Las universidades anticipan el auxilio a sus alumnos ante los recortes en las becas

Las universidades no quieren que sus alumnos se vean abocados al abandono de sus estudios. Y por eso algunas de ellas están dispuestas a hacer un papel que no les corresponde tirando de fondos propios para ayudar a los alumnos que se queden fuera de la convocatoria de becas para este curso 2013-2014 del Ministerio de Educación. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Zaragoza, cuyo Consejo de Gobierno aprobó el miércoles 26 de febrero dedicar una partida de 370.000 euros para ayudar a pagar las matrículas, así como aportaciones monetarias para el pago del transporte u otro tipo de gastos relacionados con el estudio. Esta beca tiene unos requisitos académicos un 15% más bajos que las ayudas ofrecidas por Educación. Y aunque se conceden desde 2008, cuando tenía una asignación que rondaba los 100.000 euros, la cantidad destinada se ha ido incrementando en los últimos años. 

La Universidad de Cantabria es otra de las que cuenta con un Fondo de Contingencia Social para ayudar a los alumnos con necesidades económicas que se han quedado sin la beca del Ministerio de Educación. Este fondo cuenta para este curso con un presupuesto de 50.000 euros, ampliable hasta 65.000, y solo se puede destinar a pagar las tasas de matrícula. Según informó en su edición digital El Diario Montañés, 110 alumnos de este centro universitario ya han solicitado la ayuda de emergencia.

Aunque todavía no ha publicado las bases para este curso, la Autónoma de Madrid también cuenta con planes específicos de ayuda a sus alumnos. Según fuentes de este centro, la nueva partida tendrá una asignación similar a la del curso pasado, cuando fue de 500.000 euros. La Universidad de Málaga también ha dotado con 54.000 euros un fondo de emergencia para estudiantes de familias que se encuentren en situaciones precarias y no puedan acceder al pago de las tasas. La de A Coruña también ha establecido un fondo social para el pago de matrículas dotado en un primer momento con 15.000 euros, aunque es muy previsible que se amplíe ante el aumento de las peticiones. 

El pasado verano, el Ministerio de Educación dio un vuelco radical al sistema de ayudas al estudio. En un polémico reglamento estableció las nuevas condiciones de acceso, en el que se fijaba que partir de este curso las becas tendrían una parte fija y otra variable y en el que se incluía también un endurecimiento en los requisitos académicos de acceso. Desde entonces, los rectores de las universidades públicas vienen alertando de que estas modificaciones, vinculadas a la subida de las tasas –el precio medio del crédito en primera matrícula se ha incrementado un 20,1% desde el curso 2011-2012– y al contexto de fuerte crisis económica podría acarrear abandonos masivos en los centros de educación superior. 

Desde el ministerio intentan quitarle hierro al asunto. Y señalan que en el curso pasado "sólo" hubo 8.671 beneficiarios menos de becas en sus modalidades general y de movilidad. No obstante, el impacto más fuerte se espera para este curso, pues es cuando se han endurecido especialmente los requisitos académicos para acceder a las ayudas más cuantiosas y que son, por tanto, las que reciben las familias más desfavorecidas. Este curso, para poder ser beneficiario de las becas de renta y residencia, el ministerio elevó de 5,5 a 6,5 la nota exigida en la media ponderada entre las calificaciones del Bachillerato y la prueba de Selectividad. 

Igualmente, para poder recibir beca a partir del segundo curso, los requisitos se endurecieron: los estudiantes de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud debían haber aprobado el 100% de los créditos del año anterior, aunque también podían ser beneficiarios de las ayudas si aprobaban el 80% –en el caso de Ciencias y Ciencias de la Salud– o el 90% –Ciencias Sociales y Artes y Humanidades– de los créditos con una nota media superior al 6 –Ciencias– o 6,5 –las otras tres ramas mencionadas–. Los estudiantes de Ingeniería o Arquitectura, por su parte, necesitan haber aprobado el 85% de los créditos del curso anterior, o bien haber superado el 65% con una nota media superior al 6.

Las asociaciones de estudiantes no ven mal estas ayudas, pero creen que garantizar la equidad en el acceso a los estudios no es la obligación de las universidades. "El dinero que se invierte en estos planes de rescate deja de invertirse en investigación o docencia. Es cierto que las universidades no pueden mirar para otro lado en lo que está pasando, pero no tienen asignada la función de ser las garantes de la cobertura social. Ese papel lo tienen que hacer el Estado y las comunidades autónomas", señala Luis Cereijo, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas de España. 

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Aunque algunas universidades ya han iniciado sus iniciativas sociales, es imposible saber cuántos alumnos se quedarán sin beca porque la convocatoria todavía no está cerrada. De hecho, la nueva fórmula hace que, cinco meses después del inicio del curso, los beneficiarios no saben todavía siquiera de cuánto dinero van a disponer. Lo que ya se ha empezado a repartir es la parte fija, que puede ser de hasta 3.000 euros y que está ligada a la residencia del solicitante durante el curso y a su renta. A ella sólo pueden acceder por tanto los alumnos con escasos recursos y sólo reciben el máximo los que además tienen que trasladarse de su domicilio para estudiar. Según datos del Ministerio de Educación, los primeros ingresos empezaron a hacerse el pasado noviembre. 

El problema es que la parte variable, que se distribuirá entre los solicitantes en función de la renta familiar, de su rendimiento académico y del presupuesto que el Gobierno ha destinado a la convocatoria a través de una complicada fórmula matemática, no comenzará a repartirse hasta que se hayan asignado todas las fijas. Y eso puede tardar meses teniendo en cuenta que por el camino suelen cruzarse reclamaciones, errores burocráticos u otro tipo de contratiempos ya que el proceso cuenta con varias etapas. En el departamento de José Ignacio Wert admiten que la parte variable se abonará "en cuanto se termine de pagar a todos los becarios a los que les corresponda la parte fija". La última fecha barajada por el ministerio era marzo, pero el mes acaba de comenzar y todavía quedan muchas solicitudes por tramitar.

Para que lleguen al ministerio, las becas tienen que ser tramitadas primero por las universidades, que determinan si se cumplen los criterios académicos. Hay algunas, especialmente las catalanas y la UNED, que van con mucho retraso. Por ejemplo, según datos de Educación, la Universitat de Barcelona sólo ha gestionado hasta la fecha el 50,82% de las solicitudes; la Politécnica de Catalunya, el 41,84%%; la Pompeu Fabra, el 52,53% y la Rovira i Virgili, el 52,52%. La UNED, por su parte, sólo ha tramitado el 69,16%% de los expedientes.