Igualdad LGTBI
Varapalo judicial contra Abogados Cristianos: las aulas de Castellón recuperan sus libros LGTBI
Nuevo varapalo judicial contra Abogados Cristianos. La justicia ha levantado este lunes la medida que acordaba retirar 32 libros de temática LGTBI distrubidos en doce institutos y centros públicos de Castellón. El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 lo deja claro: no existe ninguna prueba de que los ejemplares atenten contra los derechos humanos ni que su reparto vaya contra la legalidad. Todo lo contrario: la donación del material cumple con la ley autonómica de reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género. Las aulas recuperarán sus textos.
¿Cómo llegó a estar en cuestión el reparto de los libros a los centros? Detrás está la organización ultracatólica Abogados Cristianos, una de las principales entidades que emprende una contienda constante contra el movimiento feminista y LGTBI. Su principal estrategia está precisamente en los tribunales. La organización presidida por la abogada Polonia Castellanos fue la encargada de solicitar la retirada de una treintena de libros de temática LGTBI que habían sido donados por el Ayuntamiento de Castellón a once institutos y un centro público. La organización ultra rechazaba que una "institución imponga una ideología" y llegó a calificar los libros como "ilegales" por ir contra los "derechos humanos" y atentar contra la "libertad religiosa". La jueza sustituta Carola Soria Piquer asumió como válidos los argumentos de Abogados Cristianos y dictó medidas cautelares: los libros tenían que abandonar los centros públicos.
En un auto emitido este lunes, diez días después del primer dictamen, el magistrado David Yuste Espinosa enmienda la decisión de su colega y defiende que las acusaciones de la organización ultra carecen de fundamento al no estar fundadas. "Resulta obvio que la conclusión" que expone Abogados Cristianos sobre el reparto de los libros y su impacto entre el alumnado "se presenta carente del necesario sustrato probatorio". La calificación de "libros ilegales", vertida por la entidad ultra, se presenta además como una "apreciación subjetiva", ya que no existe ninguna resolución judicial o administrativa que los tilde como tal.
"No se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad" que denuncia la organización ultra. Tampoco se aportan pruebas de que "el contenido de los materiales atente contra los derechos humanos". Es más, la donación de los libros encaja en lo dictado por las ley autonómica de identidad de género. Atendiendo a esta norma, en vigor desde 2017, estos mismos ejemplares se encuentran también en manos de las bibliotecas públicas de la comunidad, sin que ello haya levantado ninguna acción judicial contraria. "Lo cierto es que la actuación administrativa impugnada tiene un fundamento legal directo en la ley", completa el magistrado, especialmente en lo que respecta al artículo 37, relativo a la "promoción de una cultura inclusiva". A la medida cautelar de retirar los libros de las aulas recurrieron tanto el Ayuntamiento de Castellón como el Ministerio Fiscal.
A la primera decisión de dejar a los centros sin sus ejemplares le siguió una cascada de reacciones. La propia vicepresidenta de la comunidad, Mónica Oltra, aseguró entonces que los libros permanecerían en las estanterías de las aulas a pesar de la medida dictada por la jueza. La ministra de Igualdad, Irene Montero, criticaba entonces la maniobra judicial: "Leer es también parte de una necesaria educación sexual como base para un país sin machismo ni LGTBIfobia", publicaba en redes sociales. El Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia detectó en 2020 un total de 140 ataques homófobos en la comunidad, un 26% más que las comunicadas el año anterior.
La presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, aseguró que la medida iba "en contra del interés superior del menor porque vulnera su derecho al conocimiento" y la Federación de padres y madres de los colegios públicos de la provincia cargó contra la medida por "invadir a la educación de cuestiones ideológicas y políticas que no deberían afectar al ámbito del aprendizaje". Unida Podemos llegó a registrar en el Parlamento Europeo una pregunta dirigida a la Comisión Europea para esclarecer su posicionamiento ante la medida cautelar.
Entre los libros, se encontraban títulos como No vine a ser carne, una recopilación de las letras escritas por la rapera feminista Gata Cattana, fallecida en 2017; Después de lo trans, de Elizabeth Duval; A la conquista del cuerpo equivocado, escrito por Miquel Missé y WeToo: Brújula para jóvenes feministas, obra de Octavio Salazar.
Batalla en los tribunales
No es la primera vez que Abogados Cristianos se aferra a los tribunales para emprender su particular defensa de los sentimientos religiosos. Y tampoco es la primera vez que la justicia acaba tornándose en su contra. Ocurrió con el actor Willy Toledo, quien en 2020 fue absuelto de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y obstrucción a la justicia. En marzo del presente año, el juez desestimó otra demanda de Abogados Cristianos contra él. También fue Abogados Cristianos quien estuvo detrás de la denuncia contra las mujeres que en la manifestación del 1 de mayo de 2014 exhibieron la figura del conocido coño insumiso. Siete largos años después, la justicia confirmó la inocencia de las tres activistas: no había ningún delito de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos religiosos, ni delito alguno contra los sentimientos religiosos.
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La feminista asturiana Blanca Cañedo se despidió del proceso judicial contra ella a finales del año pasado. Abogados Cristianos la había denunciado un año antes por presuntamente haber vulnerado su derecho al honor, al afirmar en una entrevista que la entidad recibía "una muy buena subvención por cada caso que abre". Unas declaraciones que el juez enmarcó dentro de la libertad de expresión.
También fue paradigmática la cruzada de la entidad ultra contra el artista Abel Azcona. En 2015 el autor organizó la exposición Amén o la pederastia, en la que exhibió una pieza con la palabra "pederastia" confeccionada por un conjunto de hostias consagradas. La Audiencia Provincial de Navarra no encontró rastro de ofensa a los sentimientos religiosos y la justicia aludió de nuevo a la libertad de expresión, pero la organización no cejó en su batalla y llevó la causa a Estrasburgo. El Tribunal admitió a trámite la demanda hace ahora dos años.
En 2018, la Audiencia Provincial de las Palmas dio carpetazo a la demanda interpuesta contra Drag Sethlas. Detrás del personaje estaba el artista Borja Casillas y un año antes había sido denunciado por Abogados Cristianos. Argumentaban un supuesto delito de ofensa contra los sentimientos religiosos, tras su actuación en la Gala Drag de las Palmas de Gran Canaria de 2017. El artista se hizo con el galardón del concurso, después de haber participado disfrazado de Virgen primero y de Cristo crucificado después. La organización de Polonia Castellanos tildó el número de "muy ofensivo" por estar plagado de "frases blasfemas" y "burlarse de las oraciones cristianas".
