Veintisiete obispos obstaculizaron la primera investigación oficial sobre abusos en la Iglesia
Ha sido necesario más de un año de trabajo. Pero al final se ha conseguido empezar a arrojar luz sobre décadas de oscuridad. El Defensor del Pueblo ha hecho público este viernes el primer gran informe oficial sobre la pederastia en el seno de la Iglesia. Se trata de un exhaustivo estudio de casi ocho centenares de páginas que aborda desde diferentes prismas un problema que podría haber afectado a casi medio millón de adultos españoles. Una investigación que es especialmente dura con la institución religiosa. Habla de "dinámicas de encubrimiento y ocultación". Y, por supuesto, también de la resistencia, aún en la actualidad, de levantar el velo alrededor de la pederastia en su seno. Al menos un 40% de diócesis –27 en total– no respondieron a la segunda carta del Defensor del Pueblo solicitando más información.
El estudio del órgano constitucional surgió de un gran acuerdo político. En marzo de 2022, el Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría que el Defensor del Pueblo abriese una investigación sobre los abusos en el seno de la Iglesia. Solo Vox se pronunció en contra, y los dos diputados expulsados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) decidieron abstenerse. Una vez recibido el encargo, el órgano que dirige Ángel Gabilondo comenzó a trabajar en varias direcciones. Por un lado, creó una Unidad de Atención a las Víctimas. Por otro, una Comisión Asesora compuesta por expertos externos, algunos de ellos con conocimientos jurídicos y de victimología. En total, casi una treintena de personas para hacer la primera gran radiografía estatal sobre esta lacra.
"Mentiría si dijera que nadie de la Iglesia ha colaborado y mentiría si dijera que ha habido una colaboración extraordinaria
Desde el primer momento, la Iglesia, que tiene en marcha su propia auditoría sobre este asunto, rechazó participar en la investigación encargada al Defensor del Pueblo. Y tampoco es que haya colaborado de forma absoluta en las pesquisas llevadas a cabo por el órgano constitucional. "Mentiría si dijera que nadie ha colaborado y mentiría si dijera que ha habido una colaboración extraordinaria", ha dicho un cauteloso Gabilondo ante los medios. En rueda de prensa, ha explicado que ha habido algunos en el seno de la Iglesia que han ayudado en todo lo posible, pero también que otros han aportado "información muy vacía de contenido". "No todos los obispos han colaborado, alguno nos ha reñido", ha completado el Defensor del Pueblo.
Durante meses, el órgano constitucional ha recopilado información de numerosas fuentes. Así, el 24 de febrero se dirigió por escrito a los obispos o arzobispos de las setenta diócesis de la Iglesia para que remitieran la información de la que dispusieran sobre los casos de abusos sexuales desde 1950, procesos de reparación a las víctimas o protocolos de prevención e intervención ante abusos. La mayoría respondieron a esta primera solicitud. Pero solo tres aportaron una "información suficientemente completa". Por eso el Defensor del Pueblo se puso en contacto otra vez con las 67 restantes solicitando una mejora de los datos aportados o información complementaria o adicional. A cierre del informe, 27 de ellas, el 40%, seguían sin contestar a esta segunda petición.
Relegar los abusos "a un aspecto marginal"
El informe, de hecho, es duro con la Iglesia. "Hay obispos que parecen haber decidido evitar el tema, que quieren pasar página, más preocupados por las consecuencias para la institución que por las que los abusos han tenido para las víctimas, lo cual les lleva a reconocer un mínimo de casos o ninguno, incluso pese a la existencia de indicios", resalta el estudio. Una de las diócesis menos colaborativas fue la de Vic, que no respondió a la segunda carta del Defensor del Pueblo y que en su primera contestación se negó a aclarar si conocía o no algún caso de abusos. Simplemente, "cuestionó" la encomienda del Congreso de los Diputados y criticó la investigación por considerar "su objetivo sesgado" al centrarse exclusivamente en los abusos en el ámbito de la Iglesia.
El estudio habla de "dinámicas de encubrimiento y ocultación". Sin embargo, las diócesis han evitado entrar en esa cuestión. "No han hecho comentarios, ni siquiera de los que han sido señalados expresamente de una forma pública por parte de víctimas o de testimonios indirectos. Tan solo un obispado ha señalado a un posible encubridor", recoge el informe, que también critica que los datos que se han aportado por parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE) al Defensor del Pueblo han sido presentados de una forma "que tiende a minimizar el fenómeno y a relegarlo a un aspecto marginal en el seno de la institución". La CEE ya ha convocado para el próximo lunes una Asamblea Plenaria extraordinaria con la intención de analizar el contenido del informe.
