La última batalla del frente de derechas: repartir carnés de "constitucionalista"

Suele haber poco de frívolo e improvisado en lo que declaran los prebostes de la jerarquía católica, más preocupados por el timbre histórico de sus manifestaciones que por el titular del día siguiente. Por eso, porque rara vez dan puntada sin hilo, sus posicionamientos sobre asuntos de actualidad obligan a afinar el oído. Ahora, por ejemplo, con el auge de la ultraderecha, el 40º aniversario de la Constitución, la crisis catalana... Hay mucho de lo que opinar. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, entró al trapo la semana pasada sin guardarse nada. Seguramente sin saberlo, el portavoz del episcopado puso el dedo en una llaga abierta de la vida política española.

"Gritar fascistas" a Vox es un "comportamiento antidemocrático", afirmó Argüello, preocupado por las "protestas callejeras" desde la irrupción del partido de Santiago Abascal. Después profundizó un paso más en su análisis. No ve justo que se prive a Vox de la etiqueta de constitucionalista. Perseguir una reforma de la ley fundamental, afirmó, "no es ser anticonstitucionalista". "Ellos [Vox] plantean modificar el título octavo, que es discutible. Nosotros vemos con alegría la realidad de la Constitución como está, pero que haya partidos que se plantean reformar ese título es legítimo", sentenció.

La afirmación de Argüello ha sido controvertida al interpretarse como un apoyo episcopal a un partido de extrema derecha. Es cierto que jamás se ha escuchado una manifestación de este tipo durante los más de cuatro años en que Podemos ha sido acusado de partido contrario a la Constitución por plantear alteraciones sustanciales de la ley fundamental. Pero no es menos cierto que la frase de Argüello es jurídica y políticamente rigurosa. Impecable, en realidad. En efecto, querer reformar la Constitución es legítimo y constitucional. No estar de acuerdo con la Constitución es constitucional. Lo es incluso defender un modelo de características opuestas a las que la Constitución establece. Siendo España una monarquía, defender la república es constitucional. Siendo España un Estado de las autonomías, defender un Estado con un único nivel gubernamental es constitucional. Y no sólo en el plano teórico. Es constitucional tratar de llevarlo a la práctica... siempre que se haga por las vías previstas en la Constitución. Porque la ley del 78 prevé la posibilidad de una reforma de todos y cada uno de sus artículos. Eso sí, mientras esté en vigor, es obligatorio cumplirla.

¿Qué sería anticonstitucionalista, entonces? Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, coincide en que "no se puede decir que un partido independentista o un partido republicano sean anticonstitucionalistas". Sí lo sería, en cambio, "intentar imponer un régimen contrario a la democracia por vías contrarias a la democracia". O defender postulados contrarios a los principios básicos de la Constitución. "Una de las señas de identidad de la Constitución es la definición de España como Estado social y democrático de derecho. Y eso incluye la igualdad. Difícilmente puede defenderse que el discurso de Vox defiende la igualdad entre hombres y mujeres", señala el profesor de Derecho Constitucional Javier Tajadura.

  Reformable hasta la última coma

Pero ni siquiera acudiendo a la defensa del principio de igualdad o de cualquier otro valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico es fácil encuadrar como anticonstitucionalista a un partido. El motivo es el diseño constitucional español. El texto del 78 no tiene cláusula de intangibilidad. Es decir, es reformable hasta su última coma por el mismo poder constituyente que la fundó: el pueblo español, directamente o a través de sus representantes en las Cortes Generales. En Alemania no. La conocida como Ley Fundamental de Bonn prohíbe cualquier modificación que afecte a la organización en distintos länder, así como los derechos fundamentales. "No está permitida", solemniza el artículo 79. Es lo que en argot constitucional se conoce como "cláusula pétrea". Otras constituciones con limitaciones expresas al poder de reforma son las de Francia, Grecia, Portugal, Chipre y Chequia, según el profesor de Derecho Diego Boza.

