Tres deberes de España para cumplir con la "revolución renovable" que pide Bruselas
La comparecencia de este martes del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y la comisaria de Energía, Kadri Simson, es un antes y un después no solo en la política energética de la Unión Europea, sino en la historia del club comunitario y del continente. Además de las indicaciones para bajar la factura eléctrica, analizadas aquí, Bruselas llamó a eliminar en dos tercios para final de año la dependencia del gas ruso; una meta brutal, que pretende avanzar en meses lo que se ha procrastinado durante años. Hay una agenda a corto plazo que pasa por llenar las reservas antes de que vuelva el frío, en diversificar los importadores y en el papel del Gas Natural Licuado; pero también hay una agenda a medio y largo plazo que pasa, inequívocamente, por acelerar la transición renovable. Ya no es una transformación: es una "revolución", en palabras de Simson.
Por ahora, solo se ha publicado una comunicación: la legislación sigue siendo la misma. Por lo que, hasta que la Comisión Europea no se ponga a traducir los deseos a normativa, la iniciativa recae sobre los Estados miembro. Y España, a pesar de su liderazgo renovable alcanzado durante el mandato de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene mucho por hacer en cuanto a las energías limpias. La dirección es la óptima, pero el camino es largo y hay piedras de por medio. Tres son los ámbitos señalados por Bruselas este martes en los que el país tiene amplio margen de mejora: la calefacción, la eficiencia y la rehabilitación de edificios y la instalación de nueva potencia eólica y fotovoltaica, aquejada de un cuello de botella administrativo.
El 75% de la calefacción de los hogares europeos utiliza combustibles fósiles. Hay muchísimo por hacer. La Agencia Internacional de la Energía, que marca la senda de Bruselas, ya ha pedido una instalación masiva de bombas de calor, la tecnología renovable que permite, con un consumo pequeño de electricidad en comparación a otros sistemas, calentar eficientemente estancias enteras mediante aerotermia o geotermia. RePowerEU pretende duplicar las instalaciones con respecto a sus planes originales de ahora a 2030. Los datos son complejos y confusos, porque no todas las bombas de calor son renovables (las que suelen llevar los aparatos de aire acondicionado, por ejemplo, no se suelen considerar así porque consumen demasiada luz). Pero en base a las estadísticas de la Asociación Europea de Bombas de Calor (EHPA), solo el 5% de los consumidores domésticos españoles utilizaban esta tecnología, por debajo de la media europea.
A pesar de que las bombas de calor funcionan en peor en climas fríos, Noruega (60%), Suecia (43%) y Finlandia (41%) lideran la estadística, probablemente por su necesidad de ahorrar dado la cantidad de meses que necesitan climatizar sus hogares. La mayoría de casas en España, sobre todo en las zonas más frías, utilizan calderas de gas natural. Como aseguró el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la acción individual de usar menos gas puede ayudar a desengancharse de Rusia, sin estridencias; no hace falta pasar frío, solo bajar un grado el termostato, como recoge la propia comunicación. Pero la transición hacia las bombas de calor es lo realmente útil, por la acción climática y porque permiten limitar el consumo hasta en un 70% en comparación con los sistemas tradicionales.
Europa no quiere esperar a un cambio natural en los hábitos de consumo y utilizar el músculo público, tiene que ponerse las pilas; y España también. En la actualidad, los planes de rehabilitación energética españoles subvencionan la eliminación de una caldera de gas y la instalación de una bomba de calor, pero las actuaciones en este sentido va tarde y no llegan a todo el mundo. Europa necesita no solo cambiar la manera de calentar estas casas, sino renovar un parque de viviendas muy envejecido, que deja escapar el frío en verano y le abre la puerta en invierno.
El Gobierno ha quintuplicado lo destinado en los Presupuestos Generales del Estado a la rehabilitación de viviendas, con cargo a los fondos europeos. La inversión masiva permitirá avanzar en la acción climática, mejorar el confort térmico sin encarecer la factura, generar 100.000 empleos al año y ayudar a la soberanía energética del continente. Sin embargo, las casas peor aisladas son las de los más pobres, que no tienen tiempo ni ganas de pedir las ayudas necesarias y seguir los trámites. La administración tiene que ser proactiva, no reactiva. "Hay que llegar y todavía nos falta trabajo", reconocía para este reportaje el director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard.
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La Comisión Europea asegura que antes de junio detallará su plan RePowerEU para "mejorar la eficiencia energética" y, además, "acelerar la transición a las energías renovables". Bruselas quiere desplegar 480 GW de eólica y 420 GW de capacidad solar en esta década. Esto quiere decir duplicar la potencia instalada de aquí a 2025 y triplicarla de cara a 2030. Es difícil saber con exactitud qué parte de este esfuerzo le corresponde a España, pero fácil intuir que el Gobierno necesita pisar a fondo el pedal. Ya antes de la guerra lo necesitaba. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima exige 40.000 MW de energía eólica en 2025; es decir, de media, 3.000 MW al año. Ahora contamos con 28.597 MW, frente a los 27.497 de finales de 2020. Apenas se han sumado 1.000 en más de un año.
El crecimiento también se ha ralentizado en cuanto a la energía fotovoltaica, aunque este sector goza de más brío por el abaratamiento de los materiales, que ha llegado más tarde que a la eólica. Empresas y expertos coinciden en señalar al cuello de botella administrativo como el principal culpable de la ralentización; hay demasiados expedientes abiertos y pocos funcionarios para gestionarlos. Se necesitan varios permisos ambientales y en los últimos años han surgido multitud de grupos locales que se oponen a que los macroparques se instalen sin control ni respeto a la biodiversidad, al modo de vida y al paisaje de la España rural.
"No puede ser que un parque eólico tarde siete años en tramitarse", señalaba este martes Simson. La comunicación exige a los Estados miembro simplificar los trámites administrativos y que cada país haga un inventario de las zonas, tanto en tierra como en mar, susceptibles de nueva potencia eléctrica limpia. Transición Ecológica ya ha avanzado en lo segundo con los mapas de zonificación ambiental, que aunque no son vinculantes marcan el territorio donde es desaconsejable que la eólica y la fotovoltaica desembarquen. Sin embargo, lo primero requiere de la participación de las comunidades autónomas, que tienen la competencia en los proyectos pequeños. En Cataluña, las nuevas instalaciones han sufrido una década de parón. La geopolítica ha llegado a la transición energética; y los retrasos y las vacilaciones ahora están, más que nunca, fuera de lugar.