"El hecho de que no se haya podido acceder a información de los archivos diocesanos ha impedido disponer de datos más aproximados sobre el número y las características de los clérigos y religiosos que habrían perpetrado tales conductas
El órgano constitucional también deduce, a partir de las respuestas de las diócesis, que no ha sido "práctica habitual" guardar en los archivos diocesanos información sobre abusos o sospecha de los mismos. "El archivo de la información sobre abusos ha sido algo dependiente de las decisiones de cada obispo, de su interés en que se guardaran datos y de la gravedad percibida del caso", apunta el informe. Y añade: "El hecho de que no se haya podido acceder a información interna contenida en los archivos diocesanos ha impedido a la Comisión Asesora disponer de datos más aproximados sobre el número y las características de los clérigos y religiosos que habrían perpetrado tales conductas y compararlos con los que han aportado las comisiones de investigación de otros países".
Sin una cifra cerrada
La investigación del Defensor del Pueblo no pone sobre la mesa una cifra cerrada de casos. De hecho, la Comisión Asesora considera que ni hacer un cálculo ni realizar una aproximación formaba parte de su cometido. Ese ejercicio, considera el órgano, supondría "pasar por alto el silencio voluntario de tantas víctimas" y no tener en cuenta que "muchas de ellas han desaparecido" con el paso del tiempo. El estudio, eso sí, hace una recopilación de los datos aportados desde el ámbito religioso. Cifras no siempre coincidentes. Así, mientras que la Conferencia Episcopal recoge 728 casos de pederastia en el seno de la Iglesia, la información recopilada a través de las diócesis y órdenes religiosas hablan de 1.140 casos –354 comunicados por las primeras y 786 por las segundas–. La base de datos de El País recoge, hasta el momento, 1.036 casos.
Durante todo el proceso, la Unidad de Atención a las Víctimas tuvo conocimiento de 487 personas que habrían sido objeto de abusos en el seno de la Iglesia. Y se entrevistó con más de tres centenares de personas
Pero el Defensor del Pueblo cree que los "casos registrados oficialmente" no representan "más que una pequeña parte de una realidad mucho más extendida". Hace esta afirmación en base a una encuesta encargada a GAD3, que ha trabajado sobre una muestra de 8.013 personas. Un sondeo en el que se pone de relieve que al menos el 1,13% de los adultos en España han sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso y que el 0,6% los sufrieron por parte de un cura o religioso católico. Proyectando esos datos sobre la población mayor de 18 años en España, estamos hablando de más de 440.000 personas en el primer caso y de más de 230.000 en el segundo. Gabilondo, sin embargo, se ha negado en rueda de prensa a hacer ninguna extrapolación de datos sobre la encuesta.
"Él ha vivido una vida terrenal perfecta y yo un infierno en la tierra"
Durante todo el proceso, la Unidad de Atención a las Víctimas tuvo conocimiento de 487 personas que habrían sido objeto de abusos en el seno de la Iglesia. Y se entrevistó con más de tres centenares de personas. De todas esas conversaciones, la mayoría de ellas cara a cara, el Defensor del Pueblo hace un exhaustivo análisis de esta lacra en base a diferentes aspectos, como los factores de riesgo, las estrategias utilizadas para cometer el abuso, la revelación del mismo, las consecuencias o el proceso de recuperación. Según el estudio, un tercio de las víctimas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático. Y algunas de ellas habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización o acción suicida.
Los fragmentos de testimonios recogidos en el informe, totalmente anonimizados, son muy duros. "Habló conmigo y me dijo que, al estar separados mis padres, yo tenía falta de cariño y que él se había fijado en mí porque lo necesitaba y lo que hacíamos era amor, que no me preocupase", dijo uno de ellos. "Me cogió una mano por aquí para hablar así como a la oreja, empezó a besuquearme, a meterme la lengua, a meterme la otra mano en los huevos. Yo estaba acojonado, asustado, no sabía ni lo que era", contaba otro. "Entonces sentí un terrible dolor y quemazón en la entrada del ano. Intentaba introducir su dedo y me hacía un daño terrible", se recoge en otro más. Entonces, este último muchacho tenía apenas doce años.