En España todo puede cambiarse a través de los artículos 167 y 168. Para alterar las partes duras de la Constitución es necesario lo que se conoce como "reforma agravada", con aprobación de dos tercios de las Cortes, disolución de las Cámaras, referéndum, elecciones generales y nueva aprobación de dos tercios por parte de las nuevas Cortes. Es un procedimiento complicado, puede que políticamente se acerque a la inviabilidad, pero sobre el papel es posible. Y es democrático. Está en la propia Constitución. A través de la Constitución se puede cambiar el corazón mismo de la norma, esa parte dura que dice por ejemplo que España es una "monarquía parlamentaria", un Estado con capital en la "villa de Madrid" y de "indisoluble" unidad, cuya lengua oficial en todo el territorio es el castellano y que tiene una bandera "formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura". También forman parte de ese núcleo principal de la Constitución la "autonomía de las nacionalidades y regiones", los derechos fundamentales y todo lo que afecte a la Corona.

El partido que esté en desacuerdo con cualquiera de estos puntos puede intentar cambiarlos. Y no por ello es técnicamente contrario a la Constitución. Sí podría aplicársele con más tino esa etiqueta a un partido en Alemania contrario a los länder, porque su proyecto político es incompatible con la Constitución y esta no prevé reforma de esa cuestión.

  Ley y política

Aunque técnicamente todo pueda entrar en la Constitución, resulta difícil sostener que un partido en España es políticamente constitucionalista si defiende, aunque sea por el procedimiento de reforma, la derogación del artículo 14: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión [...]". Lo mismo puede decirse de un proyecto que base su existencia en la abolición de lo que la Constitución consagra como "valores superiores", que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En la práctica, nadie rechaza formalmente estos valores. Pero sí se han desarrollado políticas que han sido consideradas por los adversarios políticos de quienes las promocionaron como peligrosas para los mismos: Ley de Seguridad Ciudadana (libertad), Ley Electoral (pluralismo)... Incluso una de las dos reformas de la Constitución realizadas hasta ahora ha sido criticada –desde la izquierda– por interferir en principios constitucionales básicos.

Se trata de la de 2011, la del famoso artículo 135, acordada por PSOE y PP para consagrar el principio de "estabilidad presupuestaria". No obstante, pocas veces el eje "constitucionalista-anticonstitucionalista" se coloca en atención al grado de defensa de los derechos y libertades. Los indicadores para fijar esta línea son otros, sobre todo la adhesión al actual modelo territorial y jefatura del Estado. Republicanos e independentistas son de entrada sospechosos de anticonstitucionalistas. Y eso que, a diferencia del rechazo a los valores de libertad o igualdad, ni un referéndum de autodeterminación en Cataluña ni la transformación de España en una república federal supondrían el incumplimiento por parte de España de estándares internacionales de protección de derechos humanos o de legislación europea.

En cambio, es en el modelo territorial y en la Corona donde se traza la línea roja que delimita el "constitucionalismo". Una línea que, manejada por los conservadores, cada vez deja más partidos fuera.

  Una línea escorada a la derecha

Aunque en el frenesí político comienzan a usarse indistintamente, hay que diferenciar "anticonstitucionalista" de "anticonstitucional". De momento el PP acusa a Unidos Podemos de lo primero, no de lo segundo. Es decir, el señalamiento es político, no jurídico. En el plano legal, la definición queda reservada al Tribunal Constitucional, que es el intérprete de la norma. Por ejemplo, ha declarado anticonstitucional la expropiación de pisos vacíos para evitar desahucios que preveía el decreto andaluz de vivienda de 2013, o la ley navarra del mismo año que obligaba a la Iglesia a pagar el IBI.

Pero, al mismo tiempo, ha establecido que España no es una democracia militante. Es decir, no requiere una adhesión activa a sus principios para estar dentro del marco democrático. Dicho de otro modo: para estar dentro de la ley fundamental hay que cumplirla, no defenderla. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, lo ha manifestado este mismo jueves: "No estar de acuerdo con la Constitución es constitucional". Paradojas de la política, la frase de Iglesias entra en coincidencia con la de monseñor Argüello, sólo que en el caso del líder de Podemos salía a subrayarla no en referencia a Vox, sino a los partidos independentistas. Así de vivo está el tema cuando un portavoz episcopal y un dirigente político de izquierdas salen con seis días de diferencia a trazar líneas de constitucionalidad en el suelo. O, más bien, a corregir las rayas que otros dibujan.

