El tribunal del 'procés' ve como una "provocación" el comportamiento de los testigos de la defensa y lamenta su estrategia

El tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña considera "intolerable" el comportamiento de los testigos que los letrados del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han citado esta mañana –algunos de ellos abogados– por lo que ha lamentado la estrategia de defensa que están llevando a cabo, informa Europa Press.

En un hecho insólito en los tres meses que van de juicio, fuentes de la Sala han expresado el "profundo malestar" de los siete magistrados que conforman el tribunal del procés, que opinan que la estrategia de defensa que ejercen Benet Salellas, Marina Roig y Áles Solá y la actitud de los comparecientes ha sido una "provocación". En cuanto a los abogados que han declarado en calidad de testigos, muchos de los cuales acudieron a colegios durante el referéndum del 1 de octubre para asesorar a los manifestantes, el tribunal lamenta que el comportamiento que han exhibido hoy "raya con el código deontológico de la Abogacía".

Rifirrafes entre Marchena y los testigos

Esta valoración se produce después de que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, haya mantenido varios rifirrafes con algunos de los testigos ya desde primera hora de la mañana. La declaración del primer compareciente, un dirigente del sindicato de maestros Ustec-stes (IAC), ya ha estado repleta de interrupciones y aclaraciones del magistrado, sobre todo ante la insistencia del testigo en introducir valoraciones sobre el derecho de autodeterminación, la convocatoria de referéndum, la resistencia de los ciudadanos ante la intervención policial el 1-O o los registros del 20 de septiembre en sedes de la Generalitat.

Así, a partir de ese momento el presidente del tribunal ha mostrado, en esta sesión número 44 del juicio, una actitud mucho más firme y menos didáctica que en ocasiones anteriores ante la deriva de las declaraciones de los siguientes testigos. Especialmente tenso ha sido el interrogatorio a la profesora de filosofía de la Universidad Oberta de Cataluña Marina Garcés por describir su "estupefacción" y "estado de alucinación" ante las cargas policiales en los colegios, y calificar de "incomprensible y triste" la suspensión de la consulta por el Tribunal Constitucional.

Tras incidir en este tipo de valoraciones, Marchena le ha recordado que no estaba en la sala para hablar de "su estado de alucinación o su estado febril" y le ha afeado que acudiera constantemente a consultar un papel con anotaciones. "La Ley prohíbe que sus respuestas estén en un guión de lo que tenía previsto decir en esta sala", le ha recordado secamente el magistrado, para volver a cortarla de nuevo cuando argumentaba, sobre la "violencia estatal", que "las porras rompen muchas cosas que no se ven, como es la confianza en el tejido social".

Discusión sobre contestar en catalán 

La tensión ha continuado durante el interrogatorio del tercer testigo, el abogado Lluís Matamala, quien ha planteado su deseo de testificar en catalán aludiendo a sus conocimientos como jurista. "Le supongo conocedor, en consecuencia le remito a sus conocimientos jurídicos y a todas las explicaciones que ha dado el tribunal sobre ese artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", le ha respondido Marchena que, ante los intentos del testigo de replicarle, le ha advertido de que debía contestar en castellano y que, de lo contrario, asumiría "consecuencias legales".

Marchena ha vuelto a poner un punto de seriedad en las sesión de la mañana de este martes cuando el concejal de ERC en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) Jordi Pesarrodona ha comenzado su declaración indicando al tribunal que conoce a los acusados "debido a la represión". "¿Son amigos de represión, dígame?", ha preguntado directamente el magistrado, pero el testigo ha aprovechado para precisar que no los conoce personalmente, sino que se refería al momento que están viviendo los acusados.

Pesarrodona ha sido uno de los 12 testigos que han comparecido esta mañana, que han afirmado ante el tribunal que fue agredido por los agentes de la Guardia Civil durante su actuación en el colegio electoral para impedir la realización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. A preguntas del fiscal Jaime Moreno sobre si los manifestantes forcejearon con los agentes, el testigo ha ironizado que así ocurrió si por forcejeo se entiende "evitar ataques indiscriminados" durante una "manifestación pacífica con las manos levantadas y los brazos cruzados".

Asimismo, el testigo ha apuntado que el día 20 de septiembre de 2017 protestó de manera "simbólica" contra los registros judiciales a sedes de la Generalitat haciéndose una fotografía con una nariz roja de payaso, al lado de un guardia civil que custodiaba la Consejería de Gobernación. Ha explicado que él siempre lleva este objeto "en el bolsillo" –de hecho, durante su declaración la ha puesto encima de la mochila que ha dejado en la mesa que se encuentra al lado del asiento de los testigos– ya que realiza espectáculos en asociaciones con labores sociales, y lo utilizó para "restarle trascendencia al conflicto político".

Asistencia jurídica voluntaria durante el 1-O

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Por otro lado, los cuatro abogados que han comparecido como testigos en el juicio oral, también han reprochado la actuación policial en algunos colegios electorales en los que estuvieron presentes. Han explicado que acudieron voluntariamente a dar "orientación jurídica" a los concentrados en colegios del 1-O si lo necesitaban, tal y como acordó la Junta directiva del colegio de abogados de Manresa. Precisamente Matamala, ha afirmado que el decano de este colegio recibió la llamada de dos jueces de guardia de la localidad que le manifestaron su preocupación ante la posibilidad de incidentes violentos durante la jornada.

Las dos preguntas comunes que hicieron los votantes desde primera hora de la mañana a los abogados fueron si "había algún incumplimiento de la ley de protección de datos", ya que no se conocía cómo se había realizado el censo electoral, y qué "consecuencias" tenían los actos de desobediencia civil, ha indicado Jaume Pich, otro de los abogados que han testificado este martes. Según los letrados, la Guardia Civil intervino en algunos de los colegios en los que estuvieron presentes dando asistencia jurídica sin mediar y de forma "indiscriminada", "desproporcionada y violenta" contra la actitud pacífica de los votantes. Asimismo, han añadido los manifestantes que estuvieron cantando y sólo alguno de ellos, de forma aislada, profirió algún insulto contra ellos.

Ante tales afirmaciones, los fiscales Jaime Moreno y Consuelo Madrigal han preguntado si vieron patadas, empujones o forcejeos de los votantes contra los agentes, pero los testigos han negado este extremo. Si bien, alguno ha precisado que después pudo comprobar por las grabaciones en vídeo que sí hubo algún enfrentamiento con los policías, como ha ocurrido en el caso de la abogada Mercè Torras, que estuvo en Fonollosa (Barcelona). Esto ha ocurrido cuando ha narrado que uno de los vecinos fue esposado y trasladado al centro de una de las plazas principales a la vista de su "amigos y familiares", después de que la fiscal Madrigal le preguntase si sabía que este joven fue arrestado tras mantener un forcejeo con los guardias civiles que estaban registrando el Ayuntamiento de la localidad.