Treinta mujeres víctimas de violencia machista están en riesgo extremo, más del triple que hace seis años

La denuncia se configura como uno de los grandes retos en la lucha contra la violencia de género. Pero una vez que la víctima decide dar el paso de confiar su situación a las autoridades, los baches por sortear no terminan de desaparecer. La valoración integral del riesgo que sufren las mujeres maltratadas es todavía una de las grandes lagunas que requieren de compromiso y actuaciones garantistas. Los últimos datos diponibles del Ministerio del Interior muestran la dimensión del riesgo: septiembre se cerró con un total de 30 mujeres en riesgo extremo, casi el cuádruple que hace seis años.

La estimación del riesgo se presenta como uno de los requisitos más importantes en la batalla contra la violencia. La valoración se realiza mediante dos formularios: el de Valoración Policial del Riesgo (VPR) y el de Valoración Policial de Evolución del Riesgo (VPER), que funciona como una suerte de seguimiento. Cuando la víctima presenta la denuncia por vez primera, las autoridades policiales completan el formulario, a través de "información suficiente y contrastada", para evaluar los factores que ponen en peligro su vida. El nivel de riesgo que de la evaluación se obtenga determinará las medidas policiales de protección necesarias para mejorar los niveles de seguridad de la víctima, e irán aumentando en intensidad según se incremente el riesgo.

En septiembre de 2019, según los datos confeccionados por la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska, se registraron un total de 60.697 casos en activo. De ellos, 30 fueron catalogados de riesgo extremo y 451 alto (el 0,79% del total). Como riesgo medio se encuentran, según los mismos datos, 6.347 mujeres, mientras que la mayor horquilla se encuentra en la parte más tenue del riesgo: 23.154 mujeres se encuadran dentro de riesgo bajo y en 30.715 casos no se aprecia riesgo.

Los casos activos son aquellos que merecen atención policial, aunque el nivel de riesgo va evolucionando "en base al tiempo y circunstancias". Las mujeres con un nivel de riesgo no apreciado disponen de "medidas de seguimiento" como la "revisión periódica", aunque "de ser necesario" también pueden necesitar "medidas policiales de protección". En los casos de riesgo bajo, medio, alto o extremo, los instrumentos de protección "van aumentando en intensidad según se incremente el nivel de riesgo".

  Un vistazo por años anteriores revela algunas particularidades respecto a los datos registrados en la actualidad. Septiembre se cerró con el mayor número de casos activos desde 2013, pero además las mujeres cuyas vidas corren riesgo extremo se ha ido incrementando de forma sostenida durante los últimos años, hasta lograr su máximo: casi cuadriplica a las cifras registradas al finalizar el año 2013. Algo parecido ocurre con los casos catalogados como riesgo alto, que han pasado de ser 113 en diciembre de 2013 a 451 en septiembre de 2019, los últimos datos públicos.

Lo cierto es que la valoración de riesgo de las víctimas ha sido tradicionalmente objeto de duras críticas por parte de asociaciones especializadas y de organismos oficiales. El Gobierno tomó nota de la reprobación el pasado año, de manera que en octubre anunció la puesta en marcha de nuevos protocolos que prometían medir no sólo el riesgo de la víctima, sino también la capacidad agresora del maltratador y el grado de peligro que sufren los menores. Tal y como confirman fuentes del Ministerio del Interior, el protocolo está en funcionamiento desde entonces y este año se han impartido jornadas de actualización de procedimientos, así como cursos de formación y especialización, en diferentes territorios. Pero los efectos prácticos no son inmediatos.

Consuelo Abril, abogada y especialista en violencia de género, observa la cifra de 30 mujeres en riesgo extremo como "miserablemente baja". A su modo de ver, si cada año son asesinadas de media 60 mujeres, el número de aquellas que deberían gozar de protección por estar en una situación extrema debería ser mucho mayor. Por no hablar, completa Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación Mujeres Juristas Themis, del 30% de víctimas mortales que sí habían denunciado previamente. "En esos casos sí hubo una valoración del riesgo que no se ajustó a la realidad", recuerda la jurista.

Ambas coinciden en señalar las deficiencias en la valoración de riesgo, que en primer lugar "tendría que hacer personal capacitado", observa Abril. "En muchas ocasiones la valoración del riesgo se basa en un test que debe pasar la víctima", afirma la letrada, "pero una víctima nunca va a poner en evidencia el riesgo porque ella misma no es consciente". El gran error, a su juicio, tiene que ver con la falta de competencias y un modelo basado en "las respuestas que la misma víctima proporciona". Ni Abril en su día a día ni Gonzalo en su contacto con las fuerzas de seguridad han detectado mejoras significativas en la valoración del riesgo.

Unidades forenses de valoración

Tampoco se muestra excesivamente optimista la Fiscalía General del Estado. Sostiene, en su memoria anual, que existe una "enorme dificultad en la valoración del riesgo", de manera que "se considera imprescindible que, junto con el informe policial del riesgo, el juzgado disponga además del informe realizado por las Unidades Forenses de Valoración Integral (UFVI), en el propio servicio de guardia". Se trata, señalan los fiscales, de "una reclamación ya reiterada y cuya implantación se encuentra recogida en el Pacto de Estado de 2017 como una medida pendiente de ejecutar".

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La misma memoria reitera "lo ya consignado en memorias anteriores": la reclamación de unidades en todas las provincias y con capacidad para atender a todos los órganos judiciales, "como medida imprescindible para ofrecer una respuesta coordinada y especializada en los ámbitos penal y civil". Lo cierto, sin embargo, es que "en este ámbito el panorama sigue siendo francamente deficiente", alerta el Ministerio Público. Este tipo de unidades no existen en Valladolid, Girona, Tarragona, Lleida, Illes Balears, Lanzarote, Fuerteventura, Madrid y Cuenca. Y donde sí funcionan, las diferentes fiscalías "ponen de manifiesto en sus informes la escasez de medios personales especializados en violencia sobre la mujer", dice el informe, "o que los escasos medios existentes no ofrecen cobertura a los juzgados de violencia", lo que dibuja una "situación generalizada de retrasos en la elaboración de los informes derivada de la insuficiencia de los medios disponibles".

El diagnóstico de las expertas coincide. Gonzalo subraya que "la valoración no siempre se ajusta a la realidad en casos gravísimos con resultado de muerte" precisamente por la escasa implantación de las unidades. La ley, recuerda, prevé su creación en base a "equipos de profesionales –médico forense, psicólogo, trabajador social, personas especializadas– capaces de valorar adecuadamente el riesgo en cada caso". Aunque se comenzaron a implantar tras el mandato de la norma orgánica de 2004, "con la crisis se dejaron de crear y en estos años" su continuidad ha sido escasa.

"Por eso parte del dinero destinado a la lucha contra la violencia de género debe destinarse a la creación de estos equipos", remacha Gonzalo, "son los que pueden asesorar en cada caso al juez de la manera más aproximada posible a la realidad".