Una de las causas de que el tema esté vivo es la dinámica acción-reacción en torno a la crisis catalana. El PP y Ciudadanos escoran cada vez más la línea de lo constitucional hacia la derecha. Se ha abierto paso un sintagma, "bloque constitucionalista", repetido sin cesar en el espacio mediático como si fuera neutro. No lo es. El derecho de admisión en el bloque constitucionalista lo han venido administrando PP y Ciudadanos. Mientras Mariano Rajoy ocupó la Moncloa incluyeron al PSOE. Están dentro partidos como Foro Asturias, UPN y Coalición Canaria. Pero no Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT o Bildu. La frontera se visualizó en la votación en octubre de 2017 sobre la aplicación del 155 tras la declaración ilegal de independencia en Cataluña.

Luego la línea se ha movido. Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Ciudadanos), cada cual con sus matices, excluyen al PSOE del "bloque constitucionalista" por haberse apoyado en los independentistas catalanes y vascos para ganar la moción de censura, cuya legitimidad también ponen en duda pese a ser un procedimiento regulado en la propia Constitución (artículos 113-115). Casado excluyó al PSOE de su convocatoria en noviembre de una especie de cumbre constitucionalista en el Congreso, que finalmente naufragó. Albert Rivera pide con frecuencia a Sánchez que "vuelva al constitucionalismo". El que más claramente ha delimitado el nuevo campo es José María Aznar, expresidente del Gobierno, padre político de Casado e ideólogo de un proyecto de unidad de acción de todo lo que él llama "centro-derecha" y que incluye a PP, Cs y Vox. Aznar, que se declara "integralmente constitucionalista", excluye del bloque al PSOE e integra a Vox. "Vox no es una fuerza antisistema", afirma Aznar. Y añade: "El PSOE fue un partido constitucionalista, pero hoy es muy difícil sumarlo" en dicho bloque.

  Himno, bandera... y Constitución

El profesor Javier de Lucas, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, cree que existe una "patrimonialización de la noción misma de Constitución, parecida a la que se ha producido con la bandera o el himno, pero mucho más grave porque ya no hablamos de símbolos". "Creo que este discurso está haciendo un daño a la Constitución del que todavía no somos conscientes", señala. Comparte este punto de vista el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, que en una entrevista a infoLibre con motivo del 40º aniversario de la ley fundamental decía: "El intento de apropiación de la Constitución y del rey por parte del PP está clarísimo". Pérez Royo considera que esta situación pone en riesgo tanto a la Corona como a la Constitución, a la que se trata como un objeto de culto intocable que excluye a cuantos la cuestionan.

A juicio de De Lucas, el sesgo excluyente del constitucionalismo que realiza la derecha parte de una "interpretación falsa" de la noción de "patriotismo constitucional", que –recuerda– suele atribuirse erróneamente a Jürgen Habermas cuando en realidad es de Dolf Stenberger. "El sustantivo [patriotismo] se respeta, pero el adjetivo [constitucional] se desprecia. Lo único que interesa de la Constitución son un par de preceptos, empezando por la unidad indisoluble de España. No la unión, que tiene unas connotaciones federalistas, sino la unidad. Se olvida que el programa fundamental de la Constitución no es tanto la definición del Estado, que también, como la garantía de los derechos y el logro de la máxima libertad para los ciudadanos", señala.

  Barrera de aduana

De Lucas afirma que acontecimientos ligados al procés como la aprobación de las "leyes de desconexión" en octubre de 2017 fueron contrarios a la Constitución. Y también cree que el argumento independentista de que la reforma constitucional es casi imposible no justifica esta ruptura. Pero considera inadmisible que, además de descartarse la reforma, la derecha política se permita "repartir licencias de constitucionalidad". "Se está estrechando el bloque de la Constitución, convirtiéndola en barrera de aduana y supeditando el acceso a una noción premoderna de la unidad de España", afirma.

Pero la Constitución no es sólo la unidad de España. "Son muchas cosas, y legítimamente cualquiera puede querer cambiarlas", recuerda el profesor Javier Tajadura. La Constitución también son derechos fundamentales, por ejemplo. ¿Cabría sacar del "bloque constitucionalista" a quienes desean elevar la protección de los conocidos como "derechos sociales" con su consideración como "derechos fundamentales"? Nadie lo ha hecho. Tampoco salieron PP y PSOE del "bloque constitucionalista" por la reforma del 135. Por supuesto –como subraya De Lucas– no se deja fuera de este frente a los defensores de políticas que han "vaciado de contenido" derechos como el de la vivienda o el empleo. "¿Se puede llamar constitucionalista a quien se carga el Estado social?", pregunta De Lucas. Con todo ello, añade, se está utilizando la Constitución "como un instrumento de exclusión, que es justo lo contrario a lo que se buscó en 1978, cuando se hizo un esfuerzo para no excluir a nadie y crear un marco común a todos".

