Vox sólo ve "paguitas" si son para pobres

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una "paguita clientelar" que "cronifica la pobreza". Urge "fiscalizar" la "tarjeta monedero" andaluza, de entre 150 y 250 euros, concebida para que unas 20.000 familias vulnerables puedan comprar alimentos, no sea que llegue a quien no debe o se produzca "fraude". Y también hay que reformular el subsidio agrario, el conocido popularmente como PER, para "mejorar el control" de los fondos, debido al –supuesto– descontrol de las ayudas que llegan a los jornaleros con escasez de peonadas. Como afirma el juez Francisco Serrano, presidente de Vox en Andalucía, indoblegable garante del correcto uso de las prestaciones públicas: "Ayudas para el que no tiene recursos y se esfuerza, claro que sí. Pero café para todos, con independencia de esos dos requisitos, no".

Se diría con todo esto que Vox es un partido contrario a las ayudas públicas. Pero, ojo, sólo de algunas. ¿Ayudas a sectores empresariales, asociaciones antiaboristas, mundo del toro o andaluces en Cataluña para luchar contra la inmersión lingüística? Eso es otra cosa. La parte estrecha del embudo es para trabajadores pobres. Además de para feministas y asociaciones de memoria, meros "chiringuitos ideológicos". El examen de la trayectoria real de Vox –lo que hace, lo que realmente hace– muestra a las claras que sí está a favor de las ayudas públicas. No de todas. No del subsidio agrario para los jornaleros sin tierra con su diseño actual, ni del IMV. Sí de otras, que no serían "paguitas", sino ayuda, promoción, fomento...

El contraste se ha hecho evidente con el IMV. Vox ha tenido altibajos en su posición sobre la prestación aprobada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá (PSOE). Empezó fuerte en abril, antes de su aprobación, moviendo desde su cuenta de Twitter el hashtag #paguita, oponiéndola a la verdadera "justicia social". El Gobierno, sostenía el partido de Santiago Abascal, iba a dar una "paguita clientelar" en forma de "renta básica socialcomunista". El dirigente Jorge Buxadé proclamaba a mediados de abril que era una "solución venezolana", parte de la "agenda chavista" del vicepresidente Pablo Iglesias (Unidas Podemos). Más tarde Vox moduló, mostrándose abierto a su implantación ante la emergencia del covid-19, aunque con escepticismo y siempre evitando su alargamiento en el tiempo. Pero finalmente ha vuelto al origen, una vez aprobado el IMV, y con más fuerza todavía. Se trata, según Buxadé, de una "cartilla de racionamiento" que "cronifica la pobreza".

Aunque Vox complementa este rechazo al IMV con una pátina de "chovinismo del bienestar", con ecos de Reagrupamiento Nacional en Francia o la Liga en Italia, alertando del riesgo de que los inmigrantes se queden con las ayudas, lo cierto es que la decisión consagra el escaso peso que a la hora de la verdad tienen las posiciones proteccionistas en la ultraderecha española. No es la primera vez que ocurre. El alma menos ultraliberal de Vox ya ha ensayado antes notas de discurso obrerista. De hecho, no son raras sus proclamas contra el "globalismo" y los "multimillonarios progres". Vox reivindica el "producto nacional" y la "industria nacional". Pero, de momento, es un alma que se queda en amagos. Palabras y hechos distan entre sí. No sólo por las posiciones fiscales neoliberales. Rocío Monasterio hizo un vídeo contra la presencia masiva de casas de apuestas en barrios obreros, pero en Andalucía Vox ha votado en contra de limitar su presencia cerca de colegios y contra la prohibición de que las empresas de juegos de azar se promocionen en eventos deportivos o equipos de categorías inferiores.

"Cuando se anuncia el Ingreso Mínimo Vital, en lugar de verlo primariamente desde una óptica social-chovinista, lo interpretan con el fantasma de Chávez-Maduro y con la óptica del clientelismo, la perpetuación en el poder..", señala el sociólogo Guillermo Fernández, autor de Qué hacer con la extrema derecha en Europa. El caso del Frente Nacional (Contextos, 2019) que en este artículo en la revista La U detalla el triunfo de las posiciones más neocón y tremendistas. Fernández señala que Vox tiene "una pequeña parte proteccionista", pero en un grado mucho menor que los lepenistas franceses, con fuerte tradición "estatalista". En realidad, añade, en Vox estos son discursos casi "en miniatura". Y hechos, más en miniatura aún. El partido de "la España que madruga", como le gusta decir a Abascal, acredita en realidad una defensa de los intereses de sectores acomodados o ideológicamente afines, que contrasta con el puño de hierro con las políticas de apoyo a las capas más pobres. Es fácil verlo a través de las "paguitas" que defiende.