A través de las entrevistas se puede ver el uso de la fe para convencer a las víctimas de lo correcto del abuso. "Me decía que la amistad de Jesús con los apóstoles era así, que lo que hacíamos era algo puro", señalaba una de las víctimas
A través de todas estas entrevistas se puede ver, por ejemplo, el uso de la fe para convencer a las víctimas de lo correcto del abuso. "Me decía que la amistad de Jesús con los apóstoles era así, que lo que hacíamos era algo puro", señalaba una de las víctimas. O la influencia que ejerce el hecho de encontrarse ante una autoridad religiosa: "Yo hacía lo que él me decía, porque para mí era como Dios. Él tenía que protegerme, era como mi caja de seguridad. Él decía que rezaba a Dios por mí y que Dios me daría todo lo que yo necesitara. Chuparle el pene no era nada comparado con obtener de Dios aquello que yo necesitaba".
Y también reflejan el problema del encubrimiento: "Fui a otro cura y le di los nombres de todos los que habíamos estado allí, por si quería preguntarles si a ellos también les había pasado. Yo le dije que estaba seguro de que sí. Y nada más. Ni tuve respuesta de un lado, ni del otro, ni nadie me llamó para preguntar". "Esta persona sigue libre y ha disfrutado de una vida plena. ¿Un Estado democrático como el español, no tiene poder de reprimenda penal, civil, ni social, ni la fuerza ni el coraje de abandonar la connivencia con la Iglesia? Él sigue en su casa tranquilamente, ha vivido una vida terrenal perfecta y yo un infierno en la tierra", se recoge en otro de los testimonios.
Unos poderes públicos que fallaron y un fondo para las víctimas
El informe, del mismo modo, se muestra duro con los poderes públicos. "Entre 1970 y 2020 carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica", señala el Defensor del Pueblo. Una falta de "procedimientos de detección adecuados" que impidieron "la aplicación de la legislación penal y, en definitiva, una protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes". Responsabilidad de vigilancia que, como recuerda el estudio, "no desaparece" por el mero hecho de que la Administración no esté prestando "directamente" el servicio educativo en este tipo de centros privados.
Es inevitable que la Iglesia colabore económicamente a la hora de reparar. Y creo que a estas alturas ya debe ser consciente de eso
Además, se analiza también la respuesta del sistema de justicia penal, que ha tenido como principal limitación "la derivada de las normas de prescripción del delito". De hecho, los datos del último informe de la Fiscalía General del Estado ya pusieron de manifiesto que un tercio de los casos de abusos en el seno de instituciones religiosas que habían acabado en un cajón del juzgado o la Fiscalía fueron archivados por la caducidad del delito. Sin embargo, el Defensor del Pueblo sostiene que una reforma legal para fijar la imprescriptibilidad de estas agresiones contra menores "no podría dar respuesta" a las demandas de justicia de las víctimas de delitos cometidos hasta el momento. "No podría aplicarse con efectos retroactivos", recuerda.
El informe, además, pone sobre la mesa una veintena de recomendaciones. Una de ellas es la creación de un órgano especial de carácter temporal que tenga como finalidad la reparación de las víctimas en aquellos casos en los que por la prescripción del delito no se hubiera podido seguir un procedimiento penal contra el agresor. Además, plantea la necesidad de crear un fondo estatal para el pago de las compensaciones que acuerde ese órgano especial y la reforma del régimen de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada de los delitos de agresión y abuso sexual a menores. En este sentido, el propio Gabilondo ha señalado que es fundamental que la Iglesia arrime el hombro: "Es inevitable que colabore económicamente a la hora de reparar. Y creo que a estas alturas ya debe ser consciente de eso".
Del mismo modo, el Defensor del Pueblo considera que la propia Iglesia debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas en su proceso de recuperación, haciéndose cargo del tratamiento y permitiendo que sean ellas mismas las que elijan un profesional no designado por la propia institución. Además, sugiere que las diócesis e institutos de vida consagrada abran sus archivos a los investigadores. Y considera indispensable un reconocimiento público de los errores cometidos. "En lo que respecta a la Iglesia católica, debería incluir una disculpa y una aceptación pública de la responsabilidad por no haber sabido detectar a tiempo el problema y no haber dado una respuesta adecuada", recoge el informe. Veremos ahora cuántas de estas recomendaciones se llevan a cabo.
