Los trabajadores de servicios sociales ven "desalentador" el acuerdo sobre menores migrantes

Las críticas al reparto de los menores migrantes no acompañados continúan. Las últimas vinieron de mano de la Asociación Estatal de directores y gerentes de los Servicios Sociales, que calificaron de "desalentador" el acuerdo al que llegaron Gobierno y comunidades autónomas hace poco más de una semana. Las autonomías han tenido una respuesta escasa, a su juicio, que ha puesto a prueba "la cohesión territorial, la política migratoria y el sistema de protección social en España". 

"Entre todas [las comunidades] ni siquiera se ha alcanzado la cifra de 200 plazas, cuando una sola comunidad, Andalucía, ha tenido que acoger en los últimos meses a más de 3.000 MENAS [acrónimo de menores extranjeros no acompañados]. Lo más indignante es que hay comunidades que no han ofrecido ni una sola plaza. Una muestra inequívoca de lo vacuo de tanta declaración solemne sobre 'la unidad de España' que proclaman los gobernantes de las mismas, y que se les olvida cuando se trata de asumir responsabilidades como parte inseparable de 'España". 

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Por estas razones, reclaman que la "inmigración" sea una "competencia estatal, dentro de los parámetros de la Unión Europea". En este sentido, aseguran que corresponde al Gobierno adoptar las medidas para proteger a estas personas cumpliendo con "los más elementales Derechos Humanos". "La distribución de estos menores en todo el territorio es responsabilidad del Gobierno de España, y ya existen precedentes como en el caso de la conocida como 'crisis de los cayucos", aseguran en un comunicado hecho público este lunes. Así, recuerdan que en los años 2006 y 2007 "se establecieron cupos para distribuir a varios miles de emigrantes en todo el territorio y evitar el colapso". 

Por otro lado, la organización hace hincapié en que el incremento de la llegada de menores no acompañados –que ya ascienden a más de 7.000– "tiene mucho que ver con la situación en nuestro país vecino, Marruecos". Por ello, dicen, "se hace imprescindible una acción exterior efectiva para analizar la situación y para poner medidas en origen que eviten este éxodo". 

Por último, demandan que "hay que repensar el sistema de protección". Se refieren, así, a reformar y mejorar las pruebas de determinación de la edad. "Si se trata de menores, sin duda alguna, necesitan y tienen derecho a una protección efectiva. Pero resulta evidente que no necesitan el mismo tipo de atención que la que necesitan la mayor parte de los menores en situación de desamparo en España", inciden.