Educación y medicina privada, Iglesia

Un ejemplo como punto de partida: educación. El rastro de las prioridades de reparto de fondos públicos de Vox se observa desde antes de su irrupción en las instituciones, vía Andalucía, a finales de 2018. En lo que fue su carta de prestación programática, las 100 medidas para la España Viva, las ayudas sociales parecen tener escaso protagonismo. Están ahí sobre todo en sentido negativo. Por ejemplo, en la oposición a las "subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos, patronales y organizaciones de proselitismo ideológico". Una generalidad. También hay otra proclamación sobre las becas: "Implantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos".

¿Es coherente esta posición con los hechos? Vox ha votado en el Parlamento de Andalucía contra la bonificación al 99% del precio de las matrículas universitarias y contra la bonificación de la matrícula de las enseñanzas artísticas superiores, medidas apoyadas incluso por PP y Cs. El partido de Abascal tampoco ha mostrado apoyo ahora a la reforma de las becas impulsada por el Ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá. infoLibre ha preguntado a Vox qué propuestas ha realizado para dar concreción a su idea genérica sobre becas. No ha habido respuesta.

Al final, ¿qué ayudas públicas defiende Vox en la educación? Respuesta fácil: las ayudas públicas a la educación privada, tanto la netamente privada como la privada concertada, mayoritariamente en manos de la Iglesia católica. Defiende esta posición a través de su propuesta de "cheque escolar", idea consistente en dar dinero público a las familias para que matriculen a sus hijos en colegios privados. Vox lo llama "devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio". La Asamblea de Madrid aprobó en diciembre, con el apoyo de PP y Cs, una iniciativa de Vox para impulsar la implantación del "cheque escolar". El partido ultraderechista también ha impulsado una insistente campaña por el "cheque escolar" en la Comunidad Valenciana.

Vox también apoya las iniciativas para destinar más dinero público a la educación privada a través de conciertos, una partida que supera los 6.000 millones al año, más del doble que lo previsto para IMV. El partido de Abascal es partidario hasta el extremo de la "libertad de elección" de los padres, proponiendo incluso la supresión por completo de las áreas educativas, tal y como acordó con el PP en Andalucía en el pacto de investidura, que no se ha cumplido en este punto. Vox empuja la política de facilitación de elección de centros concertados en Andalucía, un asunto que estaba en el candelero político antes que el coronavirus lo dejara todo en suspenso [ver aquí y aquí]. Además, promueve la extensión de los conciertos más allá de la educación obligatoria, es decir, al bachillerato.

También en Andalucía, Vox aprobó la derivación de pacientes a la sanidad privada para reducir las listas de espera, dedicando a los centros privados 15,5 de los 25,4 millones de un plan de choque impulsado el año pasado. También tiene acordado con el Gobierno andaluz un incremento de la remuneración pública de los médicos que, al mismo tiempo, trabajan en la privada. La "libre elección de especialista", una vía de desarrollo de la sanidad concertada –que consumió más de 8.000 millones públicos en 2018–, cuenta con el pleno respaldo de Vox.

Ni memoria ni feminismo

Varias características hacen de Andalucía el enclave político óptimo para evaluar las posiciones de Vox. En primer lugar, es en el Parlamento andaluz donde primero obtuvo representación y ha negociado ya con papeles firmados una investidura y dos presupuestos. Sus empeños ideológicos han dado ya el salto el papel oficial. A esto se suma que Andalucía suele ser el lugar de puesta en escena de los discursos contra las "paguitas". El presidente del grupo de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha abanderado la causa desde los inicios de su carrera. "Ayudas para el que no tiene recursos y se esfuerza", prometía ya en 2015. Otro de sus mensajes: "En la Andalucía de las paguitas, del fraude de subvenciones y prebendas, ¿quién estará dispuesto a romper tan mafiosa práctica?". Y más: "La Andalucía de las subvenciones y las paguitas ha de desaparecer".

¿En qué se han traducido estos propósitos una vez que Vox es decisivo en Andalucía? El acuerdo de investidura entre el PP y Vox, que sirvió para hacer presidente a Juanma Moreno, recoge en su punto número 9: "Eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social". Otra vez la generalidad suena bien. Pero la concreción ha tenido un doble sesgo: de orientación ideológica y social.

