Vendrán por el ingreso mínimo y serán tratados en "hoteles de lujo": Vox redobla su campaña xenófoba en plena pandemia

A Santiago Abascal le entusiasma la posición del presidente de Estados Unidos ante los crecientes altercados de base racial en Estados Unidos. "¡Bien por Trump! En España el PSOE los sientan en el consejo de ministros y en el CNI", escribe el presidente de Vox en Twitter junto a un mensaje de Donald Trump anunciando que declarará grupo "terrorista" a la organización "Antifa". Otros dirigentes ultraderechistas también alaban a Trump, acusado de alimentar la tensión con sus declaraciones incendiarias. Vox también ha atizado el fuego de la cuestión racial y migratoria en España en plena crisis, señalando con el dedo la inmigración, justo cuando ha experimentado una caída a raíz de la pandemia, y vinculándola con contagios e inseguridad, además de con gasto sanitario, e incluso acusando a los extranjeros sin papeles enfermos de recibir trato de favor.

Este lunes Vox dio un paso más en el señalamiento al afirmar que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) supondrá "un efecto llamada a gritos", a pesar de que el decreto que regula esta prestación indica que sólo pueden acceder a ella los extranjeros con residencia legal en España de al menos un año, así como víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género, aunque no tengan residencia legal.

infoLibre repasa las iniciativas de Vox que señalan a los inmigrantes como focos de contagio, violentos o beneficiarios de trato de favor a lo largo de toda la crisis. El PP también ha alertado del "efecto llamada" de las políticas del Gobierno.

Riesgo de contagio

El elemento central de las alertas de Vox: inmigrantes contagiosos. Vox presentó el 20 de abril una pregunta sobre las "medidas previstas para que la llegada de inmigrantes en patera no se convierta en foco de infección paralelo por covid-19 en España, así como medidas alternativas puestas en marcha para hacer frente a las oleadas de inmigrantes ilegales a las costas españolas" [ver aquí]. Formularon la pregunta siete diputados, entre ellos Rocío de Meer, con escaño por Almería y portavoz de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La pregunta alude a un documento de la Unión Federal de Policía (UFP), según el cual los "centros de acogida de inmigrantes procedentes de patera [sic] se convertirán en el segundo gran foco de infección[...]". "Teniendo en cuenta la imposibilidad de expulsión [...], se abre un frente peligroso en el marco de las llegadas masivas de inmigrantes ilegales", señala Vox, que alerta de un "peligro para la salud pública".

En una pregunta de 7 de abril firmada por el diputado por Almería Carlos Hugo Fernández-Roca, Vox se interesa por la "seguridad sanitaria" de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas ante el "asalto" y la "entrada masiva y violenta" por la valla de Melilla [ver aquí]. El Gobierno garantiza la protección de los agentes en su respuesta [ver aquí].

La diputada por Ceuta María Teresa López pregunta el 13 de abril por qué "no se han llevado a cabo las devoluciones en caliente avaladas en enero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" [ver aquí]. El escrito está centrado en Melilla. La pregunta expresa el temor a que "unos 50 inmigrantes" que han saltado la valla estén contagiados. "Con la población inmigrante que soporta Melilla en estos momentos, ¿tiene el Gobierno un plan de emergencia en caso de que se produzca un contagio masivo entre esa población?". Vox se interesa además en esa pregunta por el lugar para acoger a los subsaharianos que se encuentran en el CETI [Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes] de Melilla", así como las medidas en caso de "contagio masivo entre dicha población". La respuesta del Gobierno es esta: "Se verá en cada caso si procede la expulsión, pero, de ser así, no podrá materializarse hasta que no se normalice la situación de las fronteras, cerradas por la actual crisis sanitaria" [ver aquí]. Otra pregunta de María Teresa López alerta de un posible "contagio masivo" en los CETI. "¿Tiene el Gobierno un plan de urgencia?" [ver aquí].

