Transparencia pide una reforma para multar a los organismos que incumplan sus resoluciones
El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), José Luis Rodríguez, ha pedido una reforma legal que permita multar a los organismos públicos que incumplan las resoluciones firmes sobre información pública solicitada por los ciudadanos.
José Luis Rodríguez ha comparecido este martes en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados para presentar la memoria del consejo, que resolvió el año pasado 2.259 reclamaciones de solicitantes no conformes con la respuesta dada por entidades y organismos públicos a sus solicitudes de información pública, un 36,7% más que en el ejercicio anterior.
El Consejo de Transparencia, autoridad independiente de supervisión encargada de velar por el acceso a la información pública a nivel estatal, resolvió favorablemente –de forma total o parcial– en torno a 7 de cada 10 quejas e instó a la administración a facilitar la información que se le reclamaba.
En su comparecencia, el presidente del Consejo ha advertido del elevado número de casos en el que los organismos "obligados" no contestan en plazo a las solicitudes de información pública formuladas por los ciudadanos, y que por tanto se entienden denegadas por silencio administrativo, que en 2023 se situaron en el 33,7% en el ámbito estatal y se elevaron hasta el 85,4% en el ámbito autonómico y local.
Transparencia resolvió en 2023 un 36,7% más de reclamaciones de información pública que en 2022
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Otra "patología grave", ha dicho, es la existencia de un porcentaje significativo de resoluciones que son firmes y plenamente vinculantes porque no se han recurrido y, sin embargo, no se cumplen. "No hay justificación posible para que las administraciones dejen sin ejecutar resoluciones firmes que les vinculan jurídicamente", ha indicado el presidente del Consejo de Transparencia, que considera que se trata de la mayor anomalía del sistema español de acceso a la información pública.
Por ello, ha pedido una reforma de la ley para poder imponer "multas coercitivas con el fin de asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, con independencia de que también se pueda prever un régimen de sanciones para los casos más graves”.
En su comparecencia, Rodríguez Álvarez ha considerado que la Ley de Transparencia de 2013 tiene lagunas y deficiencias técnicas que se deben corregir y ha confiado en que se confirme el anuncio de una próxima reforma dentro de un anteproyecto de ley de Administración Abierta. Si no sale adelante en esta legislatura, ha advertido, "tendrá un coste político porque la demanda de más transparencia en los asuntos públicos está muy extendida entre la ciudadanía española".
