Tres sociedades se repartirán más de 4.675 millones de dinero público de la sanidad en Madrid

El capital privado sigue ganando terreno en la sanidad pública madrileña. Este lunes, el Ejecutivo de Ignacio González concluyó el proceso privatizador de seis hospitales construidos con dinero público y que, a partir de septiembre pasarán a ser gestionados por empresas privadas. Durante los próximos diez años –si los tribunales no lo impiden, pues hay cinco procesos en marcha relacionados directamente con este concurso– Madrid entregará más de 4.675 millones de euros a las empresas HIMA San Pablo –compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario–, Sanitas y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL. A cambio, estas sociedades se encargarán de gestionar tanto la parte no sanitaria como la asistencial. 

En concreto, la UTE gestionará el Infanta Leonor y el Hospital del Sureste. Ribera Salud, empresa pionera en España en el modelo público con concesión administrativa y que en noviembre de 2012 se desprendió de la primera concesión que obtuvo en la Comunidad de Madrid, se ha asociado para ello con Iecisa, que forma parte del grupo El Corte Inglés. El ámbito de negocio de ésta última es la integración de soluciones y servicios informáticos. La filial de la compañía que dirige Isidoro Álvarez –que recientemente ha logrado un acuerdo con un grupo de bancos para refinanciar 3.800 millones de euros de su deuda– podrá encargarse por tanto de la gestión documental y de la informatización de las historias clínicas de los pacientes o de las nóminas de los trabajadores. La tercera pata de la UTE es la filial de OHL Ingesan. Según fuentes de la compañía, esta ha venido desarrollando su actividad fundamentalmente en el sector sanitario, donde presta servicios de limpieza, mantenimiento de edificios, lavandería, gestión de residuos, así como en otras actividades relacionadas con el sector como ayuda a domicilio, residencias, centros de día, etc. Actualmente opera en hospitales de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid. 

Mientras, Hima San Pablo gestionará el Infanta Sofía y el lote compuesto por el Infanta Cristina y el Hospital del Tajo. Esta empresa gestiona cuatro hospitales en la región norte y este de Puerto Rico y provee otros servicios como estacionamientos, farmacias, cafeterías o seguridad a otros centros sanitarios. En una entrevista concedida a la Cadena Ser el pasado junio, el presidente de la compañía, Joaquín Rodríguez, habló abiertamente del ánimo de lucro con el que la compañía abordaba este concurso. "Hemos visto una oportunidad de negocio para entrar en Europa, creo que podemos fomentar el turismo sanitario procedente de Marruecos", aseveró. infoLibre ha intentado sin éxito contactar con los directivos de esta compañía puertorriqueña para testar sus planes en el negocio de la sanidad privatizada en Madrid. 

Sanitas, por su parte, gestionará el Hospital del Henares. Hasta el momento, los seis hospitales afectados funcionaban con un modelo de gestión mixta en el que la provisión de servicios no sanitarios (administración, limpieza, alimentación, lavandería, aparcamiento, locales comerciales, etc.) ya estaba en manos privadas. A partir de septiembre, también lo estará la parte asistencial. Se trata del mismo sistema que ya funciona en los hospitales de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles. 

Nuevas condiciones laborales 

Los pacientes no tendrán que pagar cuando sean atendidos porque la titularidad, según se encargan de repetir en la Consejería de Sanidad, seguirá siendo pública. Sin embargo, estas empresas privadas se encargarán de todo. De hecho, el personal interino y eventual pasará obligatoriamente a estar contratado por la sociedad concesionaria lo que, según los sindicatos y organizaciones como la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), provocará un empeoramiento de sus condiciones de trabajo porque las empresas podrán cambiar sus salarios y jornadas. El personal con plaza fija podrá elegir entre quedarse en el mismo hospital a cuenta del Servicio Madrileño de Salud –el importe del salario de estos trabajadores se descontará a la concesionaria–, pedir una excedencia, integrarse en la plantilla de la adjudicataria o solicitar un traslado a otro hospital de la Comunidad. El personal laboral, por su parte, podrá integrarse en la concesionaria manteniendo las mismas condiciones retributivas y laborales. 

