Unidad Popular pide inhabilitación de 30 años para políticos corruptos y que los delitos económicos no prescriban

El candidato de IU-Unidad Popular, Alberto Garzón, ha presentado este martes una batería de 45 medidas contra la corrupción que incluyen la ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para los cargos públicos condenados por corrupción, que los delitos económicos no prescriban o ampliar las penas contempladas en el Código Penal para los corruptos y los corruptores.

Garzón ha presentado esta batería de propuestas –que se incluirían en una ley integral contra la corrupción– acompañado por los números dos y tres en la candidatura con la que se presentará a las elecciones del 20 de diciembre, Sol Sánchez y Enrique Santiago. Santiago es además el abogado de IU que lleva en la Audiencia Nacional la querella interpuesta por el caso Bárcenas.

IU considera que la corrupción es un problema "estructural" del sistema y por ello quiere combatirla de raíz, con una ley "integral y severa" que incorpore el delito de enriquecimiento ilícito y medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo.

También sostiene que los corruptos tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan sus acciones delictivas y, para ello, propone aprobar una Ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas. "Atacar donde más les duele", ha resumido Enrique Santiago.

En cuanto a los partidos políticos, aboga por introducir en el Código Penal el delito de soborno impropio y financiación ilegal de los partidos políticos y el endurecimiento de las penas por delito fiscal. También propone prohibir las donaciones a los partidos por parte de empresas contratadas por administraciones públicas y que todas las donaciones sean públicas y de libre acceso a cualquier ciudadano.

IU considera que deben establecerse procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos. Sin embargo, rechaza la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el PP esta legislatura que limita el plazo de instrucción a 18 meses cuando, por ejemplo, una comisión rogatoria a Suiza tarda un mínimo de seis meses en tramitarse. De la misma forma aboga por potenciar el papel de las acusaciones populares, protagonistas en los grandes escándalos de corrupción que han llegado a los tribunales durante esta legislatura.

Para prevenir el fraude fiscal, también quiere conseguir una mayor eficacia de la Agencia Tributaria y atribuirle la capacidad de investigar el blanqueo de capitales. De la misma forma, aboga por la creación de una Policía Fiscal en la Agencia tributaria que se integraría en unidades especializadas de la Policía y la Guardia Civil.

Limitación de salarios

Otro de los focos sería la creación de registros que permitieran prevenir la corrupción, como un registro de tenedores de billetes de 500 euros o un registro público de recalificaciones de suelo, en el que deberían participar todos los ayuntamientos.

De la misma forma, Alberto Garzón ha explicado su voluntad de limitar los salarios de todos los representantes públicos y que el mejor pagado no pueda cobrar más que el funcionario mejor pagado, lo que también afectaría al presidente del Gobierno.

Y pide un régimen estricto de incompatibilidades que también impediría a los cargos públicos, en los tres años siguientes a ocupar el cargo, ejercer funciones en empresas privadas o prestar servicios remunerados en sectores en los que tuvieron responsabilidades.

Las medidas incluyen otras muchas varias propuestas como reforzar la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, limitar "drásticamente" los gastos de las candidaturas o establecer un Código Ético del Cargo Público. También aborda el problema del transfuguismo y quiere obligar por ley a los tránsfugas a devolver su escaño.

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Garzón cree que estas medidas hacen frente al "maquillaje" que ha intentado "vender" el PP durante los últimos cuatro años, con un Gobierno "complaciente" con la corrupción y que "no ha acometido las reformas necesarias para erradicarla".

Frente a ello, ha erigido a la candidatura de IU-Unidad Popular como una lista que "da ejemplo". "Somos gente de fiar y gente que da ejemplo en su actividad política. Votar IU-Unidad Popular es votar a gente decente y honesta que predica con el ejemplo", ha proclamado.

Enrique Santiago ha explicado que la corrupción es una "mezcla explosiva" derivada de las políticas de desregulación y la falta de recursos en las administraciones públicas. "Es la lacra que ha asolado este país", ha lamentado.