Vox ha puesto en el punto de mira una serie de ayudas. En su acuerdo presupuestario con PP y Cs, arrancó una medida contra las asociaciones de memoria. El Gobierno de Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Cs) se comprometió a que la orden de subvenciones a estas asociaciones establecerá que nunca más de un 20% del total "venga a financiar gastos estructurales de la asociación". Se trata de una medida que parte de la presunción de Vox de que las asociaciones memorialistas son "chiringuitos cazasubvenciones". La Junta no ha detallado ni un caso de irregularidades de estas asociaciones que justifique el cambio.

Otra causa de Serrano ha sido la denuncia de los "chiringuitos" feministas. En palabras del juez en excedencia: "Lo que pedimos es que [...] se acaben las subvenciones millonarias a asociaciones que fomentan el feminismo supremacista y las imposiciones ideológicas de la izquierda". A El Mundo declaró: "No se pueden destinar ayudas a cien maltratadas, cuando sólo tres son reales". La presión de Vox para suprimir ayudas a asociaciones feministas es incesante. Por eso causó gran revuelo que la Consejería de Igualdad (Cs) dejara sin financiación 241 proyectos, como desveló Público en enero. La Junta lo achacó a un problema técnico y no a una voluntad política. Lo cierto es que Vox ha conseguido poner bajo sospecha toda la política de igualdad del Gobierno andaluz. La obsesión contras las ayudas al feminismo está en tuétano de Vox. Llega al programa básico del partido: "Supresión de organismos feministas radicales subvencionados".

Antiguo PER

Con menos énfasis público, pero llevándolo al papel de sus acuerdos con PP y Cs, el partido de Abascal ha logrado poner también bajo sospecha el antiguo Plan de Empleo Rural (PER), actualmente el subsidio agrario, una ayuda de 400 euros un máximo de seis meses que cobran los trabajadores agrarios que hacen al año un mínimo de peonadas, que suelen ser 35 aunque bajan a 20 en los años de poca faena. Fue una ayuda implantada en 1984 como paliativo de la miseria del campo meridional ante la siempre pospuesta reforma agraria. Sus defensores arguyen que ha logrado retener población en el entorno rural y ofrecido un alivio a los jornaleros sin tierra. Desde la izquierda, esta ayuda ha recibido críticas por mantener a los trabajadores en el límite de la subsistencia, a merced de abusos y presos de la dependencia. Desde la derecha, lo ha sido por dejar margen para el fraude con la compatibilidad de chapuzas en B o manipulación de las cartillas de peonadas.

Hacia esta ayuda ha dirigido Vox su dedo acusador. Lo ha hecho con el mismo método que con las ayudas a las asociaciones memorialistas. Obligando a PP y Cs a firmar un pacto que implícitamente supone aceptar que hay malas prácticas. El acuerdo de presupuestos andaluces de 2019 entre PP, Cs y Vox recoge la "reformulación del programa" para "mejorar el control de los fondos". Esto responde a una preocupación constante de Vox: el supuesto descontrol de las ayudas del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), el antiguo PER. Es una preocupación acentuada en Serrano, que ha puesto por escrito su visión del asunto: "Ayudas para el que no tiene recursos y se esfuerza, claro que sí. Pero café para todos, con independencia de esos dos requisitos no. Sería injusto, perjudicaría al que lo necesita y sería contrario a una igualdad equitativa y solidaria". Vox no se opone formalmente al PFEA, pero sí insiste en que es necesario "mayor control". Genéricamente ha hecho referencia a ayudas para "trabajadores", junto a "autónomos y pymes", pero no les ha dado concreción. 

Diferencias según origen y cotización

Serrano ya no es tan locuaz como antes, sobre todo a raíz de que la Fiscalía le abriera una investigación por supuesto fraude de subvenciones por unas revelaciones de infoLibre [ver aquí el dosier del caso]. Pero su partido no ha abandonado el empeño de poner la lupa de la fiscalización a las ayudas... que no les gustan. Y lo hacen con un discurso incriminatorio, que se ha agudizado con el IMV.

Andalucía es una región de la que previsiblemente saldrán numerosas solicitudes y beneficiarios del IMV. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha cifrado en más de 200.000 las familias andaluzas potencialmente beneficiarias, superando el 25% del total. La comunidad destaca en los listados de pobreza y paro, como ha puesto de relieve el reciente informe Urban Audit. Es un tema candente en la comunidad del sur.