  Unidad y adhesión

Tajadura también observa que la patrimonialización del adjetivo "constitucionalista" está vinculada a una idea irreformable del Estado en su forma territorial. Y señala: "El sentimiento constitucional, que es fundamental en una sociedad, es un afecto racional, no meramente emotivo. Se basa en la convicción de que la Constitución garantiza tu libertad. No es una efusión arbitraria, sino racional". Ahora la pregunta es: ¿puede una Constitución esgrimida por unos pocos partidos no sólo contra sus adversarios, sino contra amplios sectores sociales, mantener una adhesión sentimental mayoritaria?

Tajadura recuerda que la tensión en torno a lo que cabe política e ideológicamente dentro de la Constitución no es nueva. El Tribunal Constitución confirmó en 2004 la ilegalización de Batasuna acordada por el Supremo. Javier de Lucas recuerda que la reiterada exigencia de "pedir perdón" fue "más que dudosa" constitucionalmente. Hoy se abre paso entre destacadas figuras socialistas, caso de los presidentes autonómicos Emiliano García Page y Javier Lambán, la idea de ilegalizar partidos independentistas, lanzada inicialmente por Pablo Casado. La propuesta, aunque no está trabajada jurídicamente, apunta a un requisito militante de la propia naturaleza del demócrata que el Constitucional ha desechado. Aquí ya no estamos en un terreno político, sino jurídico. Comienza a acariciarse la idea de sacar a los partidos del tablero por sus fines, no por sus medios. Pero sólo mirando al independentismo. Porque políticamente tan en desacuerdo está con la Constitución el PNV como Vox, desde ópticas opuestas.

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  Justificación del pacto andaluz

Hay partidos que defienden reformas constitucionales, como el PSOE, Podemos o IU. En el caso de estos dos últimos, revisiones tan a fondo que casi cabría hablar de proceso constituyente, si bien este es un término que ha ido apareciendo y desapareciendo de su retórica. Según la nueva ortodoxia de PP y Cs, estos partidos no tienen plaza en el bloque constitucionalista, porque están del lado de los "separatistas". Entre los separatistas sí los hay que han actuado contra la Constitución a lo largo del procés. Pero es obvio que aunque renunciaran a la vía unilateral ni PP ni Ciudadanos los considerarían constitucionalistas, como demuestra el caso del PNV y Bildu. ¿Resultado? Una Constitución de la que se repite que es "de todos" es utilizada para hacer estrictas delimitaciones políticas. "Constitucionalista ahora mismo significa inmovilista", señala el profesor de Derecho Constitucional Rubén Martínez Dalmau. "Querer cambiar la Constitución se presenta como no querer cumplir las reglas del juego. Y no es así. Cualquier partido, precisamente por asumir las reglas, ya es constitucional. Pero aquí se utiliza el término para crear un frente de derechas, que es lo único que cabe en la Constitución. Así justifican un pacto [entre PP, Ciudadanos y Vox] en Andalucía", añade.

A juicio de Martínez Dalmau, el "bloque constitucionalista" pone en práctica la vieja definición "amigo-enemigo" de Carl Schmitt. Una política de buenos y malos. "Pensábamos que la nueva política debía romper con eso cuando se nos ha venido esta ola reaccionaria", afirma. Cree que se trata de una argucia de la derecha. Especialmente de Ciudadanos, dice, partido hábil en la utilización de otros adjetivos como "populista". Martínez Dalmau afirma que el eje constitucionalista-anticonstitucionalista es manejado a su antojo por las fuerzas conservadoras. Y que el eje que debería articular el debate es "pensamiento democrático-pensamiento oligárquico". No considera que Vox sea contrario a la Constitución en su redacción, pero sí que lo es a algunos fundamentos democráticos básicos. En cambio, señala el profesor, toda la prueba de sentimiento constitucional que se exige viene determinada por la adhesión a la idea de unidad nacional. Ahí PP, Cs y Vox sacan sobresaliente cum laude. Y le ponen las notas al resto.