Carla Toscano, diputada por Madrid, pregunta el 4 de mayo por las "medidas previstas para evitar el contagio en los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes de la Comunidad de Madrid" [ver aquí]. El "peligro de contagio" también forma parte de la argumentación que llevó a Vox a solicitar la comparecencia en el Congreso del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, tras haber defendido liberar a los internos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) al ser imposible expulsarlos durante la crisis. "¿Se ha realizado las pruebas de la covid-19 a estos detenidos para saber si son un peligro de contagio para el resto de la sociedad? ¿El estado de alarma supone un incumplimiento de las normativas relativas a las políticas de inmigración ilegal?", preguntaba Vox el 25 de marzo [ver aquí]. La posición del partido es esta: "Una vez finalizado el estado de alarma, todos los ilegales internos deben ser expulsados". Vox defiende la permanencia de los inmigrantes en los CIE durante el estado de alarma, a pesar de que numerosas ONG han alertado del riesgo de contagio en estos centros, a menudo saturados.

El peligro de infección de los inmigrantes no es un interés exclusivo de Vox en el Congreso. El partido preguntará este jueves en el pleno del Parlamento andaluz, donde es sostén del Gobierno de PP y Cs, por "inmigrantes irregulares contagiados por el covid-19" [ver aquí]. Este periódico preguntó a Vox Andalucía si disponía de datos sobre contagios de inmigrantes, sin respuesta.

Altercados y menores

La diputada por Ceuta María Teresa López se interesa el 15 de abril por la fecha prevista para un traslado de inmigrantes [ver aquí]. "El Pabellón La Libertad que Delegación del Gobierno en Ceuta se incautó [sic] de la Ciudad Autónoma debido al estado de alarma y con el objetivo de acoger a inmigrantes, menores extranjeros no acompañados que estaban en las calles [...] está ocasionando innumerables altercados [...] donde a diario se están produciendo peleas, enfrentamientos e intentos de suicidio", indica Vox.

El Gobierno responde que la clausura por parte de Marruecos del paso fronterizo de Tarajal provocó que "numerosos ciudadanos marroquíes trasfronterizos quedasen atrapados en Ceuta sin un domicilio propio y sin posibilidad de retorno" [ver aquí]. El Polideportivo La Libertad se utiliza para el alojamiento de estos inmigrantes, mientras el CITE sigue el criterio de acoger a "extranjeros en situación irregular de otras nacionalidades, así como solicitantes de asilo". En cuanto a la seguridad en el centro, está a cargo de la misma la Comunidad de Ceuta, informa el Gobierno.

López había preguntado por este mismo tema con anterioridad, el 2 de abril [ver aquí]. Le preocupaba a la diputada que 200 inmigrantes y menores no acompañados ocupasen plazas en el Pabellón La Libertad y en el Polideportivo Santa Amelia de Ceuta. Y preguntaba: "¿Cuándo piensa el Gobierno llevar a cabo ese traslado para dejar libres esos pabellones que en la situación de estado de alarma en la que nos encontramos pueden ser necesarios para necesidades de asistencia a los ceutíes?". El Gobierno responde seca y parcialmente: la competencia sobre acogimiento y protección de menores es de la Ciudad Autónoma de Ceuta [ver aquí].

Juan José Aizcorbe, diputado por Barcelona, también se interesa el 3 de abril por los menores en plena pandemia. Concretamente, quiere saber si todas las comunidades "realizan las mismas pruebas y el mismo protocolo" para medir la edad de los menores [ver aquí]. "Existen numerosas situaciones de fraude de ley, con el objeto de acogerse al régimen de minoría de edad para evitar un expediente de expulsión y obtener un régimen favorable en cuanto a acceso a futuros permisos de residencia y trabajo". El Gobierno responde que la decisión es de los médicos [ver aquí].

Vienen a por "atención sanitaria"

María de la Cabeza Ruiz, diputada por Madrid, aparece como primera firmante de otra pregunta que ya contiene en sí misma una afirmación: "Permisividad del Gobierno ante la llegada de inmigrantes ilegales sin control sanitario a nuestras costas, así como medidas previstas contra las ONG que siguen ejerciendo de taxistas de las mafias traficantes de seres humanos en medio de una pandemia" [ver aquí]. Fue presentada el 20 de abril. "Nada se hace para controlar la llegada de inmigrantes ilegales que siguen desembarcando en nuestras costas con la ayuda de las ONG sin ningún tipo de control, sin saber cuántos de ellos pueden estar contribuyendo a expandir la pandemia", señala el texto. "Cientos de inmigrantes, apoyados en las mafias y con la colaboración necesaria de las ONG, planean alcanzar nuestras costas donde pretenden encontrar [...] la atención sanitaria que no podrán recibir en sus países de origen".