Vox ya ha movido ficha tras la aprobación del ingreso. Mientras a nivel estatal señala que "cronifica la pobreza" y provoca "efecto llamada de inmigrantes", en Andalucía ha puesto sobre la mesa una propuesta, a través de la parlamentaria Ángela Mulas. Se trata de que "ser español no puntúe menos que ser extranjero" y de que, ya dentro de los españoles, "gente que no ha aportado ni ha cotizado" no "quede por delante de gente que ha trabajado". El doble rasero sobre la confianza depositada por Vox en las ayudas se hace evidente cuando también esta misma semana la parlamentaria Mulas ha exigido a la Consejería de Empleo "estímulos directos y reales para el sector productivo", con "fondos no reembolsables para autónomos y pymes". En este caso, ni una palabra sobre requisitos ni fiscalización.

"Tarjetas monedero"

También esta semana, Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento, ha puesto bajo el foco una línea de ayudas de la Junta. “Deben llegar a quien realmente lo necesita”, señala Hernández. Por supuesto, se trata de una ayuda para familias más vulnerables, las conocidas como "tarjetas monedero" del "programa de garantía alimentaria". Su cuantía es de 150 euros en el caso de una persona solicitante; 200 para familias de dos y tres miembros; y 250 en el caso de cuatro o más.

A Hernández le preocupa su puesta en marcha. "Corre el peligro de convertirse en una medida ineficaz. Se habla nada más y nada menos de 17 millones de euros, que en esta crisis no es una cantidad baladí". El portavoz pide "fiscalización" para "evitar el fraude" o que "haya personas que se queden sin atender".

La "utilidad pública" según Vox

Está bien claro para Vox qué ayudas hay que fiscalizar, reformular, vigilar: rentas mínimas, subsidio agrario, tarjeta monedero. Vox pone el énfasis en el riesgo de fraude y cronificación de la pobreza. También es obvio qué subvenciones deben desaparecer: las dedicadas a asociaciones memorialistas y feministas. Se trata de "chiringuitos" sin "utilidad pública". El partido de Abascal tiene su propia noción de "utilidad pública". Un repaso. Vox ha apoyado ayudas para la Feria de Abril en Sevilla, las hermandades y cofradías –que cuentan gracias al Gobierno de PP y Cs apoyado por Vox en Andalucía con una nueva línea de subvenciones–, las asociaciones de andaluces en el exterior para paliar los efectos de la inmersión lingüística... Esta última línea de ayudas, que incluye la subvención de "juegos tradicionales andaluces" y es una exigencia de Vox para apoyar los presupuestos, especifica: "No se exige que, junto a la solicitud de la subvención, las entidades interesadas aporten ningún otro documento, sin perjuicio de su presentación posterior". Hay un contraste con lo acordado por PP, Cs y Vox para las organizaciones memorialistas, que especifica que sólo recibirán ayudas "para realizar actuaciones de recuperación en fosas, investigación y localización de fosas, y banco de ADN, sin que "más del 20% del total de la subvención venga a financiar gastos estructurales de la asociación". La Junta no ha sido capaz de detallar ningún caso en que eso hubiera ocurrido. El Gobierno andaluz ha negado que exista una discriminación en el trato a las asociaciones memorialistas.

También lleva la impronta de Vox una línea de subvenciones, todavía en preparación, para "entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de apoyo y atención social a la mujer gestante en situación de vulnerabilidad". Es de suponer que dichas entidades privadas, obviamente, no serán en ningún caso a juicio de Vox "chiringuitos cazasubvenciones". El partido ultraderechista denuncia que es la izquierda la que da subvenciones con criterio ideológico.

Ayudas sectoriales

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Además de mayor cantidad de dinero público para la escuela privada y la medicina privada, y de mayores recursos públicos para colectivos que Vox considera de "utilidad pública", la tercera fuerza política en el Congreso es una insistente defensora de ayudas para distintos sectores privados. Hay múltiples ejemplos: sector pesquero, agrícola, ganadero, comercial... Con motivo del estado de alarma, Vox ha pedido ayudas públicas para los sectores del toro y del vino a nivel estatal.

Las posiciones ideológicas de Vox se observan también en materia fiscal. Vox fue clave para aprobar en Andalucía la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que beneficia a los que hereden más de 1 millón. También apoyó la rebaja del IRPF, en la que los más beneficiados, con 3 puntos de rebaja, son los que ganan más de 120.000 euros al año. Vox se opuso en cambio a una proposición no de ley (PNL) de Adelante Andalucía para imponer un impuesto a la banca. En el curso del debate, el parlamentario Rodrigo Alonso decía así: "Olvídense de los ricos, los ricos son ricos por naturaleza. Y contra los ricos no podemos hacer nada [...]".

Este periódico ha preguntado a Vox por los argumentos para defender su posición sobre ayudas públicas según el destinatario, sin respuesta.