A cambio de la gestión, la Adminsitración pagará a estas compañías una cantidad por paciente al año. Y el excedente quedará en manos de estas concesionarias. Es lo que se llama cápita y se calculó teniendo en cuenta el gasto real de los ejercicios presupuestos de 2011 y 2012. Esa cantidad va de los 549,35 del Infanta Leonor a los 450,06 del Sureste. En la licitación, la Comunidad estableció una cápita máxima que estaba dispuesta a pagar y de ahí salió el cálculo de los 4.679.820.419,29 euros que iba a costar la privatización en diez años. La falta de concurrencia provocó que las empresas apenas pujaran a la baja. De hecho, sindicatos y organizaciones como la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) –impulsora de la 'marea blanca' y de la querella por la que está imputada la cúpula que impulsó la sanidad privatizada en Madrid– han lanzado acusaciones de "reparto" o "división amañada" de los lotes. 

La UTE en la que participa Ribera Salud ofreció recibir uno y cuatro céntimos menos por cada paciente adjudicado de los hospitales Infanta Leonor y del Sureste, mientras que Sanitas accedió a una rebaja de 1,85 euros. Eso hace que el gasto final vaya a rebajarse sólo 3,2 millones de euros sobre los 4.675 presupuestados en un principio. Tomando de referencia el presupuesto para 2013 de la Consejería de Sanidad –que es de 7.059 millones de euros–, cada año estas empresas se harán con el 6,5% del total del dinero público que el Gobierno de Ignacio González dedica a sanidad. 

¿Un modelo que sale más caro?

La consolidación de este modelo pone en cuestión el tradicional sistema público de gestión sanitaria y, aunque el ciudadano no tendrá que pagar directamente por ser atendido, a larga sí saldrá más caro. Eso es al menos lo que denuncian sindicatos, organizaciones profesionales y partidos de la oposición a pesar de que la Comunidad insiste en que este plan logrará un ahorro anual del 20% sobre el coste de la asistencia sanitaria de la población adscrita a estos centros, lo que se traduce, según cálculos oficiales en más de 168 millones de euros anualmente. 

La Comunidad de Madrid alega que la sanidad privada es más barata: 441 euros por habitante y año frente a los 600 en la pública. Sin embargo, según recuerdan los médicos de Afem en su querella, en 2012 la Comunitat Valenciana pagó un canon de 639 euros por habitante a Ribera Salud UTE, la empresa que gestiona el hospital del Alzira –el primero de gestión privada tanto en la parte no sanitaria como en la asistencial– y que ahora pide elevar la tasa por resultarle insuficiente. 

La batalla seguirá en los tribunales

La entrada de capital privado en la sanidad pública madrileña tiene todavía al menos siete recursos pendientes por las vías penal y contencioso-administrativa e incluso un recurso ante el Constitucional. Cinco de ellos están directamente relacionados con esta licitación. Estos escritos, algunos incluyen la reclamación de medidas cautelares de suspensión, son la tabla de salvación a la que se agarran los sindicatos, partidos políticos y asociaciones profesionales que reclaman ante la Justicia la detención de este proceso. A pesar de haber puesto en marcha iniciativas judiciales independientes, todos coinciden en calificar de "arrogante" la actitud de la Consejería que, dicen, ha pretendido finiquitar a toda un prisa un proceso muy contestado en la calle y en los centros de trabajo. 

¿Debería esperar la Comunidad de Madrid a que se resolvieran todos los recursos judiciales antes de privatizar los hospitales?

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De hecho, la representante de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) en el hospital del Tajo de Aranjuez, Marta Hernández, afirmó este lunes en declaraciones a Europa Press que le parece "osado que desde la Consejería de Sanidad se continúe con la adjudicación de los hospitales a empresas cuando aún no se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto a este tema". 

Lo cierto es que en una providencia dictada por el TSJM el pasado 31 de julio, este tribunal dice a la Consejería que todas las decisiones que sobre este proceso se tomen hasta los primeros cinco días de septiembre "se verían afectadas en caso de acordarse las medidas cautelares solicitadas". Esta advertencia tiene su razón de ser en el plazo de 5 días que el TSJM ha dado a AFEM para que acredite que tiene legitimidad para recurrir el concurso para la privatización de la gestión de seis hospitales madrileños. Como el mes de agosto no es hábil –sólo las instrucciones de los casos penales siguen su curso– el plazo concluye el 5 de septiembre.

A la espera de que la Justicia se pronuncie sobre recursos presentados también están partidos políticos como el PSM, el sindicato médico AMYTS o la central del enfermeros Satse. Y también ayuntamientos. Este es el caso de la localidad madrileña de Parla, que argumenta que el hospital construido en esa localidad, edificado sobre suelo cedido, no puede pasar a manos de una empresa privada.