Vox pregunta al Gobierno si "va a seguir permitiendo que cientos de inmigrantes ilegales sin control sanitario sigan llegando a nuestras costas y saltando nuestras vallas, poniendo en grave riesgo la salud [...] de todos los ciudadanos españoles". También pregunta por medidas "contra las ONG" que hacen de "taxistas" de las "mafias". Y vincula directamente la llegada de inmigrantes con la posible saturación del sistema sanitario: "¿Cree que el Gobierno que nuestro sistema sanitario podría soportar [...] el recrudecimiento de la situación que podría ocasionar la entrada descontrolada de inmigrantes [...]?

infoLibre ha preguntado a Vox por su posición sobre el fin de la cuarentena para turistas a partir del 1 de julio, así como sobre la entrada del príncipe belga Joaquín, sin respuesta.

En "hoteles de lujo"

Vox acusa al Gobierno de reubicar inmigrantes ilegales en "hoteles de lujo". Así se titula una pregunta, presentada el 15 de abril, con la firma de Rocío de Merr: "Pretensión del Gobierno de reubicar a todos los inmigrantes ilegales que supongan un riesgo en hoteles de lujo, facilitación de los mismos medios a todos los españoles y efecto llamada que esta política conllevará" [ver aquí]. "Se ha conocido por diversas publicaciones en medios y evidencias fotográficas, la ubicación de los recién llegados [siete inmigrantes llegados a Almería positivo por coronavirus, según Vox] en el Hotel Cabo de Gata Senator****, disponiendo de todos los medios de protección a su disposición (mascarillas, EPIS, pantallas protectoras, gel hidroalcohólico...)". Vox pregunta al Gobierno si "pretende reubicar a todos los inmigrantes ilegales que supongan un riesgo en la actual crisis sanitaria en hoteles de lujo" y si "va a facilitar los medios medios a todos los españoles que llevan un mes demandando". Y concluye: "¿Es consciente el Gobierno del efecto llamada que esta política conllevará?".

Esta pregunta ya tiene contestación del Gobierno. Brevísima. "El Gobierno actúa para evitar situaciones de desamparo entre los sectores más vulnerables durante la vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Extranjería" [ver aquí].

Los inmigrantes a los que se refiere Vox fueron trasladados al Hotel Cabo de Gata Senator Hotes & Resorts, en Almería, de cuatro estrellas, tras negar el Ayuntamiento de Alhama su envío a dicho municipio, según informó Ideal. Cruz Roja agradeció públicamente al hotel la cesión de sus instalaciones.

Antes de esta, Vox ya hizo al menos dos primeras preguntas sobre estos siete inmigrantes: "¿Dónde han sido ubicados finalmente los inmigrantes ilegales que han dado resultados positivos? ¿Se van a garantizar las condiciones que impidan su contacto y foco de contagio? ¿De qué manera?" [ver aquí y aquí].

La llegada de los inmigrantes a Almería también da cobertura a otra pregunta de De Meer, de 14 de abril [ver aquí]. "¿Tiene previsto el Gobierno cerrar los puertos definitivamente a la llegada de inmigrantes ilegales?", señala. Vox ha dado mucho protagonismo al caso de los inmigrantes a Almería, incluida una comunicación en su web: "Vox pregunta por la llegada de inmigrantes contagiados por covid-19 a Almería".

Reforzamiento de fronteras

Otra pregunta de 15 de abril, también de De Meer, se interesa por cómo se va a garantizar que los expedientes de "expulsión sea ejecutados cuando sea posible el retorno a los países de origen" [ver aquí]. Se trata de evitar que el desalojo de los CIE para evitar contagios impida que se ejecuten las expulsiones.

A la preocupación de no poder expulsarlos se suma otra: que entren. "¿Tiene previsto el Gobierno reforzar los controles para evitar la entrada de inmigrantes?", pregunta De Meer el 14 de abril [ver aquí]. La respuesta es genérica y defiende que se actuará "buscando en todo caso una inmigración ordenada y regular, ajustándose a las restricciones derivadas del estado de alarma". [ver aquí].

