda Unida en Arganzuela. Según Higuera, a AISER no le ha importado haber "engañado" ni al Ayuntamiento, ni a la Junta Municipal. “Para ellos su negocio es lo primero, y ahí está la cuestión”, asevera.

Un derecho adquirido

Recuperaron un espacio que, aseguran, se encontraba en un estado de abandono “lamentable”. “Se acumulaba basura, comenzó a haber problemas de menudeo de drogas y eso empezó a generar una creciente alarma y desasosiego entre los vecinos”. Es el escenario que describe Higuera y que se habría transformado con la llegada de los chicos de la Traba. Siete años de intensa actividad social que, tanto el portavoz de IU como los integrantes del centro social, ha dinamizado el distrito y ha convertido el barrio en un centro de referencia. Por ello reclaman el uso del edificio, no como una petición, sino como un derecho adquirido en contra del que tendría la empresa constructora, que tras recibir dinero público habría abandonado el recinto e incumplido el acuerdo de 2006 con el Ayuntamiento. “Exigimos el espacio que nos merecemos y que es necesario”, defiende en este sentido Daniel Arnal.

La expropiación, una propuesta de IU

También hay reproches para el Consistorio madrileño, que según aseguran desde La Traba, parece haberse desmarcado del conflicto escudándose en la defensa de la propiedad privada. “También existen leyes que dicen que se puede expropiar”, defiende Arnal. Una opción legal cuya aplicación reclamó IU en el pleno municipal del pasado 4 de junio y que quedaría muy lejos del propósito del Ayuntamiento. “El PP hace expropiaciones cuando se han hecho autovías de peaje y no les tembló la mano”, afirma Juan Higuera, que explica: “De lo que se trata es de ejecutar algo que viene en la normativa y ejercer el derecho en aras del interés general”. Una medida que estaría justificada con el abandono durante siete años del edificio y el incumplimiento de las condiciones del acuerdo al que llegó en 2006 la empresa propietaria AISER S.A con el Ayuntamiento de Madrid y por el que recibió algo más de 400.000 euros.

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De las múltiples actividades gratuitas que se desarrollan en la Traba, el Bikepark es la que ha adquirido mayor trascendencia, no solo en el escenario nacional, sino fuera de sus fronteras. Sin apenas presupuesto, los chicos del centro social han logrado construir uno de los circuitos de ciclismo acrobático más grandes de España y que ya goza de un notable prestigio internacional. Un espacio donde los chavales del barrio aprenden este deporte olímpico y que incluso les da la oportunidad de desarrollar una carrera profesional con contratos de patrocinadores. Una labor que, según sostiene Daniel Arnal, reconoce el propio Ayuntamiento de Madrid pero que sin embargo, está ahora comprometida por la orden de desalojo y la actitud desentendida de las administraciones públicas.

Con coste cero para las arcas públicas, la gestión del circuito de Bikepark, al que acuden semanalmente centenares de jóvenes, choca con el millonario desembolso de dinero público que el Ayuntamiento de Madrid destinó a la construcción del Bikepark de Madrid Rio. Otra instalación deportiva que según IU costó tres millones de euros, dejando en evidencia el despilfarro económico del Consistorio y poniendo en valor la gestión del centro social La Traba, una obra colectiva erigida sobre los escombros que dejó tras de sí el abrupto final de los tiempos del pelotazo y que ahora se ve nuevamente amenazada por una especulación urbanística que vuelve a poner el distrito madrileño en su punto de mira.

“¡Cincuenta años más para La Traba!” es el deseo de un barrio que gracias a su centro social ha logrado salvar el presente de sus jóvenes. Ahora, con la amenaza de desalojo y la privatización de su entorno urbano pendiendo de un hilo, se dispone a luchar por recuperar su futuro.