También De Meer pregunta el 14 de abril si hay previsión del Gobierno de "exigir al Reino de Marruecos el control de salida de sus fronteras para evitar la llegada de inmigrantes" [ver aquí]. Se alude de nuevo a que ello supone "un peligro para la salud pública". Según la Universidad Johns Hopkins, Marruecos tiene 7.819 casos confirmados y 205 muertes, cuando España se acerca a las 30.000 muertes. El Gobierno defiende la cooperación con Marruecos y señala que "las llegadas irregulares a España en 2020 han disminuido hasta el 5 de mayo un 26%. [ver aquí]

La idea de una "oleada" o un "repunte" salpica los escritos de vox. El diputado por Almería Carlos Hugo Fernández-Roca firma junto a De Meer el 5 de mayo una pregunta que señala que han llegado 50 personas al puerto de Almería, dos más a nado a Melilla y otras tres más a Níjar, citando "informaciones publicadas". "¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para preservar la seguridad sanitaria de los almerienses ante un previsible repunte de la llegada de inmigrantes?" [ver aquí]

Pasar la factura al país de origen

Vox pretende que el Gobierno exija a los países de origen de los inmigrantes llegados irregularmente el pago de las pruebas y tratamientos. Así lo reclama en una pregunta de 14 de abril, también de De Meer [ver aquí]. "No sólo no se ha detenido la llegada de inmigración ilegal a nuestras costas, sino que además ha resultado confirmada la primera entrada de inmigrantes ilegales contagiados por covid-19". Se refiere a los llegados a Almería, un caso al que Vox ha sacado jugo. "¿Va a exigir el Reino de España a los países de origen de los inmigrantes ilegales la remuneración por los tratamientos y pruebas médicas dispensadas a sus nacionales".

La respuesta del Gobierno llegó el 21 de mayo: no [ver aquí]. "No es intención del Gobierno exigir a los países de origen de las personas en situación irregular la remuneración por tratamientos o pruebas médicas dispensadas a sus nacionales". La respuesta señala que uno de los "ejes" de la política migratoria es "la protección de las personas más vulnerables, sobre todo en contextos humanitarios frágiles".

Vox se interesa, en un escrito firmado el 13 de marzo y presentado el 14, día de declaración del estado de alarmapor unas palabras del ministro José Luis Escrivá que señalaban que el Gobierno orientaría su política migratoria a la "solidaridad". La pregunta lleva por título: "Criterios que priorizará el Gobierno para ayudas a los inmigrantes en el caso de que la solidaridad choque con la legalidad" [ver aquí]. "¿Qué priorizará? ¿La solidaridad o la legalidad? ¿Cómo piensa afrontar el Gobierno el choque entre la legalidad y la solidaridad?". "El consenso que se pide a todos los grupos es precisamente para evitar que la solidaridad y la legalidad entren en conflicto", responde el Gobierno [ver aquí].

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PP: "Efecto llamada"

El PP emplea una retórica y unos planteamientos más suaves. Las preguntas son de este tenor: ¿Cuántos inmigrantes está previsto que lleguen? [ver aquí], ¿cuántos han llegado de manera irregular saltando las vallas? [ver aquí], ¿cómo se protege a los agentes en los "saltos de la valla"? [ver aquí]. Lo que sí introduce el PP es el "efecto llamada". El 8 de abril, a través de su diputada María Auxiliadora Pérez, planteó si el Gobierno consideraba que la decisión de no trasladar a los inmigrantes a los CIE en Canarias podía generar "un efecto llamada" [ver aquí]. El Gobierno respondió en sentido negativo [ver aquí]. "Además del internamiento en el CIE, [la ley] establece otras medidas como la presentación periódica ante las autoridades policiales, la residencia obligatoria en un determinado lugar o la retirada del pasaporte", señala la respuesta. La base de la pregunta era que "la llegada irregular de inmigrantes, tanto por mar como saltando la valla" en Ceuta y Melilla, "se agrava en verano".

La diputada Teresa Angulo, en una pregunta de 26 de marzo, se interesa por las medidas para evitar la "expansión" del virus en los CIE "para la protección de las personas inmigrantes residentes y del personal que presta sus servicios [ver aquí]. "El número de internos se está reduciendo por agotamiento de los plazos máximos (60 días) de internamiento sin que pueda materializarse el retorno e imposibilidad de llevar a cabo la repatriación", responde el Gobierno